Empresas declaradas por 15 congresistas registran deudas coactivas en Sunat

Tras varias idas y vueltas, 121 congresistas presentaron el pasado 24 de julio sus declaraciones juradas de intereses ante la Contraloría General de la República, donde transparentan todas las empresas en las que han tenido o mantienen acciones. Un cruce de información con los registros de la Sunat permitió a El Comercio establecer que las compañías relacionadas a 15 legisladores registran deudas coactivas, hasta el 14 de agosto pasado, que suman en total más de S/200 mil.

Según el propio Reglamento del Congreso, el cargo de congresista es incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado, concesiones o contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas o prestan servicios públicos. Es decir, pueden mantener altos cargos en empresas, siempre y cuando estas no contraten con el Estado.

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Las declaraciones juradas permiten monitorear que se cumpla dicha disposición. Pero permiten también acceder a otro tipo de información relacionada con los parlamentarios, como las deudas pendientes de sus empresas con la Sunat y otras entidades estatales.

De la revisión realizada por este Diario, encontramos casos como el de Anthony Novoa (Acción Popular), presidente de la Comisión de Economía; y César Gonzales (Somos Perú), presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Novoa tiene una compañía denominada Seguridad Electrónica y Monitoreo Satelital EIRL, un tipo de empresa que se conforma exclusivamente por una persona natural.

Desde el 2016, esta registra una deuda coactiva que asciende a S/8.500. El 47% de la deuda corresponde a aportes a la ONP. Novoa, en su calidad de titular de la Comisión de Economía, sustentó la fórmula aprobada por el Congreso que permite el retiro de fondos de la ONP hasta por S/4.300.

Gonzales, titular de la comisión que se encarga de sancionar las faltas éticas en el Parlamento, cuenta con dos empresas y ambas registran deudas coactivas. Corporation of Ucayali EIRL debe S/ 11.624 y Gonzales Asesores Consultores y Auditores EIRL, S/ 6.414. El legislador no respondió nuestras llamadas.

Corren a pagar

Algunos de los legisladores, al ser consultados por las deudas de sus empresas, fueron hasta la Sunat a ponerse al día.

En una conversación sostenida el jueves con este Diario, Novoa alegó que en el 2016 no le fue bien a la empresa. El viernes, el parlamentario mostró el recibo con un pago de S/1.686. “En Sunat me han explicado que como no me di de baja como único trabajador que era, me generaron esos tributos. Sin embargo, hoy [viernes] fui a reclamar y solucioné liquidando solo ese pago”, informó.

Guillermo Aliaga (Somos Perú), actual segundo vicepresidente del Congreso, registra deudas a través de tres de sus compañías. Este Diario le consultó desde el miércoles sobre estas, y en primera instancia indicó que estaban “regularizadas”.

Sin embargo, al día siguiente, a través de asesores, Aliaga nos envió 15 recibos de pagos realizados ese mismo jueves respecto de las deudas de la compañía Pacta SAC, hasta por un total de S/ 8.950.

El segundo vicepresidente del Congreso pagó la deuda menor, pues en las dos otras dos empresas –en las que la deuda suma S/ 34.325- se nos informó que se acogió al “fraccionamiento”.

Por su parte, José Antonio Núñez (Partido Morado, Arequipa) indicó que no ha podido regularizar el pago porque Sunat no está trabajando en su región. Explicó que disolvió su empresa en el 2017, pero que su contador no le dio de baja en Sunat, por lo que se le multó por no declarar el impuesto a la renta.

A inicios de año recibió una notificación y acudió a la Sunat, donde pagó un saldo por impuestos y le dieron un formulario para regularizar el tema y anular las deudas. Sin embargo, según alega, no pudo finalizar el trámite por la pandemia. “En Arequipa sigue la cuarentena y Sunat no trabaja”, dijo y mostró un pago de S/951 que realizó el 20 de enero pasado.

El acciopopulista Jorge Vásquez (Cusco) prometió pagar la deuda a la brevedad posible. “La empresa ha estado sin actividad, las multas son cobros por presentaciones fuera de plazo, y estaremos regularizando en el plazo mas corto posible”, refirió.

Su colega de bancada Kenyon Durand (Huancavelica) indicó que nos mostraría el recibo de que realizó el pago el viernes, pero hasta el cierre de esta nota no cumplió con mostrar la documentación.

