El ex canciller considera que el activo del flamante jefe del Estado es no cargar con el año y medio de crispación política. (Foto: Nancy Chappell/El Comercio)
El ex canciller considera que el activo del flamante jefe del Estado es no cargar con el año y medio de crispación política. (Foto: Nancy Chappell/El Comercio)
Diego Chirinos

A y los une, por lo menos, un hecho. En menos de dos décadas y con marcadas diferencias, se enfrentaron a la decisión de asumir las riendas de un país ante la salida de un jefe del Estado. Con esa experiencia a cuestas, el vicepresidente del último gobierno de Alberto Fujimori habla de una crisis que aún persiste y de un pacto político que le es esquivo al Perú desde los años 90.

—¿Cómo evalúa lo sucedido durante la última semana con el ahora ex presidente Pedro Pablo Kuczynski?
Esta no es una crisis constitucional ni de régimen, sino de personas. El trasfondo es el manejo económico de los intereses del Estado y la corrupción. Eso es algo que la Constitución no regula. El Caso Odebrecht arrastró a América Latina, exhibió que la corrupción en el Perú es de todos los días. Luego, hay una gestión ineficaz y de poco tacto político del ex presidente Kuczynski. No hubo acercamiento alguno con el Parlamento.

—¿La falta de diálogo es exclusivamente atribuible al Ejecutivo o también al Congreso?
Sin duda, hay una responsabilidad compartida. Pero el llamado a tranquilizar los ánimos y tender los primeros puentes era, en mi opinión, del ganador de la elección, sobre todo luego de una campaña tan dura. Hubo tiempo para tender puentes y no se hizo. Todo este año y medio pudo ser distinto, pero Ejecutivo y Congreso se clavaron banderillas sin parar.

—¿La salida del jefe del Estado es una consecuencia de ello?
El ex presidente Kuczynski pagó las consecuencias de pensar que estaba sobre todo el mundo y que los otros tenían que acercarse. En política, el poderoso es quien tiende la mano. Él estaba obligado, por el bien del Perú, a entenderse con todos y no lo hizo.

—Algunos consideran que los videos que comprometen a miembros de la gestión de Kuczynski son comparables con los ‘vladivideos’ que gatillaron la caída del régimen de Alberto Fujimori. ¿Coincide con esa posición?
No, la crisis gatillada por los ‘vladivideos’ fue mucho más profunda y grave. Una crisis producida por la revelación de todo un mundo que los peruanos desconocíamos y que implicaba tanto corrupción como manipulación política a todo nivel: en el empresariado, en la clase política e incluso en el periodismo. Lo de estos últimos días es una persona que jugó al espía y ha filmado las reuniones.

—¿Un congresista debe ocupar ese rol de espía?
Esa no es su función. Naturalmente, hay una falta ética, más allá del fin que haya perseguido. La Comisión de Ética del Congreso será la que deba definir cuál es el nivel de falta cometida por el congresista y proceder con las sanciones que crea conveniente.

—Independientemente de que no sean comparables, ¿cree que existe algún punto de conexión entre lo sucedido en el 2000 y todo lo que desencadenó la salida de Kuczynski?
Evidentemente lo del 2000 no ha corregido la situación. Parece como si los ‘vladivideos’ se hubiesen convertido en un curso por correspondencia de corrupción para mucha gente que sigue aplicando aún ese tipo de conducta. Eso es trágico, porque uno hubiese pensado que una crisis como la del 2000 curaría a todos de la corrupción. Ha sucedido lo contrario, no solo en el gobierno de Kuczynski, sino también en los de Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo. Los recientes videos solo nos han vuelto a mostrar que la corrupción en el Perú es sistémica.

—Determinados sectores del Congreso han aprovechado para impulsar un cambio de Constitución. ¿Qué opina de esa posibilidad?
Hay quienes piensan eso, pero no es la solución. Lo que pretenden decirnos es que si nos volvemos socialistas no habrá corrupción, pero Venezuela es hipersocialista e hipercorrupta. La corrupción no es una cuestión constitucional, sino de personas. Veo una suerte de anacronismo ideológico para negar realidad de beneficios del actual modelo económico. Ni una nueva Constitución ni nuevas elecciones traen beneficio alguno.

