Cuando la anticorrupción puede corromperse, por Juan Paredes Castro

El grave riesgo que enfrenta la cruzada anticorrupción liderada por el presidente Martín Vizcarra es que por carecer de dirección y estrategia termine albergando, dentro de ella, tanto o más corrupción de la que quería desterrar.

Así es como tenemos recurrentemente, a lo largo de la historia, a los anticorruptores de ayer convertidos en los corruptos de hoy o a la anticorrupción de hoy, incluida la del Caso Lava Jato, seriamente expuesta a ser extorsionada por la aún invisible corrupción de hoy.

El carrusel de informalidad e ilegalidad es de tal magnitud que el Estado no puede liberarse de ninguna de ellas, porque desde hace 30 años carece también de dirección y estrategia para hacerlo.

Si el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial no pueden hacer nada concreto con el incumplimiento y la interpretación ligera y venal de la ley y la Constitución, es que tampoco pueden hacer nada concreto con la corrupción y, peor aún, con la impunidad, que actúa desde dentro de la estructura legal del Estado.

Aquí es donde nos preguntamos cuál es el resultado concreto de la anticorrupción de Martín Vizcarra. Prácticamente ninguno.

¿En qué terminó su durísima reacción a las revelaciones de la corrupción judicial? En un referéndum para que los congresistas no vuelvan a reelegirse, para que el Congreso no tenga el Senado que le hace falta, para que el financiamiento de los partidos tenga un marco restrictivo poco claro y para que el disuelto Consejo Nacional de la Magistratura tenga, con otra fachada llamada Junta Nacional de Justicia (JNJ), las mismas funciones de evaluar, nombrar y sancionar a jueces y fiscales, sin un contenido de valor supremo (digno del cambio) en su investidura.

La JNJ no tiene aún su ley promulgada. Y la suerte de su conformación futura encierra toda una incógnita.

En sus no graduados discursos anticorrupción de hoy, en los que dice que no podrán doblegarlo en su objetivo, Martín Vizcarra podría estar construyendo, sin darse cuenta, la decepción de mañana en mucha gente.

El hecho de que cuatro ex presidentes –Toledo, García, Humala y Kuczynski– estén investigados por corrupción, luego de que los tres primeros encabezaran una de las más feroces persecuciones anticorrupción que se recuerde, es un antecedente de mucho peso sobre las escasas posibilidades de revertir esta paradójica tendencia.

Fuera de la dirección y estrategia que ha puesto la contraloría a su trabajo, con una rigurosa modalidad de acompañamiento a las gestiones burocráticas en el gasto presupuestal, la maraña legal en el aparato público, principalmente en el sector Transportes y Comunicaciones, sigue siendo impenetrable para extraer de ella buenos servicios públicos, pero altamente propicia para alimentar la informalidad y corrupción campeantes.

De ahí que es justa y valiente la queja del ministro de Economía, Carlos Oliva, sobre cómo del 100% de comprado y entregado en nutrientes para los niños estos solo reciben el 30%.

La ineficiencia y la corrupción se dan aquí un apretón de manos mientras Vizcarra vacila entre arriesgar su popularidad tomando al toro por las astas o cuidándola quizás para el 2021, si aún la anticorrupción tiene cuerda para entonces.