:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/5NNPX77RWRHZNO23F5HZNTICZE.jpg)
El pleno del Congreso aprobó el proyecto de reforma constitucional sobre los impedimentos para ejercer la función pública.
La iniciativa fue respaldada por 87 legisladores, 17 contra y 2 abstenciones.
El artículo 34-A plantea que están impedidos de postular a cargos de elección popular quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, de acuerdo con los términos establecidos en la ley.
La modificación del artículo 39 propone que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
El presidente de la República tiene la más alta jerarquía y, en ese orden, los congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
De igual manera, están impedidos de ejercer la función pública, mediante designación en cargo de confianza, los condenados por delito doloso en primera instancia, de acuerdo con los términos establecidos en la ley.
Además, está pendiente de segunda votación la propuesta para modificar la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a las organizaciones políticas.
En la sesión del pleno del 11 de este mes, se aprobó, en primera votación, por 74 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución.
