(Foto: Carlos Fernández)
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Carlos Fernández

colaborador de El Comercio

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Una ola de indignación ha generado esta semana entre los ciudadanos de Juliaca, en la región , el caso de Emilia Mamani Coaquira, una madre que, con su bebé en brazos, fue esposada con un grillete a una barandilla metálica fuera de un establecimiento policial por varias horas. La mujer había sido detenida por una presunta pelea con su expareja.

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El hecho puso en evidencia la actuación irregular de algunas autoridades competentes en asuntos de violencia familiar o contra la mujer, desempeños que ahora son investigados por los órganos de control interno en sus respectivas instituciones.

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El incidente también muestra la precariedad en infraestructura que padece la Policía Nacional en Juliaca para cumplir con sus funciones adecuadamente ante esa clase de situaciones, déficit la ciudad arrastra desde hace muchos años.

Según refirió a El Comercio Nivardo Enríquez Barriales, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Juliaca, las anomalías comenzaron a saltar desde el momento en que la Policía Nacional procediera con el arresto de la mujer y su ex pareja.

Ambos fueron intervenidos por estar involucrados por el incidente citado líneas arriba y el varón asegura ser víctima de una agresión por parte de la mujer. Era una disputa que ya tenía antecedentes. Emilia Mamani, de 41 años, contaba con cinco medidas de protección a su favor otorgadas por el Poder Judicial ante las reiteradas amenazas de Segundino Huayapa Hancco, de 60 años, que le exigía retornar a su lado.

Conforme relata Mamani Coaquira, el día de los hechos transitaba por una calle de la ciudad de Juliaca, cuando de pronto se encuentra frontalmente con Huayapa Hannco, quien le reclama y plantea reiniciar la convivencia que mantuvieron, a lo ella se niega.

Ante la respuesta, el hombre la ataca con un látigo usado por las rondas, a las que no pertenece, pese a que la agredida llevaba a su bebé en brazos. Ante los gritos de la mujer, opta por tomar una piedra y golpearse en la cabeza provocándose una herida y aprovechar esa situación para pedir auxilio a los vecinos del lugar y denunciar agresión de la mujer.

El hecho es atendido por el personal de Serenazgo del municipio de Juliaca, que a su vez llama a la Policía Nacional para que intervenga en el caso. Al llegar los agentes policiales y observar al hombre sangrante esgrimiendo la piedra con la que supuestamente la mujer lo agredió, los custodios optan por detenerlos a los dos, al considerar que había en proceso una acción de violencia familiar mutua con evidencias flagrantes.

CADENA DE IRREGULARIDADES

Trasladada la pareja a la Comisaría Sectorial de Juliaca que funciona en el terminal terrestre de esa localidad, es informado del hecho el Ministerio Público para que el representante de la Fiscalía Penal de Turno proceda con las diligencias correspondientes.

Entre tanto, a la espera de la llegada del fiscal de turno, Segundino Huayapa es internado en la carceleta del lugar y al no contar con un ambiente similar para mujeres, Emilia Mamani es retenida en la oficina de la comisaría para luego, por falta de espacio, llevada al exterior. Una vez ahí, es colocada en una silla y engrilletada a una barandilla de metal para evitar su posible fuga.

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El primer hecho anómalo, según Enríquez Barriales, es precisamente la actuación inicial ejecutada por los agentes de la comisaría local. Un segundo acto irregular es no haber comunicado al Centro de Emergencia Mujer para que brinde la asesoría legal del caso a la inculpada, así como la asistencia de salud que ella y su bebé de un año requerían.

La siguiente irregularidad es la no concurrencia del representante del Ministerio Público, en este caso el fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, para cumplir con las diligencias respectivas y disponer la condición en la que quedarían los detenidos.

En toda esta cadena de acciones cuestionables también se incluye la omisión de las cinco medidas de protección solicitadas por Emilia Mamani a los órganos jurisdiccionales para proteger su vida y la de sus ocho hijos. El temor ante posibles actos de violencia por parte de su expareja es constante, pero el pedido de salvaguarda nunca llegó a plasmarse en la práctica.

