Un grupo de ronderos urbanos detuvieron a Alejandro Ramos Sangay (42), acusado de violar a su hija desde los 13 años en el centro poblado de Chinchimarca, región Cajamarca.
Al ser interrogado por los ronderos, Ramos Sangay acusó a su menor hija de haberlo incitado para mantener relaciones sexuales. "Ahora me acusa de ser el culpable. Ella se metía a mi cama para ofrecerse", refirió.
Agregó que la primera vez que abusó sexualmente de la menor fue cuando él llegó en estado de ebriedad a su vivienda. "Ella se metía a mi cama para que no la castigue por estar embarazada", argumentó.
El acusado reconoció haber abusado sexualmente de su progenitora en varias ocasiones y aseguró haberla amenazado de muerte luego de que escuchara una conversación telefónica donde la joven planeaba abortar a su segundo hijo. "Cuando resultó embarazada, de nuevo se ofreció en mi cama. Prácticamente era mi mujer", sostuvo Alejandro Ramos.
Tras ser denunciado, los ronderos urbanos en Cajamarca lo castigaron a latigazos y luego, según informó Fernando Chuquilín, dirigente rondero, fue entregado a la Policía Nacional quienes lo trasladaron hasta la Comisaría San José. Horas más tarde Alejandro Ramos habría sido liberado.
Asimismo, en el Centro Poblado de Shaullo Grande en el distrito de Baños del Inca, Noé Escobal Casas (51) habría abusado sexualmente de su hijastra, con quien tuvo dos hijos.
Años más tarde, según denuncian los familiares, volvió a violar a una de sus hijas, quien estaría embarazada de tres meses. “Todo fue con su consentimiento”, refirió el acusado. La denuncia fue recogida por los ronderos urbanos, quienes entregaron al sujeto a la policía, sin embargo, horas más tarde también fue liberado.
El Comercio conversó con el presidente de la Junta de Fiscales, Alfredo Rebaza Vargas, quien indicó que la detención de una persona procede siempre y cuando exista flagrante delito o una orden judicial.
“Ante hechos que habrían sucedido hace bastante tiempo no se puede detener sin pruebas, sin una denuncia formal y sin tener a la víctima. La fiscalía tendrá que iniciar una investigación y corroborar los hechos que datan de hace mucho tiempo. Con esa corroboración recién se puede pedir una privación de la libertad”, aclaró.
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