Héctor Villalobos

El jueves en la mañana, la expectativa de los medios de comunicación estaba puesta en el debate que debía desarrollarse ese día en el Pleno del Congreso. De acuerdo con la agenda dada a conocer en la víspera por la Mesa Directiva, el principal punto de la sesión era la discusión y segunda votación del proyecto de ley que propone elevar las penas por delito de difamación.

El dictamen figuraba como uno de los puntos prioritarios de la sesión. Sin embargo, no era una de las prioridades del congresista que debía sustentarlo. Un día antes del debate, el congresista Américo Gonza viajó al extranjero. Ni sus mismos colegas sabían dónde estaba. Algunos dijeron que había ido a Honduras. Finalmente se supo que estaba en El Salvador.

En medio de la incertidumbre, algunas voces en el Congreso plantearon que se realice de una vez la segunda votación, con el ánimo de liberarse por fin de un proyecto que había perdido respaldo y que viene generando críticas al Parlamento. Pero Perú Libre, bancada que había impulsado la iniciativa contra la prensa, finalmente logró que la votación se siga dilatando por dos semanas más.

La estrategia de Gonza y de su bancada es clara. No tienen los votos necesarios para que se apruebe la denominada ‘ley mordaza’. Algunos de los grupos que respaldaron la norma en primera votación anunciaron que esta vez no la apoyarían. Quizás por las criticas recibidas o tal vez, queremos creer, porque reflexionaron. En la semana previa, ante la inminente derrota de su propuesta en el pleno, Gonza pidió suspender la votación para que esta entre a un cuarto intermedio y hacer algunos ajustes al texto. El único ajuste fue cambiar dos palabras. Esta vez, decidió irse de paseo a Centroamérica y dejar nuevamente en suspenso el dictamen.

¿Cuál fue la impostergable urgencia que obligó al perulibrista a dejar abandonado a su Frankenstein legislativo? Un encuentro de alcaldes y congresistas peruanos con autoridades de El Salvador y el vicepresidente, Félix Ulloa. En la cita se habló de las políticas de seguridad ciudadana implementadas en ese país. Gonza, que sepamos, no es especialista en seguridad ciudadana y es poco probable que este viaje se traduzca en alguna iniciativa legal para reforzar el combate contra la delincuencia en el Perú. Conociendo sus antecedentes de producción legislativa, lo mejor sería que ni se le ocurra elaborar un proyecto al respecto.

Justamente esta semana El Comercio dio a conocer otro proyecto de ley elaborado por Gonza, que no es otra cosa que un calco de una iniciativa anterior de su bancada, en el que insiste en imponer cuotas de contenido a la radio y televisión. Con ello, una vez más queda en evidencia hacia dónde van dirigidas sus fijaciones.

El cuarto intermedio en el que se encuentra ‘la ley mordaza’ puede prolongarse indefinidamente. Es una amenaza contra la libertad de expresión que sigue latente. Mientras en el Perú los gremios de prensa se mantienen vigilantes y preocupados, en El Salvador Américo goza.