Francesca García Delgado

La renovación de autoridades regionales a inicios del 2015 parece haber sido –en términos de – el cambio de cara de una misma moneda. Durante todo el año continuaron las denuncias sobre malos manejos de recursos y sobre vínculos de las autoridades con actividades ilícitas. Algunos de estos casos terminaron en pedidos de prisión preventiva y sentencias penales.

Una revisión del año nos demuestra que, al menos, más de la mitad de los 25 gobernadores regionales han estado involucrados en denuncias contra la administración pública.

Uno de esos casos que concluyó con la suspensión de una autoridad regional fue el del prófugo Wilfredo Oscorima. El ex gobernador regional de Ayacucho fue separado del cargo debido a la condena que se le impuso por delitos de corrupción. La posterior ratificación de sentencia contra él y su vicegobernador Víctor de la Cruz provocó una de las mayores crisis políticas de Ayacucho.

En Tumbes y Loreto, las denuncias que han provocado la intervención directa de la contraloría se relacionan tanto con las anteriores como con las actuales gestiones. En el primer caso, continúa vigente la orden de captura y prisión preventiva contra el ex presidente regional Gerardo Viñas Dioses, quien es acusado de un desfalco a la región por S/.10 millones. Ricardo Flores Dioses, actual gobernador, tiene al momento un proceso por el supuesto delito de lavado de activos y otras denuncias en el Ministerio Público

En Loreto, la fiscalía solicitó entre 12 y 19 años de prisión contra el ex presidente regional Yván Vásquez por irregularidades en un proyecto de alcantarillado. Esta megaobra habría costado S/.748 millones, el doble de su valor inicial.

Fernando Meléndez, actual gobernador regional de Loreto, se encuentra junto a sus homólogos de Junín, Ángel Unchupaico; de Amazonas, Gilmer Horna; de Ucayali, Manuel Gambini; y de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como una de las autoridades regionales que el informe final de la comisión narcopolítica recomienda investigar por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Actualmente, la Contraloría General de la República ejecuta la mayor cantidad de acciones de control en Ayacucho. También las hace Apurímac, Cusco, Loreto, Arequipa y Áncash.

Pérdidas millonarias
El contralor general de la República, Fuad Khoury, dio cifras para graficar lo que ha representado la corrupción en el país este año. Las irregularidades –dijo– se encuentran sobre todo en las licitaciones y en los concursos públicos. En conversación con El Comercio afirmó que están paralizadas unas 700 obras por un valor de S/.4.500 millones.

“Es gravísimo. Son obras paralizadas porque están en juicio o en arbitraje debido a actos de corrupción”, declaró.

Khoury criticó que en el país no exista una política general de lucha anticorrupción que permita articular esfuerzos desde distintos sectores. Admitió que una de las principales dificultades es el índice de impunidad.

“Tenemos 15 años de crecimiento económico, el país crece en promedio 5% al año y la mayor parte de este dinero se ha ido a las regiones, pero cuando uno recorre las provincias sigue viendo pobreza. Hubo más dinero, pero también más robo”, opinó. Calculó que al año hay una pérdida general de S/.60 mil millones.

Jorge Medina, presidente de Proética, consideró que en el 2015 aumentaron los niveles de corrupción y hubo un retroceso en la institucionalidad y en la transparencia.
Si bien coincidió en que no existe una política de Estado ni un liderazgo en la lucha anticorrupción, Medina opinó que el problema de fondo se relaciona con el dinero que reciben los partidos y movimientos regionales. En la mayoría de casos es dinero que proviene de actividades ilícitas.

“En el 2016 hay poca posibilidad de mejorar porque las condiciones no cambiarán”, consideró Medina, quien espera que la contraloría asuma un rol más preventivo para detectar posibles casos de corrupción en el país.

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