Comisión Lava Jato vuelve a criticar trabajo del fiscal Castro
Comisión Lava Jato vuelve a criticar trabajo del fiscal Castro
Gino Alva Olivera
Gino Alva Olivera

La tregua entre el Ministerio Público y la comisión del Congreso encargada de investigar el Caso  parece haber llegado prematuramente a su fin. En la audiencia de ayer, los miembros del grupo de trabajo fueron muy críticos con el modo en que el fiscal Hamilton Castro está conduciendo la investigación contra el ex presidente .

Por ello, el grupo de trabajo que preside Víctor Albrecht, representante de Fuerza Popular, acordó enviar un cuestionario por escrito a la fiscalía. Las interrogantes giran sobre dos asuntos: por qué imputan a Toledo solo tráfico de influencias y lavado de activos, y de qué modo se decidió optar por el camino de la extradición.

El legislador aprista Mauricio Mulder, por ejemplo, consideró que hay una “deficiente imputación” al ex jefe del Estado, acusado de haber recibido un soborno de US$20 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.

Castro imputa a Alejandro Toledo los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Para Mulder y la fujimorista Karina Beteta, también integrante de la comisión, el ex gobernante de 70 años debió ser acusado de cohecho u otro delito relacionado directamente con sobornos.

“¿Qué se está buscando con esta imputación de esos dos delitos? Consideramos que incluir cohecho es básico, fundamental. El delito de tráfico de influencias ya prescribió y no hay delito fuentes para imputarle lavado de activos. Entonces, simplemente tendremos al ex presidente victimizándose”, expuso Beteta.

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista César Nakazaki afirmó que “la mejor opción no es el tráfico de influencias y el tema nuclear del caso es que se recibió dinero para violar la ley; por ello, se pudo apuntar a cohecho, colusión o concusión”.

Este Diario intentó comunicarse ayer con representantes del Ministerio Público para conocer su posición, pero no fue posible obtener una respuesta.

–El camino más viable–
Mulder y Beteta coincidieron en que quizá la extradición no fue el camino a seguir. Para el aprista, se pudo haber recurrido a la colaboración entre fuerzas policiales, tal como sucedió cuando Rodolfo Orellana y Martín Belaunde Lossio –ambos en prisión– fugaron a Colombia y Bolivia, respectivamente.

Pero Nakazaki arguye que esa fórmula es inaplicable en el caso de Alejandro Toledo por una razón sencilla: tanto Orellana como Belaunde Lossio ingresaron ilegalmente a los mencionados países, pero el ex jefe del Estado no.

“Hay una falta de base legal en la opinión del Congreso. Cuando una persona ingresa ilegalmente a un país sí se puede recurrir a la vía administrativa. Pero cuando entró legalmente, la única manera jurídica de que salga es la extradición”, precisó.

–Nuevos invitados– 
La Comisión Lava Jato recibió ayer a Guillermo Lecarnaqué, ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética de Pro Inversión que tuvo a su cargo la evaluación del gasoducto sur peruano (GSP), adjudicada en el período de Ollanta Humala por US$7.000 millones a Odebrecht, único postor.

En su exposición, Lecarnaqué reconoció que hubiera sido preferible que haya más participantes en el concurso público, pues eso “hubiera garantizado un menor costo del proyecto”. 

Comisión Lava Jato recibe a Guillermo Lecarnequé Molina, ex miembro de comité que vio asunto del gasoducto sur peruano — Gino Alva (@almostgino)

La otra invitada, María del Rosario Patiño, también ex integrante del comité, pidió que se reprograme la cita puesto que se encuentra internada en una clínica limeña por un problema de salud.

De otro lado, la Comisión Lava Jato acordó citar a la ciudadana brasileña Jussara Barata, esposa de Jorge Barata; a la abogada Lourdes Carreño Carcelén, ex representante legal de Odebrecht en el país; y a Raymundo Trindade Serra, ex directivo de Odebrecht que firmó los auspicios que dio la empresa a IPYS.

El grupo de trabajo ha citado para hoy a tres personas: Mile Cacic Enríquez, gerente general de Gasoducto Sur S.A.; Gustavo Gorriti, director de IDL–Reporteros; y Enrique Felices, jefe de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ex representante de la empresa OAS.

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