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De Alejandro Toledo a Joaquín Ramírez: los nexos del clan Orellana con la política

En base a testimonios de colaboradores eficaces y testigos, la fiscal Marita Barreto detalló en su acusación los vínculos que la presunta red criminal tuvo con políticos peruanos

De Alejandro Toledo a Joaquín Ramírez: los vínculos del Clan Orellana en la política

Orellana fue detenido en nombre del 2014 en Colombia por la policía local y dos agentes de la Dirandro. Estuvo escondido en un exclusivo condominio en la ciudad de Cali. (Rolly Reyna/ El Comercio)

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La fiscal Marita Barreto informó el martes que solicitó 35 años de cárcel por lavado de activos para Rodolfo Orellana y su hermana Ludith por haber encabezado una inmensa organización criminal, una de las más grandes en la historia del país.

Esta red estaría integrada por 382 personas (entre naturales y jurídicas), contaría con 51 empresas de fachadas y habría acumulado más de S/540 millones. 

La acusación también comprende a los integrantes de las subáreas de esta red. Por ejemplo, el ex pastor evangélico Vicente Díaz Arce, como socio financista; el coronel (r) PNP Benedicto Jiménez Bacca, a cargo de la investigación y protección del clan; el ex juez supremo Robinson Gonzales, que integraba el área penal de la organización, entre otros, como testaferros, árbitros, notarios, administradores y abogados responsables de las áreas civil-concursal y saneamiento.

La fiscal Barreto, según pudo conocer El Comercio, también dejó constancia en su acusación —presentada al juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday— los vínculos que el presunto cabecilla de esta organización delictiva mantuvo con políticos peruanos de diferentes partidos. 

Si bien la fiscal no presentó cargos contra estos personajes, indicó que Orellana era consciente de que no podía mantener y ocultar sus negocios ilícitos —la red nació en el 2002 y duró hasta el 2014— sin tener contacto con el poder político.  

—Alejandro Toledo Manrique—
​Testimonios de testigos y colaboradores eficaces corroborados por la fiscalía de lavado de activos dan cuenta de la relación entre el ex presidente Alejandro Toledo y el abogado Rodolfo Orellana.

Esta cercanía, detalló uno de los colaboradores, se inició en el 2001 con el apoyo de Orellana a la campaña presidencial de Toledo a través de inmuebles que el abogado cedió para que fueran utilizados como bases del partido Perú Posible en la capital.

De Alejandro Toledo a Joaquín Ramírez: los vínculos del Clan Orellana en la política

La relación entre Orellana y Toledo habría empezado en la campaña presidencial del 2001. Luego, la entonces esposa de Orellana entró a trabajar en Palacio de Gobierno con Eliane Karp. (Foto: El Comercio)

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Además, documentos recibidos por la fiscal indican que, desde el 28 de junio del 2002, la entonces esposa de Orellana, Elna Ramos Gallegos, trabajó en Palacio de Gobierno junto a la ex primera dama Eliane Karp. La información fue dada por la Dirección de Recursos Humanos del Despacho Presidencial en el 2017. Ramos trabajó allí hasta fines del 2003, según consta en su contrato de trabajo.

Otro vínculo son los contratos que la empresa Orellana Asesores & Consultores tuvo en el 2006 (en el gobierno de Toledo) con el Ministerio de Educación por casi S/120 mil para que que saneara 68 inmuebles (este caso viene siendo investigado por la fiscalía anticorrupción).

De igual modo, los colaboradores entregaron unos cuadros de Excel con la contabilidad de Orellana sobre pagos de alquileres por más de US$30 mil en el 2010 a un inmueble en Miraflores donde quedaba la ONG del ex mandatario, llamada Centro Global. 

En su declaración ante la fiscalía, el ex presidente Toledo dijo que no conocía a Orellana y que solo lo vio una vez —entre el 2011 y el 2012—, debido a que le había presentado a un candidato para la Defensoría del Pueblo, pero que este fue descartado de inmediato. 

