José Miguel Vivanco: “Hubo un uso de la fuerza desproporcionado”

En el diagnóstico realizado sobre las manifestaciones ocurridas en el Perú en noviembre, la organización Human Rights Watch (HRW) determinó que sí hubo graves abusos policiales. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, detalla las conclusiones del informe.

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—El informe señala que han encontrado evidencias sobre abuso policial contra los manifestantes. ¿Cuáles han sido estas?

Primero, hay que dejar muy claro que el diagnóstico que contiene este informe no afecta a la policía peruana. Estamos hablando de funcionarios policiales que en Lima, y específicamente en algunos puntos aledaños al Congreso, cometieron abusos muy serios que demuestran exceso en el uso de la fuerza. Hubo un uso de la fuerza totalmente desproporcionado e indiscriminado. Conforme a lo que pudimos ver en el terreno y de la información que pudimos obtener por parte de los informes médicos y pericias de la fiscalía, los dos jóvenes que murieron fueron a consecuencia de perdigones de plomo. Sobre eso no hay discusión. También pudimos corroborar que se usaron de manera excesiva e indiscriminada los cartuchos de bombas lacrimógenas .

—¿Por qué proponen a Sagasti que presente un proyecto de ley de reforma policial? ¿Qué es lo que debe cambiar en el sistema disciplinario?

En el 2014, en el Perú se aprobó una ley que establece la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a aquellos policías que usen la fuerza en cumplimiento del deber. Eso es de una extraordinaria gravedad porque les otorga a los policías una especie de licencia o patente de corso para hacer y deshacer. Entre las recomendaciones, nosotros pedimos que se revise el control disciplinario interno de la policía porque creemos que no son eficientes ni eficaces. Hay que fortalecer esos mecanismos de control.

—En el diagnóstico también critican la participación de la unidad policial Terna (policías vestidos de civil) en las marchas. ¿Debe erradicarse este tipo de estrategias?

Bajo ninguna circunstancia esta es una estrategia permitida porque viola los propios protocolos policiales. Mucho de lo que ha ocurrido acá viola los protocolos policiales vigentes y la legislación. Ellos arrestaron a muchas personas y creemos que se trata de arrestos arbitrarios. Conversamos con el general Cervantes (comandante general de la PNP) y reconoció que los Terna no estaban autorizados ni capacitados para intervenir en estas manifestaciones. Incluso algunos de ellos andan armados.

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—¿Han tenido alguna información sobre los procesos penales contra exautoridades como Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (en el Ministerio del Interior) por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado?

De lo que hemos podido conocer en comunicación con familiares, abogados y colegas de la sociedad civil, sabemos que acá hay dos investigaciones en curso. Una dirigida a establecer responsabilidades penales de funcionarios públicos que estuvieron presentes en esos puntos donde se hizo uso indiscriminado de la fuerza, que es una investigación central, en donde también hay una responsabilidad por parte del general a cargo del orden público en Lima. Por otro lado, está la investigación que afecta tanto a Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez. Ambas están en curso y la justicia deberá determinar las culpabilidades.

—¿Con qué autoridades se han reunido? ¿Han hecho alguna autocrítica sobre lo sucedido?

La investigación la hicieron colegas que vinieron a Lima y todos han contado con la cooperación del gobierno de Francisco Sagasti. También hemos conversado con la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el personal médico. Hemos examinado más de 200 videos y verificado su autenticidad. Incluso nos ha recibido el general Cervantes.

—¿Cuándo le entregarán el informe al presidente Sagasti?

Mañana [hoy] me reúno con el presidente Sagasti, le entregaré el diagnóstico y le ofreceré las recomendaciones que planteamos. Por la tarde me reuniré con el ministro del Interior y el director de la PNP. Ya me reuní con el ministro de Justicia y le alcancé la propuesta de que por decreto de urgencia dispongan las reparaciones para los heridos y para las familias de Inti y Bryan.

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