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La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) resolvió remover de su cargo a Fernando Nuñez, intendente de Aduanas de Tacna, por su cuestionada actitud durante la intervención en la que falleció el taxista Evaristo Ninaja Quenta, producto de disparos realizados con una escopeta de perdigones.
La jefa de la Sunat, Tania Quispe Mansilla, manifestó en la resolución que se le retira la confianza y que su lugar será ocupado por Arnaldo Alvarado Burga, quien ocupaba el puesto de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales de Aduanas.
Fernando Nuñez expresó que desconocía de la presencia de personal extraño a la institución en los vehículos de Aduanas que realizan operativos. Por otro lado, los oficiales de Aduanas detenidos, sindican a Jesús Mena, un civil, como el autor de los disparos.
El Comercio tuvo acceso a información que precisa que es habitual que se realicen operativos con personal extraño a la institución, dado que los agentes utilizan a estas personas como fuerza de choque para incautar mercaderías, y su salario sería producto de ilegales ventas de las mercancías intervenidas.
La fiscalía de la Nación cuestionó que Aduanas haya entregado, sin seguir los procedimientos establecidos, a la defensa de los aduaneros involucrados un video de seguridad de Sunat, con el que los agentes pretendieron probar que no se encontraban en el lugar de la muerte a la hora del incidente. Dicho material fue desestimado por la jueza, Eliana Ayca. Asimismo, el fiscal a cargo de las investigaciones pidió que se esclarezca cómo se obtuvo el video del Estado.
La congresista Natalie Condori calificó de previsible la medida, e insistió en que el ahora ex intendente, sea incluido en el proceso por haber obstruido la investigación al tratar de encubrir los hechos.
La jueza del Primer Despacho de Investigación Preliminar de Tacna acogió, el pasado domingo, el pedido de la fiscalía y envió a siete oficiales de Aduanas de manera preventiva al penal de Pocollay. La resolución de la jueza dejó claro que los agentes huyeron del lugar sin prestar auxilio, y que siendo funcionarios públicos se negaron a colaborar con la investigación acogiéndose al derecho de guardar silencio durante el interrogatorio del Ministerio Público y la policía.
