En el distrito liberteño de Pataz no hay un típico conflicto minero. Se trata más de una pequeña guerrilla por el oro entre empresas formales y organizaciones criminales. En superficie, el mineral robado se procesa ilegalmente, se movilizan toneladas de explosivos y se vive con miedo constante. En el subsuelo, a punta de dinamita y armamento de guerra, los mineros ilegales avanzan por túneles clandestinos para interceptar concesiones mineras, secuestrar al personal e invadir las galerías. El Comercio recorrió ambos mundos para comprender la complejidad del asunto.
Lo primero que uno comprende al llegar a Pataz es que el oro es el núcleo de aquel distrito. De hecho, en su plaza se encuentra la estatua dorada de un minero. Al ampliar la vista, el paisaje revela cientos de boquerones clandestinos construidos por mineros formales, informales e ilegales. Esta distinción se hace difícil cuando se comprende que todos ellos operan dentro de las concesiones mineras asignadas a Poderosa, Marsa y Horizonte. Es decir, minan en una zona que el Estado entregó a empresas formales desde hace más de 40 años. Las toneladas de relave y desechos químicos chorreados en las faldas de los cerros confirman que Pataz es una ciudad minera.
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“Sacan el mineral de la concesión, sacan lo mejor. Luego lo transportan por vía pública a diferentes plantas de acopio que hay en Trujillo, en Arequipa, Ica. Lo procesan y, en teoría, lo vuelven oro legal”, contó a El Comercio un gerente de Poderosa. Su nombre, como el de los demás entrevistados, se mantendrá en reserva por la crítica situación que se vive en la localidad liberteña. Trabajadores y locales temen conversar con la prensa y ser víctimas de extorsiones, secuestros e, incluso, de sicariato.
Durante los recorridos el distrito patazino, El Comercio también identificó una serie de plantas locales de procesamiento de mineral. Por su lado, Poderosa ha detectado un total de 44 de estas plantas, las cuales muelen el mineral (empleando molinos y equipos especializados), lo procesan y luego lo vierten en piscinas de cianuro (en algunos casos emplean mercurio) para separar el oro. En paralelo, decenas de miles de volquetes -ajenos a las operaciones de las empresas mineras formales- cruzan los controles policiales cargados de mineral, en ruta hacia las plantas formales. Es decir, el oro se procesa tanto dentro como fuera de Pataz.
En Pataz, los boquerones pueden encontrarse en todas partes. La imagen también muestra una maquinaria minera. Fotos: Mathías Panizo/GEC
Mientras que a las empresas mineras grandes y formales se les exigen estrictos cumplimientos de seguridad, las operaciones informales e ilegales se realizan sin considerar graves riesgos, como el de derrumbe o intoxicación por gases.
Muchas casas tienen boquerones dentro de la propiedad, garantizando el control sobre sus operaciones e impidiendo las acciones por parte de las fuerzas del orden.
Luego, son los inmensos edificios de material noble y las abundantes camionetas pick-up de último modelo, los que dejan entrever la significativa capacidad adquisitiva de sus habitantes. Con cautela, El Comercio registró también las costosas maquinarias que emplean los mineros locales, conocidos como ‘trackless’ y diseñados para operar dentro de los socavones. Ingenieros mineros entrevistados sostienen que la inversión de un minero informal o ilegal en Pataz, solo en maquinaria, rodea los dos millones de dólares y puede extenderse hasta los siete millones. No se trata de una actividad artesanal, con equipos manuales, sino de operaciones mecanizadas con tecnología de punta.
Convivencia
Los campamentos de las empresas mineras -distribuidos en diversos puntos de Pataz- colindan con operaciones ilegales, separados en algunos casos por tan solo una trocha de algunos metros de ancho. Las vías, muchas construidas por décadas atrás por Poderosa, también son compartidas en varios sectores. Representantes sindicales comentan que los trabajadores de la unidad minera temen usar fuera los campamentos cualquier distintivo que los vinculen con la empresa. “A la familia ni se le cuenta la realidad, aunque igual se enteran de todo [por las redes sociales]”, refirió uno de los entrevistados.
En aquella comunidad, comunicada a las provincias vecinas por carreteras de trocha, hay casas con dispensadores privados de gasolina, menores armados manejando vehículos, talleres mecánicos inmensos y hoteles de incontable capacidad. Al mismo tiempo hay una precariedad en los servicios básicos, calles pequeñas incapaces de soportar el tránsito vehicular y hogares sin luz ni agua.
