El congresista de Fuerza Popular César Segura fue el encargado de elaborar el informe final de la denuncia, que recomienda la destitución de Fujimori, Ramírez y Bocángel. (Foto: Congreso)
El congresista de Fuerza Popular César Segura fue el encargado de elaborar el informe final de la denuncia, que recomienda la destitución de Fujimori, Ramírez y Bocángel. (Foto: Congreso)
Redacción EC

El parlamentario (Fuerza Popular) consideró hoy que el Congreso no debe acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dispuso en contra de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el Caso El Frontón.

La decisión del organismo internacional, reiterada ayer al declarar improcedente un pedido del Gobierno peruano para reconsiderar su postura, vulnera la Constitución y la autonomía del país, según el congresista Segura.

“No hay nada que se sustente en el rango legal, la Constitución dice que los casos donde hay cosa juzgada no pueden ser abiertos porque se vulnera el derecho de los ciudadanos y el debido proceso”, manifestó.

Sostuvo que la resolución de la Corte IDH trae al país incertidumbre judicial porque los magistrados del TC, en su opinión, cambiaron el voto del ex magistrado Juan Vergara Gotelli en el caso El Frontón.

“El Congreso no debe acatar esta decisión por ningún motivo, a la corte hay que ponerle freno cuando se inmiscuye en temas políticos y de balance de poderes”, refirió César Segura en diálogo con la agencia Andina.

Consideró, en ese sentido, que Parlamento debería continuar con el trámite del informe de su autoría aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda sancionar a los magistrados Eloy Espinoza –Saldaña, Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos. El informe está pendiente ser visto en el pleno del Congreso.

El incumplimiento de una decisión de la Corte IDH, en su opinión, no pondría a nuestro país en una situación difícil, porque se basa en la Constitución, en el control político y el balance libre de poderes.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales atribuye a los cuatro magistrados haber cambiado el voto del ex magistrado Vergara Gotelli con el cual alcanzaba una sentencia que establecía que el caso El Frontón no constituye lesa humanidad.

Por ello recomendó la sanción de los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos y la destitución de Eloy Espinoza –Saldaña.

Los magistrados del TC indican en su defensa que no se cambió el voto de Vergara Gotelli, sino que se corrigió el cómputo, tomando consideración sus fundamentos.