El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó la aprobación en la Comisión de Descentralización del Congreso del dictamen del proyecto de ley que propone cambiar el nombre de dicho sector por Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.
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A través de un comunicado, manifestó que el dictamen “se pone de espaldas” a 17 millones de peruanas y residentes en el país que sufren discriminación estructural por su condición de mujeres, lo que afecta severamente sus vidas, derechos y oportunidades de desarrollo.
“Cuestiona severamente la posibilidad del Perú de ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), de cumplir con sus compromisos y responsabilidades internacionales y la agenda de desarrollo al 2030″, expresó.
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Sostiene que el dictamen aprobado “invisibiliza a las mujeres como sujetos de derechos y de las políticas públicas, pretendiendo relegarlas en el espacio de la familia, reproduciendo una concepción tradicional de roles”.
“La desigualdad en la que viven las mujeres peruanas requiere de un ente rector que se concentre en sus derechos, en su autonomía y en sus libertades. El dictamen aprobado atenta contra los derechos de las mujeres, es deber del MIMP pronunciarse frente a este atentado a los derechos de las peruanas”, sentenció.
Como se recuerda, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley que propone que se declare de necesidad pública la modificación del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de “Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables”.
Se trata del dictamen recaído en la iniciativa legislativa Nº 1229/2021-CR, presentada por el parlamentario Américo Gonza (Perú Libre), indica que la propuesta declarativa “permite poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar”.
“Si bien, no se cuenta con la competencia para plantear la modificación real del nombre del Ministerio, el Congreso de la República si podría hacerse un llamado al Poder Ejecutivo mediante una ley declarativa de interés público con la finalidad que advierta de la falta de atención que sufren los demás miembros vulnerables de las familias, como son los menores de edad y las personas adultas mayores en estado de abandono”, reseña el documento.
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Agrega que “ciertamente, las mujeres violentadas son un grupo vulnerable en nuestro país que merece políticas públicas que las protejan; pero también los niños en estado de abandono y los adultos mayores en el mismo estado de abandono necesitan de políticas públicas que incidan en su protección”.
En sus redes sociales, el grupo de trabajo informó que el proyecto se aprobó durante la sesión realizada en la región de San Martín. La comisión es liderada por Norma Yarrow, de Avanza País.
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