(Foto: Johnny Aurazo)
(Foto: Johnny Aurazo)
Johnny Aurazo

El último miércoles, un incendio en el segundo piso del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo (antes La Floresta) dejó cinco internos muertos y al menos 19 heridos. El Ministerio Público aún investiga las causas del siniestro, pero hay dos versiones al respecto: un enfrentamiento entre grupos rivales y un motín como medida de protesta por presuntos abusos por parte del personal del establecimiento.

Los fallecidos estaban internados en un ambiente llamado Programa II, tras ser sancionados administrativamente por mala conducta. Con ellos también se encontraban al menos 27 jóvenes, quienes resultaron afectados por el humo.

Dos días después del siniestro, El Comercio pudo conocer por qué tres de los cinco fallecidos se encontraban internados en el correccional de Trujillo.

En el caso de Anthony Bryan Huamán Polo, quien un día antes de su muerte había cumplido 18 años de edad, fue sentenciado con la medida socio educativa de internación por 24 meses por tenencia ilegal de armas de fuego, con resolución número 13 del 8 de junio de 2017. El 17 de agosto del mismo año, con resolución número 17, una sala mixta confirmó la sentencia condenatoria.

Además, a Anthony Huamán se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 1000. Su internamiento en el centro juvenil se contabilizó desde el 12 de febrero de 2017 e iba concluir el 11 de febrero de 2019.

Entre los fallecidos también se encuentra un menor de 17 años, quien según el expediente número 5323-2017 del Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza (Trujillo), recibió dos años de internamiento por tentativa de robo agravado, con resolución N° 08 del 15 de agosto de 2017. Con resolución N° 09 del 23 de agosto de 2017 la Sala Mixta Permanente confirmó la sentencia condenatoria.

También se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 2.100, que debía pagar en forma solidaria con sus padres (S/ 700 cada uno). Su internamiento se contabilizó desde el 11 de mayo de 2017 e iba a concluir el 10 mayo de 2019.

En el caso del menor infractor de 16 años, fue sentenciado a tres años de internamiento por robo agravado, con resolución N° 11 del 03 de mayo de 2017. Con resolución N° 16 del 24 de agosto de 2017 la Sala Mixta Permanente confirmó la sentencia condenatoria, según el expediente 524-2017 del Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza.

Además, se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 2.500, que debía pagar en forma solidaria con otro menor infractor. Su internamiento se contabilizó desde el 4 de enero de 2017 e iba a concluir el 3 de enero de 2020.

Centro peligroso

Tras el siniestro, la Defensoría del Pueblo de La Libertad informó que la infraestructura del centro juvenil no cumple con las garantías que debe brindar un correccional. Hasta el día del incendio tenía una población de 184 infractores, aun cuando su capacidad es para 89.

A esta falta de garantías se suma la peligrosidad del lugar. En diálogo con este Diario, el ex fiscal Alfredo Galindo Peralta dio un perfil de la mayoría de infractores que ingresa a este lugar.

“Tienen un alto grado de peligrosidad como consecuencia del abandono de sus padres. La mayoría proviene de hogares disfuncionales y han sido asimilados por el hampa, que, aprovechando la flexibilidad de las leyes, los han inducido a cometer delitos que para ellos solo son infracciones”, opinó.

Para Galindo, el incendio en el centro juvenil de Trujillo “desnuda las falencias del sistema penitenciario” en el Perú. “Hay internos que han cumplido la mayoría de edad en un centro construido para menores.

Además, la falta de profesionales adecuados para lograr reinsertarlos a la sociedad, ambientes tugurizados, la falta del principio de autoridad, entre otros, generan un clima de estrés y que dio como consecuencia la pérdida de vidas”, agregó.

Por su parte, el ex fiscal de familia Giovanni Milla Risco indicó que en La Libertad, "un alto índice de homicidios por encargo (sicariato) son cometidos por adolescentes".

"Así mismo, hay un alto índice de participación de adolescentes que han sido detenidos por participar en delitos de extorsión. Con el surgimiento de las organizaciones criminales, la incidencia en la participación de adolescentes en delitos graves ha aumentado. La gran mayoría de adolescentes infractores internos pertenecen a estas bandas", añadió Milla.

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