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La solicitud que alista el procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, para exigirle a la constructora Odebrecht el pago de 3.468 millones de soles de reparación civil ha sido considerada como una pretensión “extrema” en el Ministerio Público, de acuerdo a fuentes de El Comercio.
Ramírez valoró esta cifra en atención a tres proyectos desarrollados por la empresa brasileña en los que hubo prácticas de corrupción, el Gasoducto Sur Peruano, la carretera Chacas en Áncash y los tramos 2 y 3 de la ruta Interoceánica Sur.
En declaraciones a “Cuarto Poder”, el abogado de Estado lamentó que Odebrecht haya ofrecido tan solo pagar 66 millones de dólares de indemnización, aproximadamente el doble del monto que presuntamente pagó en sobornos.
"Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar espero que propongan un monto mayor", afirmó el procurador.
Una fuente del equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato explicó a este Diario que si a raíz de la posición del procurador Ramírez se producen trabas, ellos continuarán con las negociaciones con Odebrecht y será un juez el que defina si el acuerdo final está dentro de ley.
“La posición de la procuraduría es extrema. Si no hay acuerdo sobre la reparación civil entre la empresa y la procuraduría en la colaboración, trataremos de seguir adelante y que el juez resuelva”, manifestó la fuente.
Otra fuente de la fiscalía lamentó que, a estas alturas, se pueda “entorpecer” los acuerdos que han alcanzado con la constructora brasileña.
La respuesta de Odebrecht
El portavoz de Odebrecht en el Perú, Rodrigo Vilar, respondió a la propuesta del procurador Ramírez con una nota señalando la extrañeza de esa petición, que de hacerse realidad apuntaría a que la reparación sería "30 veces superior al total de los pagos ilícitos".
Así, esa cifra superaría "la suma de todas las reparaciones acordadas" con los otros siete países (Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala) con los que Odebrecht tiene un acuerdo de colaboración.
"En todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación metodologías alineadas con prácticas internacionales, basadas entre otros puntos en el valor de los ilícitos practicados, la eficacia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa. Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre dos a tres veces de los valores pagados ilícitamente", explicó la empresa.
Odebrecht apuntó que esta y otras iniciativas del Gobierno y la fiscalía peruana conspiran en contra de la lucha anticorrupción, al inhibir frontalmente que las empresas reconozcan hechos y que quieran así colaborar con la Justicia.
