Susana Silva: “Para depurar la policía se necesita un acuerdo político”

Susana Silva Hasembank está al frente de la Secretaría de Integridad Pública. Afirma que el país todavía carece de una política de identificación y gestión de riesgos para casos de corrupción.

—¿El gobierno tiene una estrategia para luchar contra la corrupción?
Por supuesto y está plasmada en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Tiene un enfoque básicamente preventivo, para generar todos los mecanismos que garanticen que se promueva la integridad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, control, meritocracia en la administración pública e identificación de riesgos de corrupción. En nuestro país, la administración pública no tiene una cultura de identificación y gestión de riesgos para identificar los problemas, las vulnerabilidades, las limitaciones; y sobre esa base recién definir políticas. Cada entidad debe tener su mapa de procesos y de riesgos.

—Se vienen las elecciones regionales y municipales. Hay una ley que prohíbe el financiamiento de las campañas por parte de las empresas formales. Probablemente, va a haber muchos candidatos de mafias. ¿Qué hacer?
Tiene que haber una reforma más de fondo del financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Estamos ad portas de aprobar, en el seno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, una propuesta normativa sobre en qué tendría que incrementarse el financiamiento público de las campañas de los partidos políticos, porque ahora es solo para capacitación.

—De acuerdo, pero el financiamiento público es para los partidos que están en el Congreso. Pero hay 23 partidos políticos y en las elecciones regionales y municipales se presentan cientos de movimientos regionales que no tienen nada que ver con partidos. Para todos esos, el único financiamiento disponible es el de los narcos, las mafias de usurpadores.
No, de ninguna manera. Se tiene que repensar nuevamente todo el modelo. Así como están las cosas, vamos a seguir con los problemas vinculados a financiamiento de personas con recursos que tienen origen sospechoso. Se tiene que plantear una fórmula distinta.

—Se necesitaría una reforma política para reconstruir un sistema de pocos y sólidos partidos, que sean los únicos que puedan presentar candidatos a las regiones y municipalidades para reconstruir una estructura menos feudalizada. ¿El gobierno va a plantear un proyecto en esa línea?
El gobierno planteó una reforma política que iba inclusive al tema de la bicameralidad. Y a esta propuesta no se ha renunciado. Eso requiere un debate mucho más amplio, es un tema que se está trabajando a nivel de la propia PCM.

—Y supone también una reforma de la descentralización para recuperar un poco de autoridad central, capacidad de control y de intervención.
Existe toda una línea de trabajo desde la Presidencia del Consejo de Ministros con la Secretaría de Descentralización para el fortalecimiento de los espacios regionales, de las capacidades del Estado a nivel regional.

— Quizá habría que reducir el espacio para las obras por administración directa en las municipalidades, donde hay mucha corrupción. Y contratar empresas internacionales de gestión de obras (PMO), como en los Panamericanos.
En el tema de obra pública hemos planteado la necesidad de que exista un plan nacional de infraestructura en el cual estén definidos los proyectos sobre la base de criterios de priorización claramente establecidos, no como resultado de la presión política o del pago de coimas.

—No se ha avanzado casi nada en eso, ¿no?
No. Hemos tenido una reunión con Pro Inversión y tenemos una pendiente con el MEF.

—¿Quién va a organizar la participación de la sociedad civil en el control de la obra pública, del gasto, de los avances, de los costos?
El control ciudadano parte de que el Estado brinde información completa, adecuada y sencilla a los ciudadanos para poder vigilar y controlar. Si bien tenemos una ley bastante buena en materia de transparencia y acceso a la información, lamentablemente las entidades no cuelgan toda la información que deben colgar. Pero la Autoridad de Transparencia, adscrita al Ministerio de Justicia, tiene como uno de sus objetivos supervisar dicho cumplimiento.

— Pero esa autoridad carece de poder y autonomía, ¿no?
Se logró crear la autoridad gracias a las gestiones de la ministra Marisol Pérez Tello, pero carece de autonomía suficiente, pues está como una dirección de Ministerio de Justicia, y el tribunal de la autoridad casi no tiene capacidad de sancionar el incumplimiento de un funcionario que no entrega información y tampoco para definir los criterios de clasificación de la información reservada que tienen las entidades. Pero sí se garantizó que el titular de la autoridad sea designado por concurso. Gracias a ello, tenemos hoy a un profesional de primer nivel como es el Dr. Eduardo Luna, que está construyendo consensos. Habría que asignarle capacidad sancionadora a la Autoridad de Transparencia ante el incumplimiento de la entrega de información, y dotarla de recursos.

