El Gobierno Peruano no negociará con Odebrecht

Los desencuentros entre el Estado Peruano y Odebrecht, cuyos principales directivos confesaron haber pagado sobornos para adjudicarse obras en el país, podrían ser llevados a instancias internacionales.

En mayo pasado, tal como informó este Diario, la constructora brasileña solicitó un trato directo al Ejecutivo para discutir sus discrepancias respecto al embargo de cuentas y activos ejecutado por la Sunat, la terminación del contrato del gasoducto sur peruano y la ejecución de la carta-fianza, y el Decreto de Urgencia 003. Este último permite al Estado retener determinado porcentaje de cada venta que realice Odebrecht.

Si bien el plazo del trato directo solicitado vence aún el próximo 25 de noviembre, altos funcionarios del Gobierno adelantaron a El Comercio que no habrá tal negociación.

“El Ejecutivo no negociará con Odebrecht. Nos estamos preparando para defender al Estado ante un arbitraje internacional”, aseguró una de las fuentes consultadas.

Como prueba de ello, la comisión especial que representa al Estado en controversias internacionales de inversión ya seleccionó al estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para que asuma la defensa del Perú en este caso.

—¿Arbitraje inminente?—
La solicitud planteada por las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. se ampara en el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, país en el cual ambas subsidiarias están constituidas.

Dicho tratado establece que, antes de sentar una demanda arbitral en tribunales internacionales, “las partes intentarán solucionar la disputa mediante negociaciones” durante seis meses.

De no llegar a un acuerdo, el siguiente paso será iniciar un arbitraje internacional, ya sea a través del Centro Internacional para Solución de Disputas de Inversión (Ciadi) o de un tribunal arbitral ad hoc “establecido según las reglas de arbitraje dispuestas por la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional”.

“Esto quiere decir que de alguna u otra manera el conflicto terminará en un arbitraje internacional. Si el Ciadi rechaza a Odebrecht, un tribunal ad hoc tendrá que definir la discrepancia”, comentó Fernando Cantuarias, especialista en arbitrajes y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

—Doble nacionalidad—
En febrero de este año, el Ciadi ya rechazó una solicitud de arbitraje de Odebrecht –a través de las subsidiarias Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A.–. Fue presentada contra el Gobierno Regional de La Libertad, luego de que este resolviera el contrato para la construcción de las obras de la tercera etapa del proyecto Chavimochic.

Según la notificación oficial, la demanda se declaró inadmisible porque el demandante “pertenecía a personas jurídicas cuya nacionalidad [brasileña] no es parte del convenio Ciadi”.

A diferencia de ese caso, las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. están constituidas en Luxemburgo y no en Brasil. Sin embargo, eso no implica que esta demanda vaya a ser admitida.

“El Ciadi deberá ponderar el hecho de que los capitales de la empresa son brasileños. En cualquier caso, sea en el Ciadi o en un tribunal ad hoc, no veo posibilidad de que el Estado Peruano pierda”, opina Cantuarias.

—La postura de Odebrecht —
El Comercio intentó contactarse con ejecutivos de Odebrecht para conocer las siguientes medidas, pero estos prefirieron no manifestarse en forma oficial.

En un comunicado del área legal enviado a este Diario en julio, Odebrecht ya había adelantado que su intención era llegar a “un acuerdo amistoso”, antes de “iniciar cualquier acción legal” en el extranjero.

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