Enrique Mendoza habla en esta entrevista del proceso de extradición de Alejandro Toledo, de la reforma judicial y de la situación penitenciaria, entre otros temas.
— ¿La Procuraduría Anticorrupción ya fijó el monto de la reparación civil de Odebrecht?
Tenemos ya opiniones técnicas de instituciones muy serias sobre el tamaño del daño causado, tanto material como el extracontractual, que no es fácil de calcular. Debemos evitar que sea subjetivo. Puedo dar algunas cifras aproximadas, que aún tenemos que convalidar con otras opiniones. Por ejemplo, en el gasoducto el daño sería de 1.480 millones de soles. En Chacas, que es una carretera en Cusco, es de 60 millones.
— ¿Ya se fijó la reparación civil para el caso de las ventas de Olmos y la hidroeléctrica de Chaglla?
En el ministerio aún no tenemos información de lo de Olmos, pero sí de Chaglla. Hay una empresa china que ha hecho una oferta por 1.390 millones de dólares, pero la hace advirtiendo que parte de este dinero es para pagar deudas. Estamos evaluando legalmente el tema para determinar la parte que debe quedar como reparación civil.
— Para la carretera IIRSA Sur, ¿hay un estimado?
Había un estimado pero tenía algunos defectos que se están subsanando. También hemos decidido pedir al Poder Judicial que nombre a un veedor en cada empresa que pueda ver directamente cómo se están desenvolviendo las operaciones dentro de la empresa y velando siempre por el interés del Estado.
— En el asunto de la extradición de Toledo hay la suspicacia de si realmente hay un interés del Gobierno en traerlo o no. ¿En qué situación se encuentra eso?
Bueno, son dos procesos: Ecoteva y Odebrecht. El caso de Odebrecht tiene un cuadernillo que ya está en el Departamento de Justicia de EE.UU, pero no incluye la declaración de Maiman, porque se envió ese cuadernillo ya hace más de seis meses.
— Pero ese es el cuadernillo que no ha prosperado entonces.
No, no es que no haya prosperado. Lo que ocurre, según el informe que nos hace llegar el estudio norteamericano contratado para tal efecto, es que las extradiciones demoran entre dos y seis años…
— ¡Estamos bien entonces!
No, no podemos decir que estamos bien, sino que tampoco debemos incendiarnos por una cuestión que está dentro de los plazos. Lo está evaluando el Departamento de Justicia.
— Pero esa evaluación, ¿es positiva?, ¿negativa?
No se sabe.
— Bueno, pero el informe de ese estudio, ¿señala qué es lo que hace falta?
No, el informe no dice qué le falta al cuadernillo. Explica cómo son los procedimientos de extradición y qué reglas deben observarse para que progrese mejor cualquier cuaderno de extradición. Recomienda, por ejemplo, no enviar dos cuadernos, sino solamente uno. Yo sí recomendaría que incluyan como documento adjunto las declaraciones de Maiman. Acá hay una cuestión que es importante: ni el ministro de Justicia ni el presidente ni ninguna comisión del Congreso deberían declarar sobre esto, porque la justicia americana aprecia negativamente que autoridades que no son las judiciales intervengan para pedir que se acelere el proceso.
— En el Caso Perseo la fiscalía denunció a integrantes del Movadef mostrando incluso vinculaciones con ingresos de la coca del Vraem. Se detuvo a mucha gente, pero después fue liberada por el Poder Judicial. ¿Cuál va a ser la política del Estado respecto a este movimiento?
Efectivamente, en el caso llamado Perseo hay una demora clamorosa, pero nos hemos informado que ya es una cuestión de días el que haya una acusación, que tiene más de 140 tomos. Hay 44 personas acusadas, entre las cuales hay cuatro integrantes del Conare, hace poco en huelga. Hasta la policía está esperando ver cómo se va a resolver este asunto, porque ahí se verá si el Movadef es calificado o no como una organización criminal o si realiza apología, etc.
— ¿Cuál va a ser la política del Estado en relación con un movimiento como este?: ¿ilegalizarlo o permitirle su incorporación a la democracia como piden?
Bueno, evidentemente, son ilegales. Lo que ocurre es que la legislación hasta el momento es insuficiente para contener este tipo de actividades, al punto que permite una doble lectura, pues el martes pasado se presentó un grupo del Movadef en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay, acusando al Estado Peruano de impedirles incorporarse a la sociedad, realizarse como partido político, y [afirmando] que hay una persecución policial. Vamos a trabajar para que haya una legislación suficiente que permita poner coto a estos movimientos que son ilegales.
