En rojo. Un reporte de la ‘Plataforma Vigilantes’, conformada por 13 organizaciones de la sociedad civil, sobre los primeros 120 días del gobierno de Pedro Castillo otorga un balance negativo y advierte “alertas muy graves” en diversos campos como la libertad de prensa y la lucha anticorrupción.
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“El resultado general muestra un balance negativo, con 8 alertas ‘muy graves’ y con solo 18 de los 45 indicadores evaluados sin alertas. Es particularmente preocupante que haya alertas ‘muy graves’ en áreas tan importantes como la libertad de prensa, la lucha contra la corrupción, en la idoneidad de los funcionarios públicos y en el respeto de la institucionalidad de las fuerzas armadas y policiales”, indica el informe.
Integran dicho bloque ciudadano: Transparencia, Proética, Consejo de la Prensa Peruana, Foro Educativo, Grupo de prospectiva de políticas públicas de la PUCP, Impulso País, Internacia, Instituto Bartolomé de las Casas, IPAE, Laboratorio UPCH, Open Política y Perspectiva Constitucional.
El informe presentado este lunes tiene su base en la ‘Proclama Ciudadana: Juramento por la democracia’ que suscribieron Pedro Castillo y Keiko Fujimori durante la campaña de segunda vuelta. Fueron 12 compromisos que “constituyen estándares mínimos de respeto a los valores democráticos y al Estado constitucional de Derecho”, según el documento que pudo revisar El Comercio.
Los compromisos abordaron estos temas: lucha contra la pandemia, derechos humanos, reelección, estado de Derecho, autonomía de organizaciones, educación, libertad de prensa, libertad de asociación, lucha contra la corrupción, compromisos internacionales, inversión y gasto público, y Fuerzas Armadas y policiales.
La Plataforma Vigilantes desarrolló indicadores referidos a cada uno de los compromisos para hacer posible “un análisis detallado de las acciones (o inacciones) gubernamentales que pueden ponerlos en riesgo”. Con esto, se establecen tres niveles de riesgo: moderado, grave y muy grave.
Libertad de prensa
El primer compromiso en el que se halló un riesgo muy grave es en el de libertad de prensa. Allí, el entonces candidato Castillo se había comprometido a “respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa” en un gobierno suyo. De los cuatro indicadores establecidos en relación a este compromiso, dos están en nivel de alerta muy grave.
El primero estaba referido a “no implementar ningún mecanismo de control, prohibición o sanción de contenidos de los medios de comunicación, directo o indirecto, desde el Poder Ejecutivo o Legislativo. No discriminar contra medios de comunicación y periodistas debido a lo que publican. No sancionar a periodistas o medios de comunicación que reportan la verdad o formular críticas contra el poder público”.
Al respecto, se recuerda que la bancada de Perú Libre promovió un proyecto de ley que tenía como objetivo “tomar el control de los medios de comunicación durante un estado de emergencia”. Además, se recuerda que el presidente no ha dado entrevistas a medios de comunicación desde que inició su gestión y que a los periodistas no se les permitió ingresar a salas de prensa de instituciones públicas.
El segundo indicador es el de “no limitar, restringir o prohibir que los periodistas busquen, reciban o expresen información libremente. No obligar a periodistas a revelar sus fuentes de información. No ejercer violencia física contra periodistas (secuestro, asesinato, golpizas). No imponer obstáculos al libre flujo informativo. Facilitar el acceso de la prensa a las actividades oficiales del gobierno. No emplear una retórica agresiva y confrontacional contra periodistas y medios de comunicación”.
C08-boluarte
En este caso, se recuerda que en este periodo ocurrieron “varios eventos graves” como las agresiones de la seguridad del presidente a reporteros, el no acceso de medios privados a eventos públicos y, nuevamente, que no se haya permitido el ingreso a las salas de prensa de instituciones públicas. Además, se señala que, desde el Ejecutivo y el Legislativo, “se viene promoviendo un discurso inflamatorio contra los medios y los periodistas”.
Lucha contra la corrupción
Es en este campo donde hay más indicadores en riesgo muy alto de cumplimiento. El compromiso asumido fue el de “promover y proteger la lucha contra la corrupción, y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados tales como fiscalías, policía, procuradurías y contraloría. Y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Para esto, uno de los indicadores establecidos y en el que se advierte un riesgo muy grave es el de “respetar las normas de transparencia y acceso a información pública. Respetar y hacer respetar por los altos funcionarios del gobierno el principio de transparencia en todo tipo de acto, reunión y decisión que se realicen. Poner a disposición de los ciudadanos la información generada por el sector público”.