— El presidente de la República participó en la denuncia de un alcalde sobre un soborno que le había pedido un ex funcionario del MEF para aprobar una obra pública. ¿Cómo así se produjo esto?
Normalmente, en la administración pública hay mucho temor a denunciar. Frente a esta situación, el presidente de la República en sus visitas al interior del país invita y exhorta a que se denuncien los hechos de corrupción. Entonces, el alcalde de San Juan Bautista de Ayacucho se acercó al presidente y le comentó de esta situación. Él tenía un proyecto que ya había cumplido todos los requisitos para ser incluido en la programación, pero había recibido la visita de una persona que no trabajaba en el aparato público y que se hizo pasar por un funcionario del MEF. Entonces, el alcalde no hizo caso, pero cuando salió ya el decreto supremo respectivo no estaba la obra. Frente a esta situación, él le cuenta al presidente y ahí es donde se comienza a indagar a ver qué había ocurrido.

— O sea, no era un funcionario del MEF.
No, pero tenía un enlace dentro del aparato público, un funcionario del Ministerio de Energía y Minas que había trabajado en el MEF. Entonces...

— ¿Pero cómo puede influir en el MEF si no trabaja allí?
Mira, recojo algo que señaló [Fernando] Cillóniz: hay, debajo de los altos cargos que tienen un compromiso por sacar las cosas, algo que él llama una costra. Pues bien, los que la integran con frecuencia saltan de un ministerio a otro y generan contactos o redes que pueden eventualmente activar pidiendo favores aquí o allá. Ahora, es cierto que las denuncias a veces se encuentran con muchas trabas y por esa razón estamos invitando a que llamen a la Secretaría de Integridad Pública, a través de la línea 0-800-170-90, o acudan personalmente a conversar con nosotros. En la secretaría no investigamos denuncias, pero sí podemos orientar, acompañar a quien tenga una denuncia. Ya lo hemos hecho con denuncias o información que nos ha brindado el sector privado acerca de situaciones que ocurren con postores, o licitaciones o lo que fuera.

—Hay muchas situaciones en las que la gente no es consciente de que hay un problema ético, ¿no? Es una herencia del patrimonialismo, donde el nepotismo es visto como natural. Por ejemplo, usar el vehículo para fines familiares. Allí también se necesitaría una campaña de medios.
Exactamente. De hecho, desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se trabajó un manual para que se entienda exactamente qué es un conflicto de intereses, cuándo la entrega de un regalo es algo aceptable y cuándo puede ser más bien un condicionamiento riesgoso hacia el futuro. No es lo mismo recibir de regalo un lapicero como parte de un merchandising, que recibir un Montblanc, por ejemplo. En el uso de vehículos no hay una norma que regule qué cosa se puede y qué no se puede. Eso es un tema pendiente, porque muchas veces se incurre en una infracción por desconocimiento. Servir está trabajando en un programa de inducción a los servidores públicos, dándoles conceptos sobre lo que pueden y no pueden hacer.

— ¿No se debería hacer campañas específicas para tipos de corruptelas? Por ejemplo, Cillóniz dice que hay muchos funcionarios públicos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos. Una campaña para destapar eso región por región, por ejemplo…
La misma entidad podría hacerlo a través de las oficinas de integridad institucional. Eso debería hacerse como parte de un control posterior. Sin embargo, el problema es que hay que poder procesar todo esto; es decir, tener un órgano de investigación y disciplinario que actúe de manera rápida, porque la oportunidad es importante. Es necesario que las secretarías técnicas de procedimientos administrativos disciplinarios se fortalezcan.

— ¿Contratar a más gente?
O que las personas que estén en esas secretarías no estén a tiempo compartido. Tienen que dedicarse a exclusividad a esta tarea.

