El ex ministro de Transportes Jaime Yoshiyama cumple con una orden de prisión preventiva por el Caso Odebrecht. (Foto: GEC)
El ex ministro de Transportes Jaime Yoshiyama cumple con una orden de prisión preventiva por el Caso Odebrecht. (Foto: GEC)
María Isabel Álvarez

Periodista

maria.alvarez@comercio.com.pe

La defensa legal de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular, busca apartar al juez del Caso , tras la resolución que ordena el traslado de penal de su patrocinado.

Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, ha pedido la recusación del juez Víctor Zúñiga Urday, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que revisa incidencias en el caso de los presuntos aportes ilícitos de al partido de Keiko Fujimori.

En una resolución emitida el 31 de mayo pasado, el magistrado rechazó el pedido que le hizo Humberto Abanto para que deje el caso. La recusación ha sido elevada a la Segunda Sala de Apelaciones, presidida por el juez César Sahuanay.

Zúñiga consideró que no existe falta de objetividad en su decisión de trasladar de penal a Yoshiyama. Explicó que de acuerdo al Código de Ejecución Penal, los internos son separados según varios criterios, siendo uno de ellos “los vinculados a organizaciones criminales de los que no lo están”, así como “los primarios de los que no lo son”.

Hasta esta semana, en el penal Castro Castro cumplían prisión preventiva Jaime Yoshiyama, Luis Mejía y Pier Figari, quien fue trasladado el martes a Ancón II. Los tres son investigados en el mismo caso de presunto lavado de activos y sindicados por la fiscalía como integrantes de una organización criminal.

El magistrado sostiene en su resolución que la orden de traslado también se fundamenta en el testimonio del colaborador eficaz 2017-55-13, que indicó que Yoshiyama pidió guardar silencio a los otros dos investigados, a cambio de un resultado favorable en la casación ante la Corte Suprema.

Los argumentos de Abanto

En declaraciones a El Comercio, Humberto Abanto señaló que su pedido para apartar al juez Zúñiga se debe a que habría afectado el principio de imparcialidad en la resolución con la que dispone el traslado.

“En la resolución, el señor juez se permite decir que las investigaciones dan como resultado que mi cliente y los otros imputados son miembros de una organización criminal. La teoría de las apariencias señala que no basta con hacer justicia sino aparentar que también se hace”, subrayó.