Mientras los vehículos de Poderosa siguen estrictas medidas de seguridad al trasladarse por las peligrosas vías, las camionetas particulares obvian las normas. Solo hay dos comisarias menores, ubicadas en Chagual y en Vijus, para controlar los más de diez anexos que conforman el distrito patazino. Aun así, la policía ha incautado armas de largo alcance, toneladas de dinamita y un sinfín de municiones. Los ‘night club’ operan desde el mediodía a lo largo de la semana, mientras camiones de víveres ofertan carnes y verduras bajo un toldo improvisado y sobre la tierra.
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También rige un estado de emergencia, próximo a cumplir 140 días. Desde su incorporación, la situación en superficie ha mantenido cierta calma, según formularon los patazinos entrevistas. Pese a ello, el temor persiste. “Acá rige la ley del revólver, es tierra de nadie”, describió un trabajador de Poderosa. Consultados para este informe, los vecinos reconocen la presencia del crimen organizado. Pobladores locales y trabajadores de la mina mencionaron a este Diario la presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Pulpos, La Jauría y La Gran F.A..
Sin embargo, para el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Segundo Matías Bustamante Ramos, jefe de la División Policial de Huamachuco y a cargo de las operaciones en el distrito de Pataz, esto no es así. Según explicó a El Comercio, no contempla la presencia de estas organizaciones en la zona y se vive una situación de mayor calma. En entrevista con este Diario, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvo que estas organizaciones criminales han sido atacadas por las autoridades, pero “quedan los remanentes”. Afirmó que han migrado a otras provincias cercanas.
Conflicto en subsuelo
Pero es debajo de todo ese mundo donde la amenaza cala más. Es en las minas subterráneas donde los enfrentamientos armados son constantes. Los mineros ilegales irrumpen las operaciones de Poderosa atravesando sus galerías subterráneas con el fin de robar el mineral recabado o tomar posesión de sectores estratégicos de los más de 50 kilómetros de socavones construidos por la minera. Poderosa registras más de 240 conexiones ilegales desde el 2017 y ha presentado 190 denuncias al respecto. Ninguna ha concluido en sentencia.
Secuestros, disparos, explosiones y muertos de ambos lados han resultado de estas permanentes incursiones. Precisamente, Poderosa acumula 17 fallecidos y una decena de heridos atribuidos al conflicto. Este martes, la minera Marsa sufrió un atentado y vivió el secuestro de cuatro trabajadores. El acceso a armamento de guerra y explosivos por parte de los criminales resalta el poder económico y la cercanía con la criminalidad con la que operan los mineros ilegales en este alejado distrito.
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“Tienen la capacidad económica, la capacidad técnica e, inclusive, su otro brazo es la delincuencia”, detalló un gerente de la minera, refiriéndose a los mineros ilegales, antes de guiar a El Comercio dentro de la bocamina. La inmensidad del socavón minero es tal que permite el ingreso de vehículos. De hecho, entran hasta buses y camiones de gran capacidad, hay comedores y chimeneas de ventilación que conectan diversos niveles, alcanzando cientos de metros de altura. Cerca de veinte minutos en camioneta demoró llegar al punto de interés: una zona activa de conflicto, varios metros bajo tierra.
Modus operandi
Tras desembarcar e incursionar a pie por unos veinte minutos más, algo cambió. El olor a humedad, típico en estas galerías, se invadió con el aroma a caucho y plástico quemado. Las pequeñas linternas de los cascos abrían camino entre la oscuridad, revelando llantas, maderas, escombros y casquillos de fusil esparcidos en el suelo. Las rocas del contorno fueron perdiendo su típico color gris. La ropa de los mineros y de los agentes de seguridad se manchaban de negro, de hollín, en cada roce. Eran los restos de un reciente ataque por parte de los ilegales.
Son dos los tipos de delincuentes que ingresan a la mina: los denominados ‘parqueros’ y los mineros ilegales. Los primeros se enfocan en robar todo el mineral ya extraído que sea posible. Los segundos, se apañan en tomar posesión de las galerías y así realizar sus operaciones clandestinas. En ambos casos, se hurta el mineral concesionado a Poderosa.
Durante el recorrido al interior de las minas de Poderosa, El Comercio registró la presencia de casquillos y munición de armamento de largo alcance. Fotos: Mathías Panizo/GEC
También se encontraron restos del material que suele quemarse para llenar de humo los socavones y obligar a los trabajadores a escapar.
Una bala logró perforar días antes una puerta de acero, instalada para evitar que los delincuentes puedan acceder a las vías centrales de la mina.
