Antauro Humala, líder de APP, fue sentenciado en el 2009 por homicidio calificado, sustracción de armas de fuego, rebelión, secuestro y otros delitos en agravio del Estado. (Foto: Archivo El Comercio)
Antauro Humala, líder de APP, fue sentenciado en el 2009 por homicidio calificado, sustracción de armas de fuego, rebelión, secuestro y otros delitos en agravio del Estado. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

La bancada de presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública que el Estado peruano se retire de la , conocida como el .

Mira: Caso Richard Swing: Martín Vizcarra en la mira de la fiscalía

Se trata de la , de autoría del congresista .

“Al imponernos prohibiciones respecto a las decisiones que deberían ser tomadas de forma democrática por los ciudadanos del Perú, como por ejemplo el disponer la Pena de Muerte para los gobernantes, funcionarios y empresarios corruptos, así como para los violadores de niños, y delincuentes avezados, que hacen mucho daño a la sociedad y que no pueden regenerarse o resocializarse, nos impiden ser un país que puede tomar decisiones de forma autónoma y democrática sobre asuntos internos”, se lee en el documento.

En ese sentido, recuerda que la “principal barrera” para implantar la pena de muerte en el Perú es precisamente la pertenencia al Pacto de San José. Al respecto, cuestionó que nuestro país haya ratificado la Convención Americana en 1978, durante el gobierno militar, sin “ninguna consulta al pueblo”.

Asimismo, cuestionó que el gobierno transitorio de (2000-2001), “por simples temas ideológicos”, haya retirado la denuncia al Pacto de San José, “volviendo a perjudicar a los peruanos, puesto que hemos pagado ingentes sumas de dinero a personas que han causado mucho daño al Perú”.

Proyecto de UPP. (Foto: Congreso)
Proyecto de UPP. (Foto: Congreso)

Por ello, UPP consideró “necesario” que desde el Congreso “se le haga llegar el sentir del pueblo” al presidente Martín Vizcarra sobre la necesidad de denunciar el Pacto de San José y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser “lesiva” para nuestro país y “entrar en permanente conflicto” con nuestra normativa.

Cabe indicar que la instauración de la pena de muerte para los sentenciados por corrupción y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución forman parte del programa de UPP.

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