El comunicado detalla que las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) estarán a cargo de los descuentos e inicios de procesos administrativos y judiciales a los docentes que no cumplan la norma (Foto: Presidencia del Consejo de Ministros)
El comunicado detalla que las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) estarán a cargo de los descuentos e inicios de procesos administrativos y judiciales a los docentes que no cumplan la norma (Foto: Presidencia del Consejo de Ministros)
Redacción EC

Después de varias mesas de diálogo canceladas o postergadas, y luego de maratónicas reuniones durante esta semana, ayer por la noche se ofreció una conferencia de prensa que mostraba, por primera vez, una posición en bloque del Ejecutivo y los gobiernos regionales respecto
de la huelga de los gremios de docentes.

El primer ministro Fernando Zavala, junto a la titular del Minedu, Marilú Martens, y Luis Valdez, presidente de la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales (ANGR), explicó los alcances de los últimos acuerdos tomados.

Detrás de ellos figuraban todos los gobernadores regionales del país, incluso aquellos que en determinado momento avalaron
las protestas.

Valdez leyó un acta en la que se establece lo siguiente: el Gobierno se compromete a incrementar el salario básico de los docentes a S/2.000; el incremento se realizará en diciembre de este año (inicialmente estaba planteado para inicios del 2018).

Además, entre otras medidas, el Minedu se compromete a que “ningún docente pasará por la evaluación de desempeño sin antes haber pasado por un proceso de capacitación”. Lo más relevante del acta figura recién en el cuarto punto: “En todas las escuelas del país las clases se reanudarán el lunes 7 de agosto. Los gobiernos regionales realizarán los descuentos por inasistencia a los docentes que no
asistan a clases, bajo responsabilidad civil y penal”.

Prolongada huelga
La de los docentes es una de las huelgas más extensas con las que ha lidiado el actual gobierno. Diversas facciones de varios sindicatos de
maestros se han sumado en distintos momentos, pero las primeras manifestaciones comenzaron en Cusco el 15 de junio. Desde entonces,
no hay clases escolares en la región.

Además de prolongada, la huelga ha tenido picos de violencia: ataques o intentos de toma de aeropuertos en Cusco, Puno, Junín, Ayacucho
y Arequipa; bloqueo de carreteras y vías férreas en zonas turísticas de Cusco, incluyendo una breve protesta en Machu Picchu; interrupción
–casi a diario– del tránsito en algunas zonas de Puno, en dirección a la frontera con Bolivia, y posteriores enfrentamientos con la policía.

Días atrás, el Ministerio de Educación (Minedu) instó a los gobiernos regionales, encargados del pago de haberes a los docentes, a aplicar
los respectivos descuentos a quienes no hayan acudido a dictar clases, toda vez que la huelga fue declarada ilegal.

Incluso se informó que la Contraloría General de la República evaluaría el cumplimiento de esta medida. Pero no solo no hubo descuentos, sino que además varias autoridades regionales (en Madre de Dios, Puno y Áncash, sobre todo) avalaron públicamente las medidas de protesta.

Al cierre de esta edición, y pocos minutos después de que el gobernador Valdez leyera el acta firmada, Ernesto Meza Tica, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores en la
Educación (SUTE-Cusco), el gremio que inició esta larga protesta, dijo que el anunció los tomó “por sorpresa”. Él comentó que hoy, luego de
discutirlo con las bases del SUTE y con la PCM, hará saber su postura.

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