El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Ejecutivo evalúa declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debido a la grave pérdida de control que enfrenta el sistema carcelario, donde líderes de organizaciones criminales continúan dirigiendo extorsiones, asesinatos y otros delitos desde prisión.
Durante una entrevista con el programa Panorama, Álvarez reveló que recientes operativos han detectado antenas clandestinas instaladas dentro de los penales, lo que permite a los internos acceder a Internet y mantener comunicación constante con sus cómplices en libertad.
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El premier señaló que la declaratoria de emergencia permitiría adoptar medidas extraordinarias para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios. Entre las acciones en evaluación figura el aislamiento de los reclusos considerados de alta peligrosidad y su redistribución en penales con mayor capacidad de seguridad, como los de Lurigancho y Ancón. La meta, dijo, es cortar los canales de comunicación que facilitan el accionar de las mafias.
Este anuncio se realizó poco antes de la controversia por los audios difundidos por Cuarto Poder, en los que una voz —que es atribuida al jefe del INPE, Iván Paredes Yataco— coordinaría el presunto cobro de S/80 000 a cambio de facilitar la excarcelación de un expolicía condenado. Paredes negó tajantemente la autenticidad de los audios, aseguró que no renunciará a su cargo y adelantó que tomará acciones legales contra la denunciante y los periodistas responsables del reportaje.
Respecto a este caso, el premier Álvarez informó que el Ministerio de Justicia se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y que la continuidad del funcionario será definida “en las próximas horas”, basándose en las evidencias. “No se tomará una decisión emocional ni coyuntural, sino la más adecuada conforme a los hechos”, precisó.
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