Miles de maestros de diferentes regiones llegaron ayer hasta el Congreso, después de marchar por el Centro de Lima. Por la noche se concentraron en la plaza San Martín (Foto: Ana Briceño)
Miles de maestros de diferentes regiones llegaron ayer hasta el Congreso, después de marchar por el Centro de Lima. Por la noche se concentraron en la plaza San Martín (Foto: Ana Briceño)
Redacción EC

“Estoy dispuesto a dialogar con los dirigentes con una sola condición: que renuncien a cualquier intento de violencia”. Con este anuncio, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, abrió ayer un posible nuevo camino al diálogo para frenar la huelga de docentes iniciada el 15 de junio en Cusco y el 12 de julio en otras regiones.

Por la tarde, en un comunicado, Kuczynski precisó que su gobierno reconoce que la reforma educativa es una política de Estado fundamental y que “siempre está dispuesto a dialogar”. La reunión será el jueves 10 de agosto en Palacio de Gobierno.

No dijo, sin embargo, con cuáles de los gremios se reunirá, y aquí radica parte de la dificultad para terminar esta prolongada protesta. Este Diario consultó con diversas fuentes en el Ministerio de Educación (Minedu) para saber qué gremios participarían en el diálogo. Según dijeron, eso lo viene coordinando Palacio de Gobierno.

El Minedu, durante la huelga, ha reconocido como interlocutores válidos a los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y de los SUTE regionales.

El secretario general del Sutep, Alfredo Velásquez, ha reiterado que los maestros que continúan en huelga son de gremios radicales, como el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (Conare), vinculado al Movadef, fachada política de Sendero Luminoso.

Además, expertos en políticas educativas, como Idel Vexler y Ricardo Cuenca, han señalado la presencia de subgrupos radicales y las pugnas por el control de, entre otras cosas, la Derrama Magisterial (institución de seguridad social privada que está en manos del Sutep desde 1984).

“El Gobierno necesita interlocutores válidos que son, obviamente, la dirigencia, pero siempre separando el polvo de la paja. Es bienvenido que se diga que se va a dialogar con aquellos que tengan voluntad de diálogo. Quienes hayan cometido actos de violencia están renunciando a esto”, comentó a este Diario Hugo Ñopo, experto en educación.

—Cusco a la espera—
El representante del Comité de Lucha Nacional del Sutep y representante de los SUTE regionales, Pedro Castillo, dijo ayer que espera la invitación oficial de Kuczynski para iniciar el diálogo.

Castillo marchó junto a miles de profesores desde la plaza San Martín hacia el Congreso, lo que ocasionó el bloqueo de la avenida Abancay y una fuerte congestión vehicular en el Centro de Lima hasta la noche.

Desde Lima, el dirigente del SUTE Cusco, Ernesto Meza Tica, agradeció la invitación de Kuczynski. En una entrevista en RPP, Meza precisó que espera que luego del diálogo se oficialicen los acuerdos establecidos entre el Minedu y los gobernadores regionales, y que con ello se levantaría la huelga en su región.

No está aún claro si Meza, que encabeza la protesta en Cusco desde el 15 de junio, está incluido en la cita convocada por Kuczynski. En el comunicado emitido por el presidente, se lee: “No recibiremos a ningún ciudadano que haya realizado actos de violencia”. A fines de julio, Meza y otros dirigentes fueron denunciados por la procuraduría del Ministerio del Interior (Mininter) por actos de vandalismo en los exteriores del aeropuerto Velasco Astete, en Cusco.

—Panorama regional—
Ayer la medida de protesta continuó en Lima Provincias, Huancavelica, Apurímac, Puno, Junín, Moquegua, Madre de Dios y Cusco; en esta última región, donde la huelga lleva 55 días de iniciada, solo el 10% de profesores acudió a dictar clases, de acuerdo a reportes de la Dirección Regional de Educación.

En el caso de Puno y Madre de Dios, los profesores recibieron el apoyo de sus respectivos gobernadores regionales. El gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, incluso marchó con los docentes en Puerto Maldonado.

Este hecho –según explica el penalista Mario Amoretti– constituye el delito de desobediencia a la autoridad, por el que Otsuka podría recibir hasta dos años de cárcel.​

Contenido sugerido

Contenido GEC