RONDAS URBANAS

De no haber sido por la participación de las mujeres que integran las rondas urbanas y campesinas de Juliaca, no se habría conocido el mal proceder de algunas autoridades. Estas últimas detectaron el irregular hecho la mañana del miércoles y lo reportaron a algunos medios de comunicación.

El primero en intervenir en el tema, fue el comisionado de la Defensoría del Pueblo en Juliaca, quien instó a la Policía Nacional corregir la situación anómala, además de pedir la intervención inmediata del Ministerio Público y funcionarios del Centro de Emergencia Mujer.

“Estoy detenida desde el lunes. Hasta las 10:00 pm estuve en esta silla, luego vino un policía y me acomodó en su oficina. A las 5:00 de la mañana me volvieron a sacar y enmarrocar aquí con mi hijo, no tengo familia, a nadie”, relataría la mujer.

INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público de Puno, en una breve nota de prensa hecho público en su página de Facebook, refiere que la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Puno abrió investigación preliminar al fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, por presunta negligencia en ejercicio de sus funciones en el caso de Emilia Mamani Coaquira, quien estuvo detenida en el puesto policial del terminal terrestre de la ciudad de Juliaca.

Por su parte, el general Marco Antonio Lara Vergara, jefe de la Macro Región Policial de Puno, lamentó que el personal de la Comisaría donde ocurrieron los hechos haya actuado de esa manera y no brindara condiciones dignas a la detenida, especialmente al estar en una situación de vulnerabilidad junto a su bebé.

“Otras medidas de seguridad debieron emplearse en este caso, previendo que la señora estaba con su hijo en brazos. Estamos iniciando las investigaciones y estableciendo las responsabilidades, la Inspectoría General ya está tomando cartas. Paralelamente, estamos volviendo a instruir a nuestro personal para que procedan de manera elástica en este tipo de situaciones”, refirió Lara Vergara.

También cuestionó la demora en su proceder del representante del Ministerio Público, indicando que los fiscales como defensores de la legalidad deben intervenir de inmediato porque la Policía no puede actuar sin su presencia.

“Incluso, cuando intervinieron en el caso después de la demora, lo hicieron vía teléfono. Demorando el actuar de los policías”, explicó el jefe policial.

A este hecho se suma la falta de una comisaría con una infraestructura acorde a la cantidad de residentes en Juliaca. Los hechos ocurrieron en la comisaría sectorial de la ciudad que, al estar ubicada temporalmente en un local prestado por la Municipalidad Provincial de Juliaca, no tienen las condiciones idóneas para brindar una atención adecuada.

Dicha comisaría funciona en ese lugar desde el 2011, luego de que en octubre de ese año explotaran artículos pirotécnicos que estaban cargados en una camioneta, dañando severamente la infraestructura del local policial, que hasta la fecha no ha sido reconstruido. El incidente causó la muerte de cuatro policías y dejó 21 heridos.

SIN PROTECCIÓN

Para el representante de la Defensoría del Pueblo, Emilia Mamani sigue en riesgo al no habérsele garantizado de las cinco medidas de protección solicitadas ante el Poder Judicial hasta este sábado. El miedo a que Segundino Huayapa se le acerque y cumpla sus amenazas de agresión sigue presente.

“Hasta esta mañana, no procedían las medidas de protección solicitadas, según señala la jueza a cargo, por la excesiva carga procesal en el juzgado que despacha. También es criticable el actuar del Centro de Emergencia Mujer, cuyos defensores legales no exigían al juzgado se acelere la aprobación de dichos pedidos”, refirió Nivardo Enríquez.

DISCULPAS

Ante la indignación general mostrada por los habitantes, esta misma semana agentes policiales de la Comisaría de Familia de Juliaca, entregaron bolsas de víveres a Emilia Mamani Coaquira, además de presentarle disculpas públicas por el mal momento pasado durante su detención en otra Comisaría de Juliaca.

Asimismo, diversos ciudadanos hicieron llegar su ayuda con alimentos, ropa y otros enseres a la mujer de condiciones humildes y que debe atender a su ocho hijos, seis de los cuales son menores de edad.