Tía María, un año después de la crisis

El 23 de marzo del 2015, los pobladores del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, iniciaron un paro indefinido contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper. Fue uno de los conflictos sociales más largos y tensos que ha enfrentado este gobierno (duró más de 60 días). 

La medida de fuerza fue promovida por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, y el de la provincia de Islay. También participó el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, quien luego cobró más protagonismo.

Las protestas, que alcanzaron varios picos de violencia, causaron la muerte de cuatro personas (tres civiles y un policía) y dejaron más de 100 heridos.

El 15 de mayo, el presidente Ollanta Humala dijo que si el Ejecutivo suspendía el proyecto, el Estado podría enfrentar “demandas legales internacionales”. Casi al mismo tiempo, Óscar Gonzales Rocha, presidente de Southern Perú, anunció la suspensión por 60 días para despejar dudas y dialogar.

Pocos días después, un audio reveló que Pepe Julio Gutiérrez exigía dinero a representantes de la minera para suspender las protestas. Por esos mismos días, el 22 de mayo, el Gobierno decreta el estado de emergencia.  

Un año después del inicio de la crisis, el proyecto sigue en pausa por varias razones. La primera es formal: Southern no cuenta con la licencia de construcción del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Otra razón por la que el proyecto cuprífero aún no inicia operaciones es que la empresa lleva a cabo iniciativas de socialización en Islay. Días atrás, Gonzales dijo que esta campaña continuará, pero no dijo cuándo comenzará a operar. La inversión estimada en Tía María es de US$1.400 millones.

Sin resolver

¿Qué ocurrió con los protagonistas de estas protestas? 

Desde mayo del 2015, Pepe Julio Gutiérrez afronta un juicio en prisión por el presunto delito de extorsión. 

Jaime de la Cruz, alcalde de Deán Valdivia, fue vacado debido a que tenía una sentencia penal pendiente; hoy es jefe de campaña del Frente Amplio en Islay y su hija, Laydi Elizabeth de la Cruz, es candidata al Congreso por ese mismo partido.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, está comprendido en la investigación por presunto delito de extorsión contra Gutiérrez y está impedido de participar en marchas de protesta.

El abogado Jesús Gómez Urquizo, quien grabó el audio a Gutiérrez, pasó de testigo a investigado. La fiscalía determinó que Gómez recibió casi S/1 millón de la minera para supuestamente realizar el trabajo de sensibilización del estudio de impacto ambiental. 

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