Minjus planteará castigar uso político de información pública

El ministro de Justicia Gustavo Adrianzén anunció que su cartera incluirá, en el marco de las facultades que el Poder Ejecutivo pedirá al Congreso, una iniciativa que permita elevar las penas para el sicariato y sancionar el uso político de información pública.

Adrianzén detalló que, en el caso de sicariato, la idea no es solo incrementar el número de años a la pena de cárcel para los autores, sino también colocar diversos agravantes que hagan más dura la sanción, con el fin de tener incluso un efecto disuasivo.

“Creemos que es imprescindible que se agraven las penas para el sicariato. Quisiéramos poner agravantes, tal vez un 25% o 50% más, dependiendo de las circunstancias. Esto es materia de estudio y de un debate técnico en el sector”, señaló en diálogo con la Agencia Andina.

Asimismo, el titular de Justicia adelantó que se viene trabajando una iniciativa para establecer sanciones penales orientadas a que ningún funcionario o servidor que tenga acceso a información pública pueda hacer uso de ella con fines políticos.

“Por ejemplo, alguien con acceso a Reniec o a Registros Públicos puede sacar fichas o información patrimonial de sus opositores políticos. Eso queremos penalizarlo, básicamente, con un propósito disuasivo. Ese es el mensaje”, refirió el ministro.

También, Adrianzén dijo que los planteamientos que harán respecto al “chuponeo telefónico” apuntan a sancionar con mayor rigor las interceptaciones telefónicas y su uso indebido, pues ello vulnera el derecho a la reserva y a la privacidad de las comunicaciones.

“Hay que reflexionar sobre el derecho fundamental de la libertad de nuestras comunicaciones. Tenemos que parar eso. Recordemos cuando el hoy presidente del Consejo de Ministros fue interceptado. Hoy día es a un ministro, pero mañana podrá ser a la población”, añadió.

Al interior del Consejo de Ministros también se definirá el plazo en el que se podrá hacer uso de las  facultades legislativas a ser solicitadas, el cual podría estar entre los 120 y 180 días. “Sería un plazo razonable para legislar”, estimó Adrianzén.

“Esperamos, y confío en que así sea, que los congresistas, luego de escuchar la fundamentación que realizará el primer ministro Pedro Cateriano, nos otorguen estas facultades delegadas, que no significan tampoco que el Ejecutivo podrá hacer lo que le dé la gana”, anotó. (Fuente: Andina)

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