La revolución social –el ‘kambio’– anunciada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski el 28 de julio aún parece tímida. El importante acercamiento con los gobiernos regionales que lideró la Presidencia del Consejo de Ministros no parece estar plenamente acompañado por la totalidad de su Gabinete. Mientras en la ciudad capital las discusiones giran en torno a gestos y frases que no cambian las cosas, las multitudes parecen empezar a intranquilizarse con decisiones que trascienden el control del Ejecutivo.
Hace algunas semanas, un indignante fallo, que ignora la legislación referida a la trata de personas, devolvió el tema a la agenda mediática en vísperas del 23 de setiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Aquel día circularon diversas cifras que revelan lo limitado del accionar del Estado en su conjunto. Un video propalado por Promsex mostró la creciente impunidad con que actúan estas mafias en La Pampa, en Madre de Dios.
En tanto, CHS Alternativo presentará el martes 27 un informe en el que seguramente se denunciará, un año más, el limitado presupuesto que se asigna al tema.
En el Ejecutivo se cuenta hoy con la participación de Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, y Ricardo Valdés, viceministro en el Ministerio del Interior; son dos notables activistas que, desde la política y la sociedad civil, han contribuido enormemente a posicionar el tema para combatir la gran impunidad que lamentablemente persiste.
‘Impunidad’, precisamente, ha sido una palabra muy utilizada tras el fallo que, al no encontrar pruebas concluyentes, absuelve a 52 nativos por la muerte de 12 policías en la Curva del Diablo en junio del 2009. Más allá de precisiones legales, se debe procurar saber qué pasó en el ‘baguazo’. Las 34 muertes (10 civiles y 23 policías, además del desaparecido mayor Felipe Bazán) deben esclarecerse y tener responsables.
La prolongación del conflicto de Bagua, fermentado desde febrero del 2008, mostró la necesidad de contar con información de inteligencia más certera. Justamente, este mes se nombró jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a Guillermo Fajardo, un ex policía proveniente de la minera Southern. Desde el 2011, es el tercer jefe de la DINI que proviene del sector minero: Víctor Gómez Rodríguez trabajó antes en Antamina y Javier Briceño en Barrick.
En estas semanas hemos continuado presenciando lo mismo. El número de autoridades sensibles y diligentes –tomando una frase que usó el historiador Jorge Basadre en 1929 para referirse a los conquistadores en este inmenso territorio– mantiene “dos problemas […]: el número irrisorio, y […] la falta de conocimiento de las regiones y de los problemas que ellas presentaban”. El ‘kambio’ está por verse.