Piura: gobernador regional asiste a citación fiscal pero evita declarar

El gobernador regional de Piura, Servando García Correa, asistió este miércoles a la sede del Ministerio Público para responder por la cuestionada designación de sus funcionarios de confianza, pero prefirió no declarar.  

La diligencia formó parte de la investigación preliminar iniciada en marzo pasado por la fiscal provincial Lesly Arca, titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Piura. Los presuntos delitos señalados son nombramiento o aceptación indebida del cargo público y falsedad ideológica, previstos en los artículos 381 y 428 del Código Penal. 

También asistieron otros cuatro investigados: Arnaldo Arévalo, ex director regional de Agricultura; Fabriciano Cunya, ex director regional de Educación; Pedro Peña Maraví, ex gerente del Proyecto Alto Piura; y Marcial Cunia, ex gerente del Proyecto Chira-Piura. Ellos tampoco declararon ante la fiscal. 

Esta investigación fue ampliada en junio por un plazo de 60 días y vence el 3 de agosto. Hasta esa fecha la fiscal tiene plazo para decidir si formaliza o archiva la investigación.

En diálogo con El Comercio, la abogada de Servando García, Cecilia Pizarro, señaló que el gobernador “ha sido respetuoso de la citación de la fiscalía, pero se abstuvo de declarar, en aplicación del artículo 71 del Código Penal, sin necesidad de justificar su decisión”. 

Pizarro explicó que ello no significa aceptación de culpa “ni que sea renuente al llamado de la fiscalía”, ni tampoco significa que se busca dilatar la investigación. “La diligencia ya se llevó a cabo, no hay ninguna dilación por parte del gobernador”, sostuvo.

Como parte de las diligencias, también se requirió la declaración de Jesús Torres Saravia, gerente del Gobierno Regional; Johana Vite, jefa de Asesoría Jurídica; y Violeta de Lama, secretaria general del Gobierno Regional. Ellos deberán asistir este jueves 4 de julio. 

Según la carpeta fiscal N° 180-2019, la denuncia fue interpuesta en febrero por el abogado José Alvarado, quien consideró que Servando García no respetó los requisitos del Manual de Organización y Funciones (MOF) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Piura al designar a sus funcionarios de confianza.

A través de un informe, la Contraloría advirtió en mayo que la gestión de Servando García tenía 11 funcionarios de confianza que no cumplían los requisitos mínimos establecidos en el MOF. Casi un mes después, el gobernador cambió solo a dos de ellos.