El abogado Rudy Aguedo del Castillo, investigado por la presunta red criminal encabezada por la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, trabajó para Palacio en los gobiernos de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte, reveló “Punto final” este domingo.
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Aguedo registra dos órdenes de servicio por S/36 mil cada una, por asesoría legal para la oficina de recursos humanos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), durante la gestión de Dina Boluarte. Además, entre julio y diciembre del 2021 ganó S/39 mil por órdenes de servicio para la PCM por la elaboración de informes técnico-legales.
En el 2022 ganó en total S/149.500 en órdenes de servicio con la Presidencia del Consejo de Ministros, también por la elaboración de informes legales.
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Y es en el 2023, con Dina Boluarte en el poder, cuando llega a brindar servicios al despacho presidencial. En enero de ese año, Aguedo obtiene una orden de servicio por S/ 39 mil por servicio especializado en materia legal por 80 días.
Ese mismo mes, ya había obtenido otra orden de servicio por el mismo monto, pero de la PCM. En abril de ese mismo año, volvió a obtener otra orden de servicio en la gestión que encabeza Alberto Otárola por S/39 mil más. Es decir, brindó servicios en paralelo para el despacho presidencial y la PCM.
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En tanto, en marzo del año pasado, el Midis contrató a Aguedo por S/41 mil para que sea el abogado defensor de Gina Sánchez Pimentel, entonces jefa de recursos humanos del despacho presidencial, persona cercana a la actual mandataria.
La representación de Aguedo se dio en un proceso administrativo que la contraloría le abrió a Sánchez Pimentel cuando fue jefa de Recursos Humanos del Midis, durante la gestión de Dina Boluarte, por el nombramiento de María Tarazona como viceministra del sector. Al final, Sánchez Pimentel fue absuelta.
Sus nexos con Benavides
Según Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Aguedo fue pieza clave en la suspensión del fiscal Rafael Vela, que habría impulsado Patricia Benavides en coordinación con el abogado José Hauyón y el exministro aprista Hernán Garrido Lecca.
“Quiero precisar que respecto a Rudy Aguedo, ya Miguel Girao me lo había presentado antes y me había dicho que él es el que hizo nombrar a (Juan Antonio) Fernández Jerí y lo había ayudado en su postulación (a la ANC), y tenía una llegada directa con Fernández Jerí”, señaló.
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“De hecho, ese día cuando conversamos le decimos a Rudy Aguedo que por qué no había salido la suspensión de Rafael Vela y le dijo Miguel Girao que ya habían acordado eso”, agregó Villanueva.
Según Villanueva, Girao le dijo que Rudy Aguedo había sido decisivo en el nombramiento de Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, quien posteriormente suspendió a Rafael Vela.
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Esta suspensión le permitía a Benavides sacar a Vela de la coordinación de las fiscalías de Lava Jato y Lavado de activos, hecho que sucedió el 24 de noviembre de 2023, 3 días después de su encuentro con Rudy y Girao en el Congreso. Según Villanueva, fue parte de un plan acordado.
Incluso, la casa de Aguedo fue allanada en diciembre pasado en medio de las investigaciones. Lo que no se sabía es que este abogado ha trabajado para el despacho presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de desarrollo e Inclusión Social (Midis).
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En su declaración del pasado 24 de enero, Villanueva sostiene que esta conversación se dio el 23 de noviembre del año pasado, cuando Benavides sustentaba el presupuesto del Ministerio Público ante el Congreso.
Aguedo se desempeñó como secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial -órgano que fiscaliza la labor de jueces y personal judicial- hasta diciembre del año pasado.
Brindan sus descargos
El jefe de la ANC del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí, admitió que si bien conoce a Rudy Aguedo desde la universidad, no hubo ninguna injerencia suya en su nombramiento.
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“No ha habido ninguna injerencia de Rudy Aguedo, a quien conozco de la universidad”, expresó a “Punto final”.
Por su parte la PCM envió un documento en donde señala que Aguedo brindó servicios en la PCM desde octubre de 2020 y que la última orden de servicio de abril del año pasado quedó sin efecto un mes que culmine el servicio. A su vez, rechaza cualquier vinculación entre el titular de la entidad, Alberto Otárola, y Rudy Aguedo.
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