— El asunto de los médicos que se retiran a sus consultorios privados a las 10 a.m. y por eso hay unas colas enormes, esto también podría ser objeto de una gran campaña.
Hay que identificar sobre todo aquellos ámbitos que son más sensibles para la población, como el tema de salud, el tema de educación, los trámites que se realizan en los municipios. La idea es generar mecanismos mucho más innovadores, como el usuario oculto para probar la integridad del funcionario público. Ya el Ministerio del Interior lo planteó, pero es algo que deberíamos hacer en toda la administración pública.

— En la policía hay muchas corruptelas. Estos choferes que tienen cualquier cantidad de papeletas y siguen conduciendo solo es posible si coimean sistemáticamente a policías.
Para comenzar, tenemos que reducir el número de escuelas de formación y ser mucho más rigurosos con los procesos de selección. Ha entrado personal nocivo, tenemos algunos policías que son parte de organizaciones criminales. Y la microcorrupción es terrible, se tiene que reestructurar la Policía Nacional.

— Eso implica un proceso de depuración de la policía, ¿no?
Pienso que sí y muchos policías están de acuerdo. Se necesita generar mecanismos que les permitan sacar del cuerpo policial a personas que, se conoce, son malos elementos. Y para eso se necesita un acuerdo político y un consenso de todas las entidades del Estado para evitar la reposición o que se caigan las medidas a través de acciones de inconstitucionalidad. El actual inspector general de la Policía Nacional está buscando reformular todo el esquema disciplinario para hacer mucho más rápidos los procesos y garantizar también que malos elementos no estén dentro de la policía.

— Habría mucha menos corrupción en general si no hubiera tantas normas. Hay incluso extorsión normativa por parte de diversas entidades. Entonces, la simplificación administrativa, la desregulación...
Es crucial, es crucial. Y allí Mayen Ugarte, a través de la Secretaría de Gestión Pública, sabe lo que se tiene que hacer. Con las facultades delegadas también vienen normas complementarias en este tema. Donde hay trabas hay espacios para la corrupción. Es más, en mi concepto, están hechas para generar corrupción.

— Habría menos corrupción también si tuviéramos una burocracia profesional, meritocrática, y gestión de desempeño. La Ley del Servicio Civil es fundamental allí, pero no ha tenido prioridad política durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Lamentablemente no, pero ahora las cosas son distintas. La voluntad es distinta y se está retomando todo el camino trazado, pues la piedra angular de una estrategia anticorrupción es el servidor público.

— Desde el lado del sector privado empieza a haber un cierto movimiento hacia lo que llaman el ‘compliance’. IPAE está gestando una iniciativa de integridad de los empresarios, que las empresas tengan ISO antisoborno, etcétera.
Que las empresas desarrollen modelos de integridad que son el ‘compliance’ es fundamental. Cada vez más, en las empresas peruanas se está generando conciencia de ello. Tienen que buscar la forma no solamente de cumplir la ley de responsabilidad jurídica con la finalidad de evitar una sanción penal, sino generar una cultura orientada realmente a la integridad. Esa es nuestra apuesta y en eso estamos trabajando con la Confiep, con la Cámara de Comercio de Lima, con la Sociedad Nacional de Industrias.

— ¿La Secretaría de Integridad Pública no podría convocar a los estudios de abogados para solicitarles que firmen ese código de buenas prácticas o pacto antisoborno que elaboraron ellos mismos hace unos años y que nunca se atrevieron a firmar?
Yo creo que el momento ha cambiado y creo que sí sería factible hacerlo. De hecho, ha habido distintos compromisos de integridad que promovimos y se firmaron en el ámbito de las farmacéuticas y del transporte. Y sí, los estudios de abogados tienen un rol clave en la estrategia anticorrupción. Además, hay estudios de abogados ahora que se están certificando en prácticas o en modelos antisoborno.

— Eso es para asesorar a las empresas, pero no para autoasesorarse.
No, no, no. Es para tener, hacia sus clientes, su propio sello de garantía de que son un estudio de abogados que cumplen estándares de integridad sumamente rigurosos. Y conozco, por lo menos, tres en nuestro país que tienen esa certificación.

— ¿Cómo hacemos para reducir sustancialmente la corrupción en el Poder Judicial?
Yo invocaría a denunciar. Utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos, como los celulares, que son sumamente útiles para evidenciar pruebas. Como bien ha dicho el presidente de la República, pasar del discurso a la acción. No solamente los que estamos en el aparato público, sino también los ciudadanos.