Rocío La Rosa Vásquez

El congresista considera que el Gobierno debe anular el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi o, en caso contrario, reducir el período del mismo a 10 años renovables y no a 30 años, como planteó ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. 

— El ministro Vizcarra ha pedido a la contraloría una auditoría del contrato y adenda para Chinchero. ¿Es una señal de transparencia que usted destaca?
Está bien lo que ha hecho el ministro, lamentablemente lo ha hecho después de firmar la adenda. La contraloría tiene que opinar y es cierto que tampoco va a querer asumir la responsabilidad si opina mal, como parece que lo va a hacer, porque ya han dicho que la adenda es ilegal. 

— El contralor dijo que “sería” ilegal.
Dice que “podría”, porque el que tiene que calificarla de ilegal es el Poder Judicial. La contraloría dice que una APP [asociación público-privada] no se puede cambiar antes de tres años y el ministro ya lo ha hecho. Si es así, esta adenda es ilegal. 

— ¿Qué debe hacer el Gobierno?
Es la gran oportunidad para que el Gobierno haga el aeropuerto. Ya tiene el presupuesto para el movimiento de tierras que dura dos años, y después tiene otros dos para ver qué hace. Todos los aeropuertos han sido hechos por el Estado. Luego se concesionaron algunos para su mantenimiento y servicio. 

— Vizcarra plantea que en julio, cuando se cumplan tres años de la firma del contrato y se puedan hacer modificaciones, se reduzca de 40 a 30 años la concesión. ¿Le parece bien?
Creo que hay que anular el contrato. Si no se puede anular, hay que reducir a la mínima expresión los beneficios del concesionario. Bajar de 40 a 30 años es poco. Yo les daría 10 años porque los pagas tú [el Estado]. Y si en 10 años ellos lo administran bien y le dan rentabilidad, les renuevas 10 o 20 años más. 

— El Gobierno suspendió el adelanto de US$40 millones a Kuntur Wasi hasta tener la auditoría de la contraloría. ¿Pese a eso sigue en pie la interpelación, paso previo a la censura?
Probablemente esto suspenda la censura. La interpelación no. En todo caso no ha suspendido nada el ministro, tú no puedes suspender algo que no se ha hecho. No hay ni siquiera la primera piedra.

— ¿Se arrepiente de haberle dicho vendepatria a Vizcarra?
La palabra se ha usado para graficar el poco interés del Estado en defender los intereses públicos y entregarlos alegremente al privado. No sé cómo calificar que se regale un aeropuerto 40 años a una empresa cuya gerenta es la hermana del primer ministro. Mi arrepentimiento está supeditado a que se corrija esto. Mi percepción es que están defendiendo un negocio familiar. 

— El primer ministro ha dicho que él no participó en la adenda. 
Él ha debido participar evitando esto. No es cuestión de inhibirse, él tiene la obligación de oponerse porque la ley y la ética lo prohíben. [...] Creo que hay un tufillo de corrupción en la concesión porque hay un contrato malo hecho por tres personas, y dos de ellas ocupan puestos importantes en este gobierno. 

— ¿A quiénes se refiere? 
A los actuales jefes de Osiptel y de la ONP, que hicieron el contrato el 2014 y van a ser investigados.

— El abogado Juan Monroy ha puesto en duda el acta que sustentó la firma de la Interoceánica negando un informe suyo del 2005. ¿Ha entregado a la Comisión Lava Jato el documento que pruebe su afirmación?
No, es su testimonio, pero ha ofrecido entregar el cargo. Ahora, Monroy nos dice que el 4 de agosto del 2005 no había hecho nada todavía y que finalmente él presenta su informe el 8 o el 10. ¿Entonces bajo qué informe tomaron decisiones los ministros? 

— ¿Esto compromete más a Alejandro Toledo?
Sí y no. De acuerdo con la Constitución, el ministro responde por el presidente de la República. Allí estuvieron los ministros Kuczynski, David Lemor, José Ortiz, Carlos Ferrero, que tendrán que ser citados por la comisión.

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