Otros legisladores culparon a sus socios. Marco Antonio Pichilingue (Fuerza Popular, Callao) dijo que, si bien figura como accionista en la empresa, no tiene injerencia en la misma. Según indicó, se comunicó con el titular para que solucione el tema a la brevedad posible. La deuda supera los S/23.000.

Su colega de bancada, Miguel Vivanco (La Libertad) explicó que la deuda era por no pagar el Impuesto a la Renta y el IGV. “Yo soy el responsable del error, entonces voy a llamar a la persona para explicar de qué se trata y mañana coordino para que ya hagan el pago”. Días después, consultado sobre si se saldó la deuda, señaló que había llamado a sus socios para que lo hagan. “Eso depende de ellos ahora, pero me indicaron que lo harán en estos días”.

Robinson Gupioc (Podemos Perú) alegó que sus empresas no están funcionando “hace uno o dos años”. “En estos momentos no podría darle información porque eso lo está viendo el contador”, contestó.

En nombre de la familia

El legislador fujimorista Carlos Mesía (Lima) señaló que la empresa que registra deuda y de la que es accionista no tiene movimiento, pero que creía se trataba de deudas por no declarar impuestos. “Es una empresa que mi hijo creó y creo que lo que pasó ahí es que la Sunat obliga a que, una vez que sacas, tu RUC, declares todos los meses. Por una falta de conocimiento no se declaró”, refirió.

Humberto Acuña (Alianza para el Progreso) explicó que las acciones que tenía en CM Sport Collection SRL las transfirió a su hija. Respecto a la deuda, que data del 2016, aseguró que la empresa era manejada por su exesposa y que desconocía las razones de la deuda.

Su colega de bancada Alexander Hidalgo (Cusco) también explicó que la compañía registrada en su declaración -la cual lleva su apellido: Agropecuaria Hidalgo EIRL- está a nombre de su esposa y que consultarían con la contadora sobre el tema. En el acta de fundación de la empresa, la misma que figura en registros públicos, se especifica que Hidalgo obtuvo un poder de representación.

La declaración jurada también exige consignar las compañías a nombre de los cónyuges de los congresistas. La legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado) declaró cuatro empresas en las que su esposo es accionista y las cuales registran deudas coactivas que suman más de tres millones ante la Sunat. Al respecto, la congresista explicó que se encuentra casada bajo el régimen de separación de patrimonios y que desconoce las actividades empresariales de su esposo. “Son empresas que han sido creadas antes de que se casara conmigo. Yo no sé ni cómo las maneja ni cómo son, ni nada”,exclamó.

Este Diario también buscó, desde el pasado miércoles, los descargos de Juan Carlos Oyola (Acción Popular), Mártires Lizana (Fuerza Popular) y José Luna (Podemos Perú) pero no respondieron nuestros mensajes.

Legisladores y Reactiva Perú

Tras un cruce de información entre las declaraciones juradas de intereses y la lista de Reactiva Perú, este Diario detectó que empresas relacionadas a ocho legisladores figuran como beneficiarias del programa de préstamos.

En cinco casos, se trata de empresas en las que los congresistas registran - en sus declaraciones juradas- tener o haber tenido acciones.

Mientras que los otros tres casos corresponden a compañías de familiares en las que los legisladores han tenido representación o poderes hasta inicios del presente año.

En el caso del parlamentario Jhosept Pérez Mimbela (APP), la empresa Distribuidora de lubricantes y Repuestos Automotriz Delusa SRL, que figura como beneficiaria del programa Reactiva Perú, no fue consignada en la declaración jurada de intereses.

Sin sanciones

El pasado lunes, el pleno aprobó una ley que modifica la normativa sobre declaraciones juradas de intereses. El gerente de Relaciones Institucionales de la Contraloría, Martín Cabrera, explicó que el proyecto original contemplaba un régimen de infracciones administrativas, pero el texto final aprobado, elaborado por la Comisión de Fiscalización, eliminó dicho apartado.

“La ley aprobada establece que la aplicación y procedimiento de las sanciones las realicen las propias entidades donde laboran dichos funcionarios. Seguimos con lo que tenemos hoy: ¿el infractor va a ser sancionado por quien lo nombró?”, cuestionó Cabrera.

También advirtió que la nueva norma indica que las declaraciones de los congresistas se sujetan a su propio reglamento, creándose un marco de excepción.

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