Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, junto a congresistas no agrupados, emitieron un pronunciamiento en el que señalan que la suspensión en el ejercicio del cargo de autoridades aforadas “solo puede aplicarse en caso el Parlamento haya levantado el antejuicio”.
Esto tras el pedido que la fiscal suprema Delia Espinoza presentó ante el Poder Judicial para la suspensión temporal por 36 meses de Patricia Benavides como fiscal suprema, como parte de las pesquisas que sigue en su contra por presuntamente encabezar una organización criminal. Este requerimiento será evaluado este miércoles 22 de mayo.
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“La medida de suspensión del ejercicio del cargo, prevista en el artículo 298 del Nuevo Código Procesal Penal, solo puede aplicarse en caso el Congreso haya levantado el antejuicio correspondiente, siguiendo el procedimiento de acusación constitucional establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso”, precisan las bancadas en su comunicado.
Además, “invocan” al Ministerio Público a respetar los procedimientos establecidos y al Poder Judicial a ser el garante de los mismos, bajo responsabilidad”.
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Detallan que por dicha figura, le corresponde al Congreso determinar si procede o no levantar el antejuicio en cada caso concreto y que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como la Corte Suprema han ratificado en su jurisprudencia dicha posición. “Cualquier otro tipo de interpretación pondría en duda la efectividad y finalidad de dicha institución constitucional, vulnerando el principio de separación de poderes”, añaden.
En un pronunciamiento, las cuatro bancadas indicaron que la Constitución Política recoge la institución del antejuicio político en su artículo 99, a efectos de evitar cualquier uso arbitrario o politizado de la persecución penal contra los altos funcionarios del Estado.
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Finalmente, los congresistas firmantes afirmaron que un hecho de esta magnitud podría generar en el futuro una indebida utilización y violación de los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
En declaraciones a la prensa en la sede del Parlamento, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) cuestionó que la fiscal suprema Delia Espinoza haya acudido al Poder Judicial, lo cual calificó de “inconstitucional”.
“Más allá de quien sea, nosotros no abogamos ni soy abogada de la fiscal Patricia Benavides. Lo preocupante de este caso es que una fiscal no puede ir directamente al Poder Judicial respecto a un aforado, a un funcionario que está dentro de los funcionarios del artículo 99 de la Constitución”, indicó.
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“El problema no es la exfiscal Benavides, el problema es que con el mismo derecho, con la misma razón, podría irse respecto de cualquier funcionado aforado directo al Poder Judicial sin levantarle el antejuicio. Puede hacerse lo mismo contra los congresistas, los ministros, el propio fiscal de la Nación, del Poder Judicial, contra los magistrados supremos”, agregó.
Patricia Benavides permanece hasta la fecha suspendida de sus funciones como fiscal suprema por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que dispuso esta medida preventiva como parte del proceso disciplinario que inició tras la difusión de las declaraciones de Jaime Villanueva y el intento de apartar del cargo a Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
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