El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, dijo a El Comercio estar al tanto de la investigación fiscal contra el ex presidente por su presunta relación con Orellana. Sin embargo, indicó que la defensa que él hace es solo por el Caso Ecoteva. 

—Joaquín Ramírez Gamarra—
​A inicios del 2017, el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez reconoció ante la fiscalía de lavado de activos que arrendó un inmueble en la cuadra 22 de la calle La Coruña (La Molina) a la sociedad conyugal Ludith Orellana Rengifo (hermana de Rodolfo) y Oscar Castillo Yáñez por la suma de US$3 mil mensuales.

De Alejandro Toledo a Joaquín Ramírez: los vínculos del Clan Orellana en la política

Ramírez fue secretario general de Fuerza Popular en la campaña presidencial del 2016 de Keiko Fujimori. Renunció luego de que se denunciara que la DEA lo estaría investigando. (Archivo/ El Comercio).

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Ramírez dijo que firmó el contrato a nombre de la empresa Lima Ingeniería y Construcción, de la cual es gerente general, y que el arrendamiento fue de enero a diciembre del 2014, cuando la red ya era investigada por presunto lavado de dinero.

Además de ello, la fiscalía también señaló en su acusación que, por intermedio de la Oficialía Mayor del Congreso, se tuvo conocimiento de visitas al despacho del entonces congresista Ramírez de parte de una presunta operadora del Clan Orellana, de nombre Martha Silva Cárdenas, quien dirigía la revista "Quinto Poder".  

Consultado por El Comercio, Joaquín Ramírez indicó que cuando fue llamado por la fiscal Barreto, su abogado esclareció que no hubo irregularidades en el alquiler del inmueble. Además, dijo que llegó a ese domicilio por intermedio de una corredora de la cual no recuerda el nombre, no a través de la hermana de Rodolfo Orellana.    

—Heriberto Benítez Rivas—
​Los colaboradores eficaces coinciden que el ex legislador y actual abogado del ex presidente Toledo fue visto en varios oportunidades en el 'búnker' que tenía Orellana en San Isidro. De hecho, las veces que fue visto Benítez, según los testimonios, subía directamente a la oficina del mismo Rodolfo Orellana.

Además, de acuerdo a los Registros Públicos, Benítez fundó y lideró desde finales del 2009 la ONG Unidos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos (Ucona), de la que también formaron parte Orellana y Benedicto Jiménez. Esta ONG, según los testimonios, era una organización de fachada que servía para amedrentar a quienes se enfrentaban a la presunta red criminal.  

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Heriberto Benítez niega cualquier nexo con los presuntos actos ilícitos de Orellana. Sin embargo, fue el congresista que más relación tuvo con el líder de esta supuesta red criminal. (Foto: El Comercio)

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Además de ello, unos cuadros de Excel entregados por los colaboradores dan cuenta de unas 16 transferencias por más de S/50 mil a Benítez. El abogado ha negado haber tenido conocimiento de los presuntos actos ilícitos de Orellana. Aseguró que se somete a las investigaciones de las fiscalías de lavado de activos y anticorrupción. 

En comunicación con este Diario, Benítez reconoce que actualmente viene siendo investigado por presunto lavado de activos por haber dirigido la ONG Ucona. No obstante, dijo que no ha cometido "ninguna infracción ni ningún delito" cuando estuvo al frente de ese organismo.

Benítez aseguró que habrá ido "dos o tres veces" al 'bunker' de Orellana en su calidad de presidente de Ucona.

Según informó el Poder Judicial, Benítez estuvo presente hoy en el control de acusación del Caso "La Centralita", llevada a acabo por el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. El ex legislador es uno de los procesados junto al ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, y Martín Belaunde Lossio. 

—Hildebrando Tapia Samaniego—
En su propia declaración de septiembre del 2016, el ex vicepresidente del PPC reconoce haber adquirido un inmueble en la Urb. Santa Teresa (Santiago de Surco) por intermedio de Rodolfo Orellana.