— ¿En qué situación se encuentra el indulto a Alberto Fujimori? ¿Hay o no hay informe médico? Iba a salir y no ha salido hasta ahora…
No tenemos ningún expediente de indulto a Fujimori en el Ministerio de Justicia.
— Bueno, el gran tema en su sector es la reforma judicial. ¿Qué cosa se va a hacer desde el Ministerio de Justicia para impulsar la reforma judicial que es un clamor a gritos?
Para comenzar, existe el Acuerdo por la Justicia, integrado por el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y la Academia. Allí estamos discutiendo varios planteamientos. Como ministro de Justicia estoy impulsando una escuela de jueces, porque no se trata de tener las mejores computadoras sino los mejores jueces. En el Perú, tenemos muchísimas facultades de Derecho con una diversidad de niveles de calidad. Entonces eso se suple con una escuela. Quien quiera ser juez debe entrar a un campus universitario un año, año y medio, y que sea formado intensamente.
— ¿No debería aplicarse la recomendación de Ceriajus de reducir la Corte Suprema a 11 miembros y que vea solo casos ejemplares para sentar precedentes?
Tengo dos razones en contra. La primera es que existen deficiencias en instancias inferiores que deben corregirse en la Suprema. La segunda, es que tendríamos que cambiarnos al sistema norteamericano del ‘certiorari’, en el cual sin expresión de causa se rechazan la mayoría de juicios, pero en Estados Unidos cada Estado tiene una Corte Suprema Estatal, y por eso su Corte Suprema federal es pequeña.
— ¿Entonces tenemos un sistema de tres instancias?
Son dos instancias. Lo que llamas tercera, es la casación [Corte Suprema] que es para unificar criterios, enderezar errores, o malas interpretaciones de la legislación. Suben 18.000 casaciones contra 250 en Estados Unidos.
— Si se ven 18.000 casaciones, es porque se ha ido más allá de la casación y ya es una tercera instancia en la práctica.
Cierto. Una corrección, son cuatro instancias, porque no puedes dejar de lado la instancia del TC.
— ¿No habrá intereses crematísticos en ver tanto caso?
Hay interés de los abogados de más peso que quieren ver su asunto a nivel casación. Y si con alguna habilidad te puedes dar maña para pasar luego al TC, ganas unos años más y honorarios también. Inicialmente se respetaba que solo se podía ir al TC por una gruesa afectación al “debido proceso”, pero este límite se rompió con el argumento que no había área que no pueda verse en el TC.
— En el Poder Judicial todos los juicios demoran años, ¿cómo se va a hacer para resolver eso?
Hay que meter tijera radicalmente a los procedimientos civiles, penales, contenciosos, reducirlos a su mínima expresión. Hay que ir con bisturí y eliminar lo que llamo lagunas procesales donde se atolla un expediente. Por ejemplo, si yo quiero parar un expediente, pido que notifiquen al señor x en París. Entonces tengo que pedir una traducción oficial, ahí ya gané un año.
— ¿Entonces se van a revisar los códigos procesales?
Estamos en revisión acá en el Ministerio de Justicia con una comisión que está revisando los códigos procesales civil, procesal penal y contencioso. Estimo que en cuatro o cinco meses estará listo un proyecto de ley.
— Se sabe que en el Poder Judicial se paga para acelerar el procedimiento y eventualmente para inclinar una sentencia. Hay mucha corrupción. ¿Eso cómo lo vamos a resolver?
Bueno, tecnológicamente y procesalmente, porque la demora es la causa de más de la mitad de hechos de corrupción. Tiene que haber un procedimiento rápido, efectivo y transparente. La transparencia se consigue digitalizando expedientes, por ejemplo. Y con la notificación electrónica.
— En la época de Villa Stein, el PNUD donó un programa con un valor de 500 mil dólares, llamado I2, para detectar desbalances patrimoniales, desvíos en las compras, etc. Funcionó un año pero luego desapareció. Podría ser muy útil en la lucha contra la corrupción. ¿Sabe dónde está?
No, no tengo información. Pero sí sé de su existencia. Habría que rescatarlo. No me extrañaría que esté archivado en alguna parte…
— No existe una “atención primaria de la justicia penal”, para que en cada distrito estén en un mismo local policías, un fiscal, un juez y una carceleta donde sentenciar penas pequeñas a delincuentes menores para que no haya impunidad. Cada uno actúa por su lado. El Ministerio de Justicia podría coordinar eso…
Esa es la pretensión que tiene el Acuerdo de Justicia, de hacer las coordinaciones para no duplicar esfuerzos. De alguna manera la respuesta a esa pregunta está dada por los jueces de flagrancia.
— Esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se creó por un decreto legislativo que fue cuestionada porque tenía poco nivel y poco poder, ¿ya está funcionando?
Sí, ya se instaló. Esa es una oficina, tiene poco personal pero ya está instalada y está trabajando. Por ejemplo, hemos intervenido en el tema del censo para que los datos personales se mantengan en reserva, que los datos no sean utilizados por nadie. Ya se
dispuso.
— ¿Qué le parecería la idea de que solo puedan contratar con el Estado las empresas y estudios de abogados que tengan el ISO antisoborno?
Claro, en eso todavía no hay nada. Ese es el ‘compliance’, un certificado de buenas prácticas y de cumplimiento. Todavía no se puede aplicar pero yo creo que vamos a fomentarlo desde el Ministerio de Justicia. Va a facilitar los concursos públicos, de precio de obras, esto lo va a facilitar muchísimo.
— ¿Y el Ministerio de Justicia no podría convocar a los estudios de abogados para que firmen una suerte de pacto antisoborno? Hubo un código de buenas prácticas que incluía eso, estuvieron todos de acuerdo, pero al final nadie lo firmó.
El ministerio podría impulsarlo, por supuesto. Podría hacerse. Sí, yo creo que voy a tomar la idea, voy a retomar la idea, sino que primero tengo que comenzar por lo que ya está hecho. Es que el ministerio tiene un diseño que hay que perfeccionarlo.
— Se ha planteado que haya una jurisdicción nacional para juzgar a dirigentes que bloquean carreteras, toman aeropuertos y al final nunca son acusados ni sancionados porque los fiscales y jueces locales se inhiben…
Sí, efectivamente. Yo pregunté cuántos detenidos había por bloquear carreteras, puentes y tomas de aeropuertos: ninguno. Es una retahíla de omisiones, más las tres razones del oidor: miedo, más miedo, más miedo. Ni los policías quieren detener a un manifestante, porque lo más probable es que los denuncien y el juez les abra procesos. Entonces, este es un mundo al revés. No hay sanciones. Yo estoy pidiendo que se revise toda esta legislación a ver qué proponemos. Para que pasen a salas nacionales tiene que acreditarse que ha sido una organización o que tiene repercusión o consecuencias a nivel nacional.
—“Hay 8 proyectos para ampliar las cárceles”—
—En el tema penitenciario, ¿ya se culminó con el bloqueo de los celulares en todos los penales?
Hay 33 penales con sistema de control de celulares. En el 2017, de estos 33 penales se comenzó con 14, pero solo hay 6 bloqueados porque hay que bloquear todas las frecuencias y eso no se completa aún. En Trujillo y en Castro Castro faltaba un poco, con lo cual serían 8.
—Hay sobrepoblación en las cárceles. ¿Se va a resolver?
Lo primero es ampliar cárceles. Son 8 proyectos de ampliación. Por ejemplo, en Piura el penal tiene 20 hectáreas de terreno y solamente ocupa dos. Entonces, vamos a construir cuatro pabellones y tres hangares para que trabajen. Luego hay dos penales en construcción o licitación, uno de ellos en Arequipa. Y hay cinco más que se van a construir como obra pública, y otro que esperamos se concrete como una APP. Y hay un tercer programa, que es poner una cama encima de las camas actuales. Con todo eso vamos a tener 38 mil albergues o camas adicionales.
— ¿Con eso se cierra la brecha?
No, con esas 38 mil llegamos más o menos a 70 mil internos. Y en este momento ya hemos pasado los 70 mil. Entonces, tenemos también que darle fuerte a los grilletes para que no haya tantos internos y que cumplan las penas afuera.
— ¿Y los grilletes ya están en funcionamiento?
Espero desbloquearlos porque esto se comenzó a implementar en julio y solo hay tres sentenciados con grilletes. Son los jueces los que autorizan el uso de grilletes, y no lo están haciendo. Entonces necesitamos informar o capacitar a los jueces. Otro problema es que el grillete cuesta 25 soles diarios. Pero, como es voluntario, los sentenciados no piden su grillete. El costo del interno en la cárcel es de 34 soles diarios. Sale más barato [el grillete], entonces tenemos que eliminar ese pago y que lo asuma el Estado.
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