Esto lo logran haciendo camino subterráneamente hasta conectar con las acciones de la minera. Al ingresar, queman neumáticos y dirigen el humo con grandes ventiladores, obligando a los trabajadores a evacuar. La invasión se acompaña de disparos de gran calibre. Dentro de la mina, las balas son aún más peligrosas. Chocan contra las rocas haciendo volar esquirlas que se clavan en la piel de las víctimas. Otras rebotan de un extremo a otro.
Además, los criminales emplean dinamita y otros explosivos artesanales. En el 2022, un personal de Poderosa perdió su mano y muñeca derecha a causa de un detonante lanzado por mineros ilegales. En diciembre del 2023, nueve agentes de seguridad de la mina fueron asesinados por voladura de explosivos. Algunas veces, estos frentes se convierten en puntos constantes de combate. En otros, los invasores explotan el techo para crear una división y apoderarse de la galería. Cuando Poderosa recupera el control de una zona, parcha las conexiones ilegales con concreto, metal y madera. Más de 1.400 tapones han sido instalados.
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El Comercio llegó a uno de los puntos de conflicto activo, a pocos metros de un anexo por donde los mineros ilegales aún intentan ingresar. A los cascos, botas con punta de acero y a la indumentaria típica de protección ahora se suman armas de largo alcance, chalecos antibalas y riesgos incalculables a la ya delicada actividad minera. Uno de los gerentes de Poderosa aclaró que -además del riesgo innato de los enfrentamientos armados- estas acciones incontroladas contemplan peligros de derrumbe.
A la invasión armada le precede un paso que suele ser el inicio de estas incursiones: la voladura de torres de energía eléctrica y otros atentados contra la infraestructura energética de la minera, como la generación de cortos circuitos en las redes principales. Poderosa ha sufrido la destrucción de 16 cables. “Vuelan una torre y parte de la operación queda sin energía, lo que significa que no hay ventilación. Si no hay ventilación, la gente tiene que salir del interior de la mina” y es entonces cuando los delincuentes hacen su ingreso, explicó otro trabajador de Poderosa. En otras ocasiones, lanzan sogas atadas a piedras hacia los cables principales, ocasionando así cortos circuitos. Luego, dan lugar a la quema de productos tóxicos y a los enfrentamientos.
Situación "inaceptable"
Como se mencionó líneas arriba, este martes se reportó una nueva invasión de mineros ilegales a un minera formal. En esta ocasión se trató de la empresa Marsa, ubicada en la Comunidad Campesina de Llacuabamba. “Los delincuentes tomaron como rehenes a cuatro trabajadores mineros que fueron liberados sin presentar lesiones o afecciones a su salud, y atentaron contra la infraestructura de la empresa utilizando explosivos de gran alcance. El ataque provocó daños y derrumbe de galerías, afectando el sostenimiento necesario para la explotación segura del yacimiento”, sostiene un comunicado de prensa de la empresa.
Durante la conferencia de prensa desde la presidencia del Consejo de Ministros, el premier Gustavo Adrianzén, se refirió al hecho como “un atentado producido por estos este desadaptados sociales”. Según el funcionario, el gobierno regional de La Libertad y los alcaldes distritales han pedido la ampliación del estado de emergencia a la provincia de Virú. “En este momento, esa zona [el distrito de Pataz] viene siendo objeto de ataques incesantes del crimen organizado y, frente a ello, el gobierno decreta estados de emergencia e incluso seguirá declarando las prórrogas que sean necesarias para que esa zona se logre pacificar”, dispuso el primer ministro.
“Lo que está sucediendo en la zona de Pataz es verdaderamente inaceptable. Tenemos tres grandes mineras formales operando, está Poderosa, Marsa y Horizonte, tienen concesiones de miles de hectáreas. Lamentablemente, esto tengo que decirlo, tenemos una capacidad logística de nuestra policía muy reducida para una zona tan extensa. El número de efectivos que tenemos tampoco es el óptimo”, sostuvo luego Adrianzén durante otra conferencia este jueves.
Días antes, el coronel Bustamante resaltaba en entrevista con El Comercio que el índice delictivo en Pataz se había reducido en un 28,2 % y fue enfático al retratar Pataz como una zona en tranquilidad. “No es una jungla como dicen”, señaló. Por su parte, Santiváñez negó que se tratase de un lugar fuera de control, pero respaldó las declaraciones del premier respecto a la limitada capacidad logística de las fuerzas del orden.
