En Juliaca se ha establecido el castigo popular

CARLOS FERNÁNDEZ / VANESSA ROMO

Mientras el cuerpo de Feliciano Itusaca, de 42 años, se consumía en llamas, los pobladores de la urbanización Tambopata, en Juliaca (Puno), se acercaban a él como quien se reúne frente a una fogata. Minutos  antes había sido golpeado y derribado hasta la inconsciencia luego de ser acusado de ser ladrón de mototaxistas. Después se conocería que era un empresario que vivía a una cuadra de donde murió.

Las llamas se esconden y aparecen entre las sombras de los curiosos que se juntan para verlo. La imagen que registra esta escena se mueve con la respiración agitada del agente de serenazgo de Juliaca que la graba. En la toma aparece otro agente que camina lentamente y ve lo que sucede con un anulado poder disuasivo.

Antes de que Feliciano muriera en la madrugada del último martes, el serenazgo había evitado solo en este año siete linchamientos, parte del castigo popular que se imparte en esta ciudad puneña.

“El año pasado se intervino en 45 intentos de ataque a presuntos ladrones”, cuenta Daniel Ruiz, subgerente del serenazgo en Juliaca. No hay respuesta cuando se le pregunta por qué no se evitó también el de Feliciano. 

En mayo pasado ocurrió el último linchamiento. Efraín Condori murió quemado. A él se lo acusó de haber entrado a una casa y asesinado a una pareja de esposos vinculados con el narcotráfico. La turba lo alcanzó cuando escapaba. Un video mostró cómo, aturdido, intentaba apagar el fuego de su ropa. “¡Para que aprendan!”, justificaba  el hecho la voz de una mujer, acompañada por murmullos de aprobación.

DESCONFIANZA E IMPULSO

La inseguridad es un común denominador de las capitales del país. ¿Qué pasa para que se cruce la línea y se tome la justicia con las manos? La defensora del Pueblo en Puno, Luz Herquinio, cree que esta reacción responde a una población que no confía en sus autoridades.

“La población está molesta porque siente que recurrir a la policía o al Poder Judicial es una pérdida de tiempo”, dice. En un artículo  para la Universidad de Nueva York sobre la justicia popular en el Perú, el antropólogo Jaris Mujica señala que estos actos se entienden como “fruto de la ira espontánea” de un grupo. 

El coronel PNP Víctor Hostos de la Cruz, responsable de la División Policial de Juliaca, cuenta que ayer se instaló el comité de seguridad ciudadana para hacer un mejor patrullaje de toda Juliaca, coordinar con las juntas vecinales y evitar más de estos sucesos.

Ayer, antes de enterrarlo, otras personas se volvieron a reunir frente a Feliciano. Su hermano Samuel dice que no cobrará la justicia como lo hicieron con él. “Nos organizaremos para dar con los responsables y entregarlos”, afirma. Tampoco confía en que la justicia regular lo haga sola.

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