Luis Miguel Llanos se encuentra estable tras ser baleado por delincuentes | GEC
Luis Miguel Llanos se encuentra estable tras ser baleado por delincuentes | GEC
/ MONICA PALOMO
Christian Mestanza Arquiñigo

Haciendo uso de su arma, Luis Miguel Llanos mató a un presunto delincuente que, junto a cuatro personas más, intentó arrebatarle sus pertenencias. Producto de la balacera, el empresario recibió tres impactos de bala. El hecho ocurrió en un restaurante ubicado en la provincia de Zarumilla, Tumbes.

Esta no es la primera vez que Llanos mata a un asaltante con su arma de fuego. El 27 de diciembre de 2011, el también excandidato al Congreso de la República abatió a balazos a dos sujetos que intentaron asaltar a quien era su pareja. En aquel entonces, la Cuarta Fiscalía Provincial de Lima lo denunció al considerar que actuó en defensa propia, pero ilegítima; sin embargo, el 25 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió no procesarlo, ya que concluyó que la conducta del empresario se produjo en circunstancias de “una perfecta legítima defensa”.

En medio del contexto de inseguridad ciudadana, este caso reaviva el debate sobre el uso de armas para defensa propia. Conversamos con dos entendidos en el tema para conocer en qué medida el uso civil de armas sirve para combatir la delincuencia.

-A favor y en contra–

Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, considera que el portar armas de fuego no es una solución al problema de la delincuencia, pero sí es un derecho de las personas. “No es una solución para combatir la inseguridad. La seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado. El Estado es el que tiene que enfrentar a la delincuencia, no se trata de que los civiles asuman esta responsabilidad. No obstante, es perfectamente factible que aquellos ciudadanos que deseen comprar un arma y portarla –y que estén capacitados para ello– lo hagan. Ese es un derecho que tiene todo ciudadano”, dijo.

“Desgraciadamente, en el Perú, sobre todo por la existencia de jueces y fiscales que no entienden estos problemas, a veces, las personas que se defienden de una asalto y usan un arma terminan enjuiciados y eventualmente en la cárcel. Pero eso es básicamente un problema de la incompetencia de los magistrados, porque naturalmente todo ciudadano tienen derecho a defenderse si es agredido por un delincuente; es decir, la razón siempre debería estar de su lado”, añadió .

Por su parte, Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, cree que se debe priorizar mejores políticas de seguridad, sin embargo, hasta que eso ocurra es entendible que los civiles usen armas.“No soy partidario de que todos los civiles porten armas de fuego. Soy partidario de tener un sistema de seguridad público que realmente cumpla con sus funciones y que sean los profesionales del orden quienes realmente se encarguen de combatir la delincuencia. En un sentido estricto, el hecho de que tengamos serenos, seguridad privada y civiles autorizados a portar armas responde solamente a una situación en donde la fuerza pública no ha sido del todo eficiente en controlar la criminalidad”, comentó.

“Como las fuerzas del orden han sido desbordadas por la delincuencia y hay ciertas personas que pueden presumir algún tipo de riesgo a su vida por la actividad que desarrollan, sí me parece que deben estar autorizadas a portar y usar armas bajo los marcos estrictos de la ley. Pero no pienso que sea una herramienta a difundir para frenar la delincuencia. Lo que se debería priorizar son las políticas adecuadas de seguridad ciudadana de lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las fuerzas públicas. Mientras tengamos una policía comunicada entre sí con radios, con servicios de video vigilancia integrados, con patrullaje especializado y frecuente, la delincuencia va a ir reduciéndose”, acotó Valdés.

–Lo que dice la norma–

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) es la entidad encargada de controlar, autorizar, fiscalizar y sancionar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación, comercio y uso de armas de uso civil.

A la fecha, en el país se  registran 81,935  licencias de armas de fuego vigentes y 29,339 vencidas. Por otro lado, en lo que va del año Sucamec emitió 12,269 licencias destinadas a la defensa personal, seguridad privada, entre otras.

El Ejecutivo presentó en noviembre pasado un decreto de urgencia para regular la tenencia de armas. “Ya no más armas ilegales en las calles del Perú”, dijo el presidente Martín Vizcarra durante la presentación de las medidas aquel momento.

Actualmente el reglamento de la Ley 30299, de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil –en su artículo 16– establece que “todos los usuarios que tengan licencia para los fines de defensa personal y seguridad privada deberán portar sus armas de fuego dentro de una funda, pudiendo portarla con el cargador abastecido”.

En tanto, la medida del Gobierno plantea que los portadores de armas puedan utilizarlas únicamente en su casa o centro de trabajo y, además, restringe el número de armas de fuego y la cantidad de municiones que se podrá adquirir al año. Según el artículo 19 de la actual norma, está permitido portar hasta dos–y hasta tres en casos excepcionales– por persona para defensa personal. El decreto busca limitar la cantidad a solo una.

Quienes deseen realizar el trámite para la licencia de uso de arma de fuego deben presentar un certificado de salud mental vigente otorgado por establecimientos de salud públicos o privados registrados en la Superintendencia Nacional de Salud. Asimismo, es obligatorio no contar con antecedentes judiciales, ni policiales por delitos dolosos, no haber sido condenado vía sentencia judicial por cualquier delito doloso, aún en los casos en los que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena.

Las licencias para uso de armas de fuego tienen una vigencia de 3 años renovables. El período de renovación puede iniciarse 30 días antes y solo hasta 90 días después del vencimiento de la misma.

Llanos tendría una denuncia por usurpación de terrenos conocida el 4 de junio. (Foto: GEC)
Llanos tendría una denuncia por usurpación de terrenos conocida el 4 de junio. (Foto: GEC)
/ JOSEPH ANGELES

–Investigan ataque–

Ayer se informó que Llanos se encuentra estable luego de que fue trasladado la madrugada del martes al Hospital Cayetano Heredia, de la región Piura. De acuerdo con la directora del mencionado nosocomio, Milagros Sánchez, se iba a gestionar su traslado a la ciudad de Lima.

“Se encuentra estable, está un poco adolorido, pero está manejable. Ha sido evaluado por el neurocirujano del hospital y ha visto que habido un leve compromiso de columna y que podría estar comprometida la médula ósea. Por lo tanto, la decisión que se ha tomado es hacer la transferencia al final”, declaró la especialista en diálogo con Latina.

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, se pronunció sobre el caso y enfatizó que de acuerdo con los videos que registraron el hecho y a las primeras investigaciones, se podría determinar que los delincuentes intentaron asaltar a Llanos. Aunque comentó que los agentes policiales de Tumbes continúan investigando los hechos.

El jefe de la Región Policial de Tumbes, coronel PNP Maxfredid Pérez, dijo hoy que Llanos era víctima de reglaje por parte de los delincuentes que lo asaltaron. En diálogo con Latina, el oficial PNP indicó que el sujeto detenido cerca del lugar de la balacera, identificado como Harold Hernández Sarango, reveló que decidieron asaltarlo porque supuestamente había comentado en varias oportunidades que portaba “gran cantidad de dinero”.

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