El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sostuvo que el informe de la Comisión de Ética que plantea suspenderlo durante 120 días está siguiendo su trámite regular y se debatirá en el pleno “en el momento oportuno”.
Al inicio del pleno agrario de este viernes, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, fue la primera en hacer uso de la palabra para pedirle a Salaverry, la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces priorizar los casos del titular del Legislativo y de la parlamentaria no agrupada Yesenia Ponce.
Esto “en aras de la transparencia y sobre todo porque se encuentra involucrado también el presidente de esta institución”, acotó Sánchez dirigiéndose a Salaverry.
En esa línea, la titular de la Comisión de Ética consideró que los citados casos se deberían priorizar en la próxima agenda del pleno o, de ser el caso, en una sesión extraordinaria. “El caso de la congresista Ponce ya va a cumplir un mes que hemos remitido el expediente a la Mesa Directiva. Y el suyo, presidente, ya tenemos aproximadamente once días”, precisó.
Ante el pedido, Salaverry solo optó por responder: “Dichos informes están siguiendo su trámite regular respetando y cumpliendo lo que manda el Reglamento del Congreso. Y se agendarán en el momento oportuno cuando el consejo directivo apruebe esos informes y pasen a la agenda de pleno”.
Tras ello, dio pase al inicio del debate de los proyectos de ley del pleno agrario convocado para este viernes.
En tanto, la legisladora Luz Salgado (Fuerza Popular) dijo que sería muy conveniente que Daniel Salaverry convoque a una reunión de portavoces, pues este sábado termina la legislatura y es importante que en la Junta de Portavoces se decida todo lo que se va a hacer en adelante.
Así, se mantiene pendiente que el pleno del Congreso debata el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender 120 días a Daniel Salaverry por presuntamente haber presentado reportes de sus actividades de semana de representación con información falsa. El titular del Legislativo ha presentado una demanda de amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial buscando anular el proceso.
En el caso de Yesenia Ponce, la comisión recomienda suspenderla por 60 días tras una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito vinculado a la compra de una camioneta de US$70.000.
