Municipalidad de Trujillo: denuncian presunta compra irregular de 16 camionetas

La Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) denunció al actual subgerente de Servicios Generales y Equipo Mecánico de la comuna, Wellington Bartra Vargas, por presuntamente haber direccionado la compra de 16 camionetas para los servicios de seguridad ciudadana y defensa civil, en 2016.

La denuncia también incluye a Freddy Antonio Ruiz Castro, quien actualmente labora en la subgerencia de Servicios Generales según la misma MPT y quien participó como miembro del comité de selección a cargo de la licitación pública para la adquisición de los vehículos.

Otros miembros de la comisión fueron Luis Alvarado Gálvez, ex subgerente de Abastecimiento; Salomón Chanduví Piña, ex gerente de Administración y Finanzas; y Matías Díaz Silva, también ex funcionario de la misma comuna y quien presidió el comité de selección responsable de la licitación.

La denuncia contra estas cinco personas ingresó el último lunes a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo por el presunto delito "contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado (Municipalidad Provincial de Trujillo)".

El Comercio se comunicó vía telefónica con Wellington Bartra, pero tras afirmar que por teléfono no podía dar su versión, añadió, sin embargo, que estaba prohibido de declarar. “Hasta ahorita no me notifican todavía. Yo no puedo brindar ninguna declaración si es que no se autoriza de parte de la municipalidad”, manifestó.

El caso, según la denuncia de la misma procuraduría, generó un “perjuicio económico de S/ 75.742” a la MPT. Se añade que en la investigación de mercado para la adquisición de los vehículos, “se utilizó únicamente la cotización presentada por la empresa Mannucci Diesel S.A.C., quien con su marca Nissan era la única que cumplía las especificaciones técnicas”.

“En las bases integradas se estableció como plazo de entrega de vehículos el periodo de 45 días calendarios; sin embargo, al suscribir el contrato, fue modificado fraccionándolo en 25 días calendarios para la entrega de los vehículos, previo pago total de la adquisición, y 20 días calendarios para la entrega de las documentación correspondiente.

Posterior a ello, se tramitó el pago a la empresa Mannucci Diesel, sin contar con la conformidad de la prestación; dando lugar a que se efectúe la cancelación correspondiente, pese a que existía un retraso injustificado de ocho días calendario, no aplicándose la penalidad y devolución de la garantía por el fiel cumplimiento del contrato”, se agrega.

Esta denuncia se realizó tras un informe del Órgano de Control Interno (OCI). Se indica también que “los funcionarios públicos denunciados han mostrado un interés por favorecer con los contratos a la empresa favorecida, actos que se han dado en forma coordinada entre las distintas oficinas a cargo de los gerente o jefes de las mismas, afectando de esta forma el bien jurídico protegido”.

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