![Richard Acuña habla sobre Paolo Guerrero y Alianza Lima](https://elcomercio.pe/resizer/0L_1DbVYaoMzwMkUKc0IFdqnH2E=/85x85/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/nwRMKUey/poster.jpg)
Los familiares de la alcaldesa y de los cuatro regidores de la Municipalidad Distrital del Samanco, que fueron encarcelados el último jueves por presuntamente planear la muerte del alcalde Francisco Ariza y de su abogado Henry Aldea, protagonizaron un plantón en la Plaza de Armas de Chimbote, en la región de Áncash.
Máximo Mallqui Montañez, padre de Fanny Mallqui Huamán, pidió que la fiscalía investigue a los "verdaderos culpables". Refirió que el colaborador eficaz nunca reconoció a su hija como autora intelectual del crimen.
“No hay pruebas contundentes, ni una llamada que vincule a mi hija con Carlos Bazán (abogado que contrató a los sicarios). El fiscal muestra una fotografía que no es de mi hija. Ella nunca supo que estaban planeando asesinar al alcalde. De repente hubo un interés de parte de Carlos Bazán y Jaime Casana porque a mi hija no le correspondía asumir la alcaldía”, argumentó.
Lucio Rubina pidió la liberación de su hija Noemí Rubina Moreno. “Mi hija no está involucrada en la muerte de Francisco Ariza. Pido libertad para ella, somos una familia de agricultores y evangélicos, no tenemos dinero para pagar a un buen abogado”, manifestó.
Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Julio Cortez Rojas, aseveró que el Ministerio Público y el Poder Judicial quieren lavarse la cara al enviar a la cárcel por 7 meses a su homóloga Fanny Mallqui Huamán y a los munícipes Jhonatan Solís, Fanny Medina, Noemí Rubina y Carlos Bedón, sindicados de solventar el pago de los sicarios que acabaron con la vida de Francisco Ariza y Henry Aldea, el pasado 20 de octubre.
“Estamos pidiendo que el caso sea investigado a fondo, no queremos que justos paguen por pecadores. Tengo mis dudas de la responsabilidad que se les achaca a la alcaldesa y a los regidores. Esperemos que el Poder Judicial evalúe, aquí no se puede mandar a la cárcel si no hay pruebas”, manifestó.
Cortez Rojas adelantó que volverán a exigir que el Gobierno declare en emergencia a la provincia del Santa por la ola delincuencial que se vive. “Para el Gobierno solo existe Lima y el Callao. En el concejo hemos aprobado que se declare en emergencia la provincia porque las bandas delincuenciales siguen operando impunemente; siguen amenazando a alcaldes y extorsionando a los empresarios”, enfatizó.