Después de que se diera a conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- que concluye que hubo “graves violaciones a los derechos humanos” en las protestas contra el gobierno y el Congreso- diferentes autoridades del Ejecutivo han intentado marcar distancia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional.
La última en hacerlo de manera pública ha sido la presidenta Dina Boluarte, quien, en una entrevista con El Comercio, dijo que “yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando”. Incluso, remarcó que ni ella ni los ministros decidieron “los protocolos” aplicados por militares y policías para controlar las manifestaciones entre diciembre y marzo, que dejaron más de 50 civiles muertos en enfrentamientos.
Estas declaraciones de Boluarte Zegarra han sido criticadas duramente por ex ministros y un ex comandante general del Ejército, al considerar que está buscando “lavarse las manos”.
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El ex jefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano afirmó que desde el punto de vista constitucional y legal “es inobjetable” que la exministra de Desarrollo e Inclusión Social “tiene el mando” de las Fuerza Armadas y de la Policía Nacional. Agregó que ella puede dar órdenes, designar al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. y los comandantes generales de cada institución castrense.
“Políticamente, lavarse las manos siempre es un error, más aún cuando las Fuerzas Armadas han venido demostrado en los últimos años el acatamiento al orden democrático y constitucional. Por ejemplo, el efímero golpe de Estado de Pedro Castillo no tuvo éxito, porque las FF. AA. no apoyaron esa orden inconstitucional”, manifestó a El Comercio.
El también exministro de Defensa consideró que las respuestas de la administración Boluarte sobre las muertes de civiles en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas “no han sido satisfactorias” y demandó a que transparente la información con la que ya deberían contar.
“La presidenta es jefa suprema de las FF. AA. y esta situación jurídica no es decorativa […] El Congreso lo que debería hacer es interpelar a los ministros de Defensa y de Interior, o al propio primer ministro [Alberto Otárola], acá lo sorprendente es que la presidenta se quiere quedar hasta el 2026 y afirma esta clase de cosas incomprensibles”, subrayó.
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“Está siendo desleal”
El general EP en retiro César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., afirmó que “es evidente” que la presidenta Boluarte están intentando “quitar el cuerpo en esta situación”. “En principio, mal hace la señora en que sin dejar que concluyan las investigaciones o haya una sentencia, ya esté zafando, porque, por supuesto que le alcanza una responsabilidad funcional”, agregó.
Astudillo, en diálogo con este Diario, recordó que el gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas participen en el control de las protestas, porque la Policía Nacional había sido rebasada, y para ello declaró un estado de emergencia.
“Ella tenía conocimiento y dominio del hecho, esto no ha sido un accidente, no duró un día o dos, sino los operativos se realizaron en varias semanas”, sostuvo.
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El general EP (r) opinó que Boluarte “está siendo desleal” con las FF. AA. y con la Policía, porque “la única motivación de sus declaraciones es evitar ser comprendida en una investigación y eventual sentencia”.
“Tiene razón el primer ministro cuando dice que se tienen que individualizar las responsabilidades, y si hay una persona que cometió algún exceso tendrá que asumir su responsabilidad. Pero en este momento cuando todavía no se ha controlado la violencia, la presidente mete este puñal por la espalda a las FF. AA. y a la Policía”, acotó.
Agenda dedicada a su protección
A su turno, el exministro del Interior Carlos Basombrío dijo que es la primera vez en décadas que escucha a un presidente negar su condición de jefe supremo de las FF. AA. y de la Policía Nacional y le atribuye a esta condición un “rol protocolar”. “Boluarte se ha equivocado y su posición es hasta alarmante”, complementó.
“Las Fuerzas Armadas están subordinadas al Estado democrático de derecho y quien personifica al Estado es el presidente. No hay una relación externa”, expresó.
Basombrío advirtió que en la actualidad tanto Boluarte como Otárola “tienen una agenda centrada a ver cómo se protegen” de la investigación que la Fiscalía de la Nación les abrió por las muertes en las protestas, “donde hubo situaciones de violaciones a los derechos humanos”.
“Ellos buscan tirar la pelota a un tercero, eso es lamentable, y en el país se ha perdido el concepto de responsabilidad política, por lo menos”, refirió.
El exministro del Interior señaló que es poco probable que el Parlamento vaya a tomar medidas concretas, porque existe “una especie de acuerdo de facto” con el gobierno, “porque se necesitan para llegar al 2026″.
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Remigio Hernani, ex director general de la Policía y exministro del Interior, calificó de “Pilatos” a la presidenta Boluarte.
“Cuando la Policía Nacional hace las cosas bien, ella se pone al frente y se lleva la gloria, ella lo que debería hacer es coordinar que se realice una investigación exhaustiva [al interior de las FF. AA. y la PNP] para verificar si hubo o no atropello a los derechos humanos, es necesario establecer esas responsabilidades”, cuestionó.
Hernani indicó que son los ministros del Interior y de Defensa los que manejan los detalles de las operaciones y que estos a su vez deben informarle al presidente qué está pasando.
Desde el Congreso, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que la presidenta Boluarte está dando la impresión, con sus palabras, de querer evadir su responsabilidad política en la estrategia desplegada por las FF. AA. y la Policía para controlar las protestas sociales en el país.
“Ella ha debido recibir un mejor asesoramiento para que no meta la pata. Su responsabilidad política es irrenunciable, la responsabilidad penal está en otro campo, eso lo deberá determinar la Fiscalía de la Nación”, sostuvo.
Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., afirmó que, a pesar de las expresiones de la presidenta, las instituciones castrenses “seguirán cumpliendo con su tarea”, porque “son profesionales” y se deben a la nación y no a las personas.
No descartó que su bancada busque una interpelación a los ministros de Defensa y del Interior, a fin de que expliquen la postura del gobierno.
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El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto (Renovación Popular), subrayó que es inaceptable que desde el gobierno estén buscando eludir su responsabilidad. Agregó cuando el Ejecutivo está en problemas, ahí sí busca el respaldo de los militares y policías, pero luego “los dejan solos para ver cómo se defienden”.
“Nadie dice que cuando hay este tipo de operaciones puede haber excesos y las responsabilidades son individuales, pero de ahí a tratar de que todo sea culpa de las Fuerzas Armadas, eso es inaceptable”, indicó el almirante de la Marina en retiro.
Por su parte, la vocera alterna de Juntos por el Perú, Ruth Luque, criticó la postura asumida por Boluarte.
“Siempre se puede caer más bajo responsabilizando a otros de las decisiones política que toma. Seguiremos exigiendo la verdad y la justicia, señora Boluarte. Las graves vulneraciones a los derechos humanos no quedarán impunes”, tuiteó.
El último viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente, por mayoría, una denuncia en contra de Boluarte, Otárola y el ex primer ministro Pedro Angulo, entre otros por las muertes en las protestas.
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