Las elecciones del domingo último confirman una característica de la política peruana contemporánea: el hecho de que el debate nacional avanza ajeno y distante de las preocupaciones locales y regionales. Cuerdas separadas, que le llaman.
Para empezar, los actores son sumamente distintos. Los movimientos regionales siguen reinando en las gobernaciones, mientras las principales fuerzas parlamentarias, incluyendo la mayoría de Fuerza Popular, que obtuvo tres gobernaciones en el 2014, y el partido de gobierno, han estado prácticamente ausentes. El Partido Aprista y las agrupaciones de izquierda (Frente Amplio y Juntos por el Perú) han confirmado los poco esperanzados pronósticos de hace unos meses.
Hay dos excepciones. La principal es Alianza para el Progreso (APP) que, con dos gobernaciones aseguradas y seis potenciales, ha trascendido sus tradicionales linderos norteños para convertirse en una opción de gobierno en Pasco o Madre de Dios, por nombrar solo dos regiones fuera del norte. Acción Popular (AP), en tanto, renace de la mano de Jorge Muñoz y los trece alcaldes que logra en la capital, y la participación en dos segundas vueltas (Cusco y Cajamarca).
También se diferencian los debates. Mientras Lima ha vivido inmersa en un enfrentamiento sobre las reformas promovidas por el Ejecutivo y la crisis del sistema judicial, las regiones han estado ajenas a estas discusiones. De hecho, en el Callao, parece haber impactado poco el hecho de que uno de los principales candidatos, Dante Mandriotti, tenga una orden de captura desde el sábado 6.
Tampoco parecen ser de interés las preocupaciones por brindar un entorno propicio a las inversiones. Walter Aduviri, que lideró una violenta protesta contra una operación minera en Puno en el 2011, y que mantiene cuentas pendientes con la justicia, arrasó en la primera vuelta, a pesar de haber hecho su campaña desde la clandestinidad. Otro antiguo líder de protestas, Zenón Cueva, se confirmó en Moquegua como gobernador.
La tendencia más exigente y meritocrática que parece presente en el voto capitalino (aunque ausente en varios distritos) no se ha repetido en las regiones. De hecho, gobernadores que han tenido gestiones con más sombras que luces, como Vladimir Cerrón en Junín, han retomado el poder, o podrían hacerlo en diciembre, como sería el caso de Wilmer Dios en Tumbes. Según El Comercio, el contendor de Dios, Segundo Cruces, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de colusión.
El Ejecutivo tendrá que enfrentar a este variopinto elenco de actores y a esta distante agenda de preocupaciones con algo más que la voluntariosa delegación de poderes o asignación de recursos, tan comunes en las reuniones de los GORE-Ejecutivo.
El próximo domingo 9 de diciembre se dará uno de los pocos espacios en que la política nacional (las reformas que plantea el presidente Martín Vizcarra) y la subnacional (la concreción del liderazgo en dieciocho regiones) se unan: una votación única. Las cuerdas separadas tendrán un breve receso.