Según las investigaciones de la fiscalía, el "club de la construcción" operó entre los años 2011 y 2014 concertando precios para acceder a licitaciones. (Foto: GEC)
Según las investigaciones de la fiscalía, el "club de la construcción" operó entre los años 2011 y 2014 concertando precios para acceder a licitaciones. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Poder Judicial declaró fundada la apelación que presentó la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato para incluir como terceros civiles responsables a dos firmas más en el proceso que se le sigue al .

La decisión judicial tomada el 1 de febrero por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que se debe incluir en el proceso a las empresas San Martín Contratistas Generales S.A. y Grupo Plaza S.A.



Con esto, se desestimó la decisión en primera instancia que tomó la jueza María de los Ángeles Álvarez, quien rechazó la incorporación de estas firmas en el caso del 'club de la construcción'. Ahora, ambas asumirían un eventual pago de una reparación civil de manera solidaria junto a los investigados y otras doce firmas más.

En diciembre, el Poder Judicial declaró como fundado el pedido de la procuraduría ad hoc para incluir en las investigaciones como terceros civiles responsables a las empresas Cosapi, Graña y Montero, Obrainsa, ICCGSA, Hidalgo e Hidalgo S.A., Construcción y Administración S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A, JOHE S.A., Constructora OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y Mota Engil Perú.

Según las indagaciones fiscales en el caso 'club de la construcción', entre los años 2011 y 2014 representantes de estas empresas habrían concertado precios para poder distribuirse obras del Estado, todo a través de una presunta coordinación de Rodolfo Prialé con el entonces asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos García Alcázar. 

A cambio de acceder de forma privilegiada a las contrataciones estatales, las empresas habría pagado a Prialé un porcentaje del valor referencial de cada proyecto.

Cabe indicar que, según el procurador ad hoc, Jorge Ramírez, todas las empresas deberían asumir el pago de la reparación civil a favor del Estado. El monto hasta la fecha asciende a S/64 millones de soles, el cual incrementará conforme avancen las investigaciones del caso 'club de la construcción'.