Redacción EC

Moradores de la localidad cajamarquina de Udima y el personal del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernamp) denunciaron en los últimos días la presencia de maquinaria situada a pocos metros del área intangible de la Reserva de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, ubicada en el distrito de Catache, en la provincia de Santa Cruz, cerca del límite con Lambayeque.

Según los denunciantes, la municipalidad de esta provincia tiene planeada la construcción de una carretera que uniría el caserío de Cerro Negro con la provincia de San Miguel. Dicha obra dañaría el frágil ecosistema circundante que genera el agua destinada para la agricultura y el consumo humano de la cuenca del Zaña, en Lambayeque.

Los moradores alertaron que desde el pasado 9 de octubre la maquinaria ha empezado a nivelar el terreno. Hasta el último sábado, los trabajos se realizaban en terrenos privados y no habían  tocado al área reservada. Sin embargo, el trazo de la vía ha dañado las jalcas, consideradas parte de un ecosistema natural delicado donde nace el ichu y crecen los pajonales que conforman los colchones acuíferos que almacenan el agua.

Se conoció asimismo que la carretera serviría principalmente para el traslado de la madera depredada en los bosques nublados por presuntos comercializadores de las localidades de Calquis, Taulis, situadas en la provincia de San Miguel. Las especies más cotizadas son el roble, el romerillo y el lucmo.

Muy cerca
El jefe de la Reserva de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, Aníbal Calderón, adviertió que los trabajos se realizan a escasos 50 kilómetros del área protegida, según datos proporcionada por el Sistema de Información Geográfica (SIG)

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Elmer Villoslada Montero, descartó que la carretera fuera un proyecto municipal, y que la municipalidad sólo brinda el servicio de alquiler de la maquinaria. “Por falta de pago hemos suspendido los trabajos y también nos hemos retirado de la zona porque nos llegó una notificación de la fiscalía para detener toda intervención”, dijo.

Ante esta versión, la presidenta del Comité de Gestión del Área Natural Protegida de Udima, Lorena Huamán Aguilar, desvirtuó las declaraciones de la autoridad muncipal y deslizó la posibilidad de que se trata de una estrategia para evadir responsabilidades. “El alcalde dice que lo contrataron los integrantes de un comité que promueve la construcción de la vía pero lo cierto es que los tres integrantes son personas de modestos recursos que no tienen para hacer gastos de este tipo”, sostuvo.