—¿La asunción del nuevo presidente, Martín Vizcarra, será suficiente para superar la crisis política?
El activo de Martín Vizcarra es no cargar con el año y medio de crispación entre el Ejecutivo y el Congreso. Tiene la enorme oportunidad de tender los puentes esperados y ya lo dio a entender en su discurso. Cuando habló de un pacto social, los peruanos entendimos que se trata de un pacto mínimo de jefes políticos en torno a la coyuntura económica o la colaboración entre el gobierno y la mayoría congresal. Elementos que son necesarios para que el gobierno discurra normalmente.

—¿Vizcarra no carga con el pasivo del año y medio, a pesar de formar parte del mismo gobierno?
Sí, porque una cosa es ser parte y otra ser el protagonista principal. Él se fue a Canadá, se alejó. Entonces, la esperanza popular es que logre ese pacto social del cual ha hablado en el discurso. La confrontación viene desde los años 90 y no se puede poner fin a esta si las recriminaciones nunca paran. Para que paren, se tiene que hacer un pacto político.

—¿Por qué los peruanos deberían creer que este sí es el momento de ese tan esperado pacto político?
Los peruanos estamos desesperados para que los políticos lleguen a un entendimiento. Espero que ese sea este momento, que actúen responsablemente. Vizcarra es presidente por una sucesión constitucional absolutamente legal. Ese pacto social debe tener un objetivo: proveer de ideas y proyectos a nuestra política. La política peruana ha instrumentalizado el odio como motor central. Eso hay que pararlo. El odio gana votos fáciles, pero destruye la convivencia política.

—Y genera que algunos promuevan campañas como la que pide “que se vayan todos”.
Eso es pura demagogia, porque el Congreso y el Ejecutivo representan un corte transversal de la sociología peruana. Cambiar a los políticos actuales sería cambiar moco por baba.

—¿Vizcarra debería completar los tres años restantes de gobierno?
Debe terminar hasta el 2021, no porque yo lo crea, sino porque así lo manda la Constitución. Si adelantamos elecciones, estaríamos favoreciendo la pretensión de quienes quieren cambiar los equilibrios políticos para destruir la actual Carta Magna. Además, adelantar elecciones tras seis años de poco dinamismo es paralizar la economía.

—¿Parte del pacto político al que alude consiste en formar un próximo Gabinete multipartidario?
No necesariamente. Hay una visión anacrónica de creer que un pacto implica repartir el poder o el Ejecutivo. Un pacto político no es repartir poder. El Congreso tiene la mayoría y el Ejecutivo tiene el gobierno del país. Ambos tienen que entenderse, no aliarse.

—¿Cuál debe ser el rol de Fuerza Popular en ese entendimiento?
No cabe duda de que tienen que calmar sus ánimos. En el fondo, tienen que comprender que el país no quiere más de esto. No quiere más confrontación. Tanto Vizcarra como la mayoría congresal han sido elegidos por el pueblo, fueron elegidos por igual.

—Usted fue canciller de la República. ¿Estima que la reciente crisis política tendrá impacto en el desarrollo de la próxima Cumbre de las Américas?
No creo que tenga ningún impacto. Las cumbres se programan independientemente de eventos de la política interna. Tienen logística muy compleja, no solo para el receptor, sino también para los participantes. Entonces, transcurrirá normalmente.

—¿Considera que Vizcarra debe mantener la postura de no recibir a Nicolás Maduro?
Uno comprende que Maduro es un dictador. Y si viene, planteará un problema de cortesía internacional al Perú. En ese escenario, es preferible respetar la cortesía y costumbre internacional. Soy partidario de no crispar más este asunto. Aunque eso no significa tener simpatía con Maduro.