La Comisión de Ética del Congreso en cuidados intensivos

Desde el oficialismo y la oposición en el Congreso se han pronunciado a favor de recomponer la Comisión de Ética. El objetivo es garantizar la transparencia a la hora de tomar sus decisiones. Actualmente, el grupo cuenta con nueve miembros y su composición es proporcional al número de integrantes en las bancadas.

Cuatro pertenecen a Fuerza Popular y los otro cinco al Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Apra. De allí que la comisión haya sido blanco de críticas por un supuesto blindaje del fujimorismo a sus legisladores denunciados.

Esta situación se reflejó en el archivamiento de la denuncia contra la legisladora Yesenia Ponce, por presuntamente haber pagado S/10 mil por un certificado de estudios.

Otro cuestionamiento surgió cuando, con los votos del fujimorismo, se impidió iniciar indagación a sus legisladores Luz Salgado, Rosa Bartra y Héctor Becerril, por presuntamente haber obstaculizado el allanamiento a locales de Fuerza Popular.

—Uno por bancada—
El congresista Richard Acuña presentó esta semana una moción que exhorta al resto de bancadas a reestructurar “de forma inmediata” la composición de la Comisión de Ética.

Se sugiere que la comisión sea integrada, como en el gobierno anterior, por un legislador de cada bancada, a fin de garantizar su objetividad.

En tanto, Peruanos por el Kambio ha solicitado que se debata el proyecto que plantea que Ética cuente con cinco miembros: un ex titular del Congreso, que la presidiría; un ex congresista, un profesor principal de Derecho; y dos ciudadanos, uno elegido por la Defensoría del Pueblo y otro por el Acuerdo Nacional.

—Suspender sesiones—
El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, señaló a este Diario que mientras no se reestructure la comisión es mejor “que no siga funcionando”. Agregó que le preocupa que se piense que un cambio de presidente o de personas resuelve el problema.

Távara estimó que este proceso no debe durar más de tres meses y debe incluir un cambio en la selección del equipo técnico de la comisión. Es decir, que no sea personal de confianza sino que sea elegido por concurso público. Este equipo se encargaría de emitir el informe base de los casos.

El ex legislador y ex presidente de la Comisión de Ética Humberto Lay también se mostró a favor de que este grupo tenga un representante de cada bancada, y hasta dos en el caso de la bancada mayoritaria.

Lay no ve viable que personas externas la integren por la jerarquía constitucional del Parlamento. “Es difícil que personas de fuera recomienden sanciones para los legisladores”, indicó.

Sobre la elección de su presidente, dijo que se debe elegir a quien tenga más experiencia y mejor trayectoria para “garantizar un manejo eficiente, justo e imparcial” de la comisión. Esto, al margen de si pertenece a un grupo mayoritario. Lay aseveró que “lo nefasto es que prime el criterio político”.

—El balance de la comisión—
1. Dos suspensiones se cambiaron por amonestación.
La Comisión de Ética recomendó suspender a Elías Rodríguez (Apra) y a Yesenia Ponce (FP). El pleno aprobó solo amonestarlos con la anuencia del por entonces titular de la comisión Segundo Tapia (FP).

2. Cuatro casos se archivaron en Ética por infundados.
Se trata de las denuncias contra Nelly Cuadros y Yesenia Ponce por mentir en sus hojas de vida, de Modesto Figueroa por incumplir una sentencia, y de Delmiro Palomino por omitir una sentencia en currículo. Todos ellos fujimoristas.

3. Un total de 71 casos se archivaron en Ética por improcedentes.
Más de la mitad corresponde a legisladores de la bancada de Fuerza Popular. Entre ellos el de la congresista Betty Ananculí por presuntamente consignar información falsa en su hoja de vida sobre sus estudios de primaria, secundaria y superiores.

4. Ética acordó no iniciar indagación tras seis denuncias.
Entre ellas están las que se presentaron contra los fujimoristas Luz Salgado, Héctor Becerril y Rosa Bartra por presuntamente haber interferido en el allanamiento de locales de Fuerza Popular, a cargo del fiscal José Domingo Pérez.