El bien estaba inscrito por Rosalía Vargas Shaus, presunta testaferra del supuesto cabecilla del clan, de acuerdo a la fiscalía. Dicha propiedad, según el testimonio de Tapia, fue ofrecida por Orellana, debido a que no se concretó la venta de un inmueble en la Calle Carranza en Surco, que el ex dirigente pepecista estaba interesado en adquirir.   

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Tapia fue un ex dirigente del PPC que acompañó a Raúl Castro cuando este último era presidente de dicho partido. (Foto: Archivo El Comercio)

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La propiedad en la urbanización Santa Teresa tendría un valor de US$100 mil, el costo equivalente a la casa en la Calle Carranza.

Por otro lado, Tapia también ha sido señalado de recibir dinero de la constructora Odebrecht para su campaña al Congreso del 2006. 

Los montos habrían sido de entre US$ 5 mil y US$ 10 mil, según el ex directivo de la firma brasileña Raymundo Trindade Serra.

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 intentó comunicarse con  Tapia, quien llegó a ser parlamentario andino (2011-2016), pero no contestó nuestras llamadas. ​

—Gilbert Violeta López—
La única mención que se tiene del congresista Violeta en la acusación fiscal es cuando en noviembre del 2008 vendió sus acciones de la empresa ABC GROUP S.A.C. al presunto testaferro del clan Orellana, William Zenobio Cruzalegui, quien se convirtió en el nuevo gerente. 

Según la fiscalía, dicha empresa fue utilizada por Orellana para cometer diversos actos de estafa y en su esquema de lavado de activos.

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Violeta niega haber tenido conocimiento de los presuntos negocios ilícitos de Orellana. Asegura que solo le vendió sus acciones de la empresa ABC Group. (Foto: Archivo El Comercio)

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El propio Violeta declaró a la fiscalía, en febrero del 2015, que a inicios del 2008 Orellana llegó con su entonces pareja, Esther Carolina Furland, y William Cruzalegui a las oficinas de ABC GROUP, y manifestaron su interés en comprar una deuda que tenía la empresa con una accionista de nombre Carol Piscoya, lo cual hicieron meses después. Además, dijo que ellos dieron un préstamo de S/120 mil a la empresa, con lo cual pasaron a tener el 60% de las acciones. 

Violeta también precisó que tiempo después fue recovado en el cargo de gerente, a pedido de los nuevos accionistas. Hubo rencillas internas y por tal razón decidieron, su socia Itzear Silva Medina y él, vender sus acciones. El parlamentario narró que la forma de pago se acordó US$1.000 mensuales por 17 meses. El parlamentario ha negado tener relación en los supuestos actos ilícitos de Orellana.

Además de estas personas mencionadas, es pública la vinculación de los líderes de esta presunta red con el Partido Aprista. La más notoria se dio en las elecciones municipales del 2006: Benedicto Jiménez se presentó como candidato aprista a la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su lista de regidores, estaba Rodolfo Orellana. Ese año, Jiménez postuló al Congreso por el Apra, según el portal Infogob. 

De Alejandro Toledo a Joaquín Ramírez: los vínculos del Clan Orellana en la política

Jiménez intentó llegar al cargo de alcalde de Lima por el Partido Aprista. En su lista de regidores estaba Rodolfo Orellana. (Foto: Captura de pantalla)

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Al respecto, el congresista y dirigente aprista Javier Velásquez Quesquén respondió que no fue un error que su partido haya llevado a Jiménez como candidato, pues en ese entonces no se conocía su participación en la presunta organización criminal de Orellana. 

Además, recalcó que las responsabilidades son individuales y que su partido no ha sido mencionado en la investigación de la fiscalía. 

Velásquez también dijo que no respondería sobre su hermano César Edgardo Velásquez Quesquén, quien en noviembre del 2010 recibió un cheque de S/. 183.906 de una empresa relacionada a Coopex, la cooperativa de Orellana que emitía cartas fianzas fraudulentas. El parlamentario aseguró que su partido apoya la acusación fiscal. 

Los únicos investigados por la fiscalía por estas vinculaciones son el ex presidente Toledo y su abogado Heriberto Benítez.

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