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La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/418.235,77 en auditorías de cumplimiento realizadas a las direcciones regionales de Salud (Diresa) y de Educación (DRET) en la región Tumbes.
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Las presuntas irregularidades halladas, que comprometen a la última gestión regional del ex gobernador Ricardo Flores Dioses (2015-2018), serán informadas al Órgano Instructor de la Contraloría, así como al Ministerio Público, para las investigaciones del caso.
Según el informe de auditoría N° 1279-2018, ante la necesidad de solucionar el problema de las inundaciones en la sede del Hospital Regional II-2 José Alfredo Olavarría Mendoza (JAMO), la Diresa aprovechó el Decreto de Urgencia 004-2017 para contratar de manera directa el servicio de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
Sin embargo, el hallazgo de la Contraloría revela que durante el proceso de contratación, ejecución, recepción y pago del servicio de mantenimiento se presentó un incumplimiento de las normas de contrataciones, así como el pago por servicios no ejecutados, generando un perjuicio económico de S/46.879,55.
Cabe indicar que el Hospital Regional JAMO fue inaugurado en el 2013 durante la gestión del ex gobernador Gerardo Viñas Dioses (2011-2014), hoy condenado por corrupción. En su momento, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los quince millones de soles en la construcción de este nosocomio.
En el mismo informe N° 1279, se advierte un problema similar en otros 7 establecimientos de salud de la Diresa Tumbes, que, aprovechando la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud en febrero del 2017, habría contratado servicios de mantenimiento de forma irregular, generando un perjuicio de S/73.746,80.
Por este caso la Contraloría halló responsabilidad administrativa y penal en 9 funcionarios y servidores públicos de la Diresa Tumbes: Betty Ávila Rojo, Nelly Masías Ávila, Teresa Vinces Carrasco, Wilmer Davis Carrillo, David Milla Vargas, Alexander Timaná Chávez, Jorge Chapilliquén Sunción, Efraín Ordinola Luna y Diego Ramírez Ramírez.
De otro lado, según el informe de auditoría N° 518-2019, en el ejercicio del año 2017 los recursos del canon y sobrecanon petrolero, con fines educativos, fueron administrados de manera deficiente.
En el documento, la Contraloría advierte que, “pese a no contarse con la documentación sustentatoria de requerimientos y ejecución, ni haberse ejecutado los servicios, se usaron recursos económicos para efectuar pagos por el mantenimiento de Institutos Educativos Superiores Tecnológicos y un Instituto Educativo Superior Pedagógico
Público, causando un perjuicio de S/296.609,42”.
La auditoría permitió identificar una presunta responsabilidad administrativa y penal en diez funcionarios y servidores públicos de la DRET: Adolfo Moscol Zapata, Juan Carlos Namuche Pingo, José Gonzales Medina, Javier Girón Ramos, Hermógenes Calle Moscol, Manuel Vásquez Acosta, Rosaura Calderón Cornejo, Johnny Lindao Feria, Rosa Arica Saavedra y Wilfredo Chávez Criollo.
A fin de que adopten medidas necesarias, ambos informes de control fueron comunicados oportunamente a los actuales directores regionales de Salud, Óscar Zapata Yamunaqué; y de Educación, Santiago Loayza León. Los documentos se encuentran publicados en la página web de la Contraloría.
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