"Estado de emergencia es trago amargo, pero permitirá curarnos"

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, lamentó que se haya declarado estado de emergencia en la provincia de Islay, aunque sostuvo que es la única forma restablecer el orden en la zona frente a las nuevas protestas contra el proyecto Tía María, que ocasionaron una muerte el viernes.

“Esta declaratoria de emergencia es un remedio para la democracia. Cuando la democracia se ve afectada, tiene que implementar remedios de esta naturaleza para curarse a sí misma. No es sencillo [...] Este es un remedio amargo, pero que permitirá curar nuestra democracia”, dijo a la prensa esta mañana.

El Ejecutivo declaró el viernes estado de emergencia en Islay durante 60 días, debido a las nuevas protestas contra Tía María, que ocasionaron una nueva muerte –la cuartoa a consecuencia de las manifestaciones– y más de siete heridos. Los hechos ocurrieron cerca del puente Pampa Blanca en el Valle del Tambo.

Adrianzén precisó que durante el período de vigencia de la medida está prohibido cualquier tipo de marcha o manifestación. “No vamos a permitir a ningún violentistas agruparse para bloquear carreteras. El estado de emergencia tiene que respetarse. Cualquier quebrantamiento generará la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, remarcó.

Agregó que la principal preocupación del gobierno es restablecer el orden en Islay y que espera que la medida quede sin efecto antes del plazo establecido. “Confiamos en que los 60 días no tengan que agotarse. Confiamos en que pronto restableceremos el orden interno en la provincia de Islay y podamos dar el cese definitivo a este estado”, concluyó.

Asimismo, el titular de Justicia expresó que el Ejecutivo declaró el estado de emergencia recién a 62 días del inicio de las protestas contra Tía María porque dialogar con la población fue siempre la primera alternativa. “Era la última ratio, la última razón. Siempre hemos dispuestos a tender puentes de comunicación que permitan solucionar esto”, anotó.

En la cárcel
De otro lado, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez, el principal gestor de las manifestaciones contra Tía María, por los delitos de extorsión y asociación ilícita. Él será recluido en el penal de Socabaya. 

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