Aníbal Torres sobre críticas de fiscal de la Nación al proyecto de ley mordaza: “Allí hay una falta grave”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a las críticas de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, al proyecto de ley mordaza -que plantea sancionar la filtración de información reservada en investigaciones a cargo del Ministerio Público- y consideró que ha cometido una “falta grave”.

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En conferencia de prensa este miércoles, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que la titular del Ministerio Publico “está violando la ley” al manifestar su oposición a la iniciativa del Ejecutivo y afirmar que la sociedad necesita ser informada.

“Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen que administrar justicia con estricta sujeción a la ley. No pueden decir, como he escuchado a la señora fiscal de la Nación, que la sociedad necesita ser informada cuando ustedes los periodistas le preguntan por el proyecto de ley. No, los funcionarios públicos para contestar a los periodistas lo tenemos que hacer responsablemente porque ella al decir eso está violando la ley”, expresó.

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“Allí hay una falta grave y la Junta Nacional de Justicia podría investigarla. No estoy diciendo que la investiguen. Si estuviera en la Junta Nacional de Justicia inmediatamente la llamo para que me aclare cómo es eso porque los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y ningún ciudadano pueden actuar al margen de la ley”, añadió.

En ese sentido, Torres Vásquez indicó que se debe respetar la ley y si esta dice que esa investigación es reservada es “porque tiene sus razones, no es el capricho de nadie”. “Hemos presentado esa norma para proteger los derechos fundamentales de las personas”, subrayó.

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No obstante, el primer ministro enfatizó que será el Congreso de la República el que tomará la decisión final y que el Ejecutivo se allanará y acatará lo que apruebe ese poder del Estado.

“El Congreso tomará la decisión, pero la decisión correcta es la que hemos presentado, si ellos hacen otra cosa es el poder del Estado, nosotros simplemente y llanamente la tendremos que acatar”, sentenció.

Como se recuerda, la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso propone criminalizar a todas las partes de una investigación penal, incluyendo a los abogados, que proporcionen o difundan información de investigaciones penales en curso, con una pena de cárcel entre uno a dos años.

Las sanción también se extiende a jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales, asistentes administrativos y de función fiscal y policías, en cuyo caso la pena sería no menor de dos ni mayor de tres años de privación de la libertad.