Obras públicas inacabadas, como las del coliseo cerrado de Chimbote, forman parte del paisaje en ciudades ancashinas. La corrupción regional dejó forados económicos (Foto: Paul Vallejos)
Obras públicas inacabadas, como las del coliseo cerrado de Chimbote, forman parte del paisaje en ciudades ancashinas. La corrupción regional dejó forados económicos (Foto: Paul Vallejos)
Redacción EC

El sábado 7 de octubre, los ancashinos elegirán a uno de los 15 candidatos al Gobierno Regional de Áncash (ver recuadro); inicialmente eran 23, pero el Jurado Electoral Especial dejó fuera de la contienda a ocho.

Los últimos que han ocupado dicho cargo han tenido o tienen serios problemas legales. César Álvarez, gobernador desde enero del 2007 hasta su arresto, en mayo del 2014, cumple prisión preventiva y es acusado de corrupción y crimen organizado. Su sucesor en el cargo, Waldo Ríos, fue sentenciado a cinco años de prisión por cometer irregularidades cuando fue alcalde de Huaraz, y está también preso. El vicegobernador de Ríos, Enrique Vargas, estuvo encarcelado 14 meses por consignar datos falsos en su hoja de vida; fue liberado en junio y poco después lo vacaron. El cargo lo ocupa el consejero Luis Gamarra.

Es entendible que la lucha contra la corrupción sea uno de los temas principales del debate electoral ancashino. Solo en los primeros cinco meses del año, el Ministerio Público de Huaraz (capital de la región) había reportado más de 200 denuncias por presuntos delitos de corrupción contra funcionarios estatales. Esta región es la que más casos registra en todo el país después de Lima, según la Procuraduría Nacional Anticorrupción.

El presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Áncash, Carlos Salazar Hidrogo, opina que el gobernador que sea elegido debería comprometerse a fortalecer el régimen de contratación pública, asegurar la transparencia y el acceso a la información y propiciar la participación de la sociedad civil y el sector empresarial.

Víctor Valdivia, ex presidente del Comité Cívico Anticorrupción de Áncash, plantea la creación de veedurías de las obras públicas con la participación de la población, la contraloría y procuraduría.

La agenda social

Además de la corrupción, otro eje electoral importante en la región es la lucha contra los bajos indicadores de desarrollo humano. Según el INEI, entre el 23% y 26% de la población de Áncash vive en situación de pobreza. En cuanto a la anemia, el 42,8% de menores tiene esta enfermedad, y el 16% sufre de desnutrición crónica.

Esto, a pesar de ser una de las regiones más beneficiadas por el canon minero. En julio pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió al Gobierno Regional de Áncash S/272’353.708 por canon minero correspondiente al ejercicio fiscal del 2017, y otros S/813’031.071 a las municipalidades provinciales y distritales.

El economista y analista político Yuri Vivar Miranda indica que la próxima autoridad regional debe buscar revertir estos índices a partir del desarrollo de actividades paralelas a la minería, como por ejemplo la agroindustria. En ese sentido, una de las prioridades debe ser la culminación de Chinecas, un proyecto de irrigación que permitirá ganar más hectáreas de cultivo, pero que ha sido postergado durante décadas, aunque figura en algunos planes de gobierno de este proceso.

“Se debe revertir la dependencia de la minería [cerca del 50% del PBI regional] y enfocarnos en otros sectores como el gran turismo y la agroindustria. El gran tema es cómo hacer para que la riqueza se distribuya a nivel de la región y así mejorar esos indicadores”, comentó.

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