Según el Código Penal, el feminicidio puede sancionarse con cadena perpetua si hay dos o más agravantes (Foto: USI)
Según el Código Penal, el feminicidio puede sancionarse con cadena perpetua si hay dos o más agravantes (Foto: USI)
Redacción EC

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de ocho casos de feminicidio y tentativa, cometidos en diferentes regiones del país, en las últimas dos semanas.

En lo que va del primer trimestre del 2018, se han registrado 32 feminicidios y 82 tentativas, cifras superiores a las del año 2017 en el mismo periodo, que daban cuenta de 29 y 53 casos, respectivamente.

“Estos niveles alarmantes de violencia nos obligan a exigir a las autoridades del gobierno central y locales, medidas urgentes y drásticas para encarar los niveles crecientes de violencia contra las mujeres de todo el país de manera inmediata”, sostuvo hoy la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.

-Casos de violencia en el Perú-

La Defensoría informó que en la ciudad de Arequipa en menos de 48 horas se cometieron dos feminicidios, ambos ocurridos en presencia de testigos.

Otro caso se registró en Trujillo, donde la víctima se encontraba en estado de gestación y fue arrojada de un quinto piso.

En las regiones Piura y Junín, dos mujeres tuvieron que defenderse del mortal ataque de sus parejas, quienes las violentaban física y psicológicamente y a quienes quitaron la vida en defensa propia. En Huancayo, un sujeto ocasionó una grave lesión a su madre.

“El nivel de recurrencia de los casos de feminicidio en grado de tentativa se incrementa peligrosamente en nuestra sociedad. El agresor actúa con gran crueldad ejerciendo violencia en zonas vitales del cuerpo de la víctima, con la finalidad de dejarle marcas imborrables. La cifra de casos debe ser mayor, debido a que la institución ha advertido que en los informes policiales la tentativa es considerada como lesiones por violencia familiar, un delito con una pena mucho menor”, señaló Revollar.

La Defensoría del Pueblo informó que intervino en dos casos de condenables muertes contra mujeres, uno en Lima y otro en Lambayeque, en los que el Ministerio Público tipificó erróneamente el delito de feminicidio como homicidio calificado, aplicando incluso acuerdos de terminación anticipada que permitieron imponer sanciones por debajo de la pena mínima legal establecida para este delito.

-Registro de víctimas y agresores-

Recordaron que en noviembre del año pasado, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, remitió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el que solicita que se dote mayor presupuesto para la implementación del Registro Único de Víctimas y Agresores, a cargo del Ministerio Público, conforme lo dispone el artículo 42° de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El objetivo es implementar un sistema intersectorial que garantice una atención efectiva y oportuna a las víctimas de violencia.

Respecto a este registro, Juan Huambachano Carbajal, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, dijo en entrevista con El Comercio en febrero de este año que se han hecho protocolos, formatos del tema para que exista (el registro único de agresores) y se pueda cumplir con el marco legal. "Eso va a ser fundamental en la medida que se pueda complementar con otras acciones", dijo.

"Debe quedar claro que en el Ministerio Público existe la información. Lo que se quiere es que exista una interfase para que se pueda saber, de esa base de datos, quiénes son los agresores", dijo Huambachano en aquella ocasión.

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