Como argumento se cita que aún no hay reportes sobre las reuniones del presidente durante los días que despachó fuera de Palacio de Gobierno y las recientes revelaciones sobre más reuniones en la vivienda del jirón Sarratea, en Breña, cuyos contenidos aún no se conocen.
Esta fue la proclama ciuadadana que suscribió Pedro Castillo
Otro indicador en rojo es el de “garantizar la designación de altos funcionarios sin antecedentes de condenas por corrupción o con procesos de investigación en curso”. Aquí se citan los nombramientos de “funcionarios con investigaciones abiertas por lavado de activos, corrupción y/o crimen organizado”, como Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior, Braulio Grajeda como viceministro de Gobernanza Territorial y Salatiel Marrufo como funcionario en Vivienda.
También se mencionan los casos del exministro de Trabajo Íber Maraví, señalado como “investigado por secuestro, robo agravado y apología al terrorismo” y el jefe de la DINI, José Luis Fernández quien “registra una treintena de sanciones disciplinarias como miembro de la policía y una sentencia por abuso de autoridad”.
La tercera alerta muy grave en esta sección se en el indicador de “impulsar la dimensión preventiva de la lucha contra la corrupción, garantizando la autonomía y capacidades de la ANTAIP (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública), cumpliendo escrupulosamente con las normas de transparencia e integridad pública y con lo dispuesto en el código de ética de la función pública”.
Aquí se cita la desactivación de la Unidad de Integridad del Despacho Presidencial, la cual “podría estar afectando de manera negativa la gestión al interior de la entidad, incluyendo las deficiencias en los registros de intereses o las decisiones sobre designaciones”; así como la salida de Walter Ayala en medio del caso de las presuntas interferencias en las Fuerzas Armadas, que, si bien “debe investigarse a profundidad, no deja de generar una alerta muy grave”.
Así fue la ceremonia de la ‘Proclama Ciudadana’
Gestión prudente
Sobre este compromiso, el informe encuentra una alerta muy grave en el indicador referido a que la “designación de altos funcionarios en el Poder Ejecutivo debe recaer en personas con una trayectoria profesional distinguida en la materia, reconocida integridad, e independencia”.
Para esto se citan distinto nombramientos cuestionados en los primeros 100 días de gestión del gobierno de Pedro Castillo, como Mario Carhuapoma como director de EsSalud y Julián Palacín como presidente de Indecopi, ambos todavía en funciones. También se menciona a otros ya cesados o que no asumieron funciones: Natalia Jiménez en Provías y Alberto Falla Avellaneda en ProMovilidad.
También se recuerdan las críticas al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien “además destituyó a la superintendente de SUTRAN y anunció el retiro de la jefa de la ATU. “Estos últimos hechos no están directamente relacionados a opiniones o decisiones en el ejercicio de sus competencias como funcionarias; sin embargo, la forma mediática en que se han dado a conocer dichas decisiones en el marco del paro de transportistas cuestiona la legitimidad de estas”, señalan.
También se señalan cuestionamientos al director de Petroperú, Hugo Chávez, y al mencionado jefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre. “Parece existir una tendencia del gobierno actual por no realizar una debida investigación respecto a las personas que selecciona para encabezar diversas instituciones; además que factores como la meritocracia o probidad del funcionario/a son dejados de lado, causando así un escenario de incertidumbre y poca transparencia”, dice el informe.
C5-reportaje
“Desde que inició su mandato, la administración de Pedro Castillo registra decenas de nombramientos cuestionados por idoneidad en cargos dentro de ministerios como viceministerios, secretaría general, presidencia o jefatura de variadas instituciones públicas, siendo la más preocupante la del secretario general de palacio, cuyo retiro del cargo tardó, aun habiendo graves evidencias y el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía”, agregan en referencia a Bruno Pacheco.
Fuerzas Armadas y Policía
Sobre el último compromiso, se establecieron dos indicadores y ambos están en rojo. El primero tiene que ver con “respetar las reglas de ascenso de los mandos militares y policiales establecidas por ley. El cuadro anual de ascensos e invitación al retiro en cada institución debe provenir de cada una de éstas en función de criterios objetivos de calificación previa”.
Allí se recuerda que, a inicios de noviembre, el Gobierno cambió a los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea luego de solo tres meses en funciones y que luego se dio “una grave denuncia de coacción de parte del presidente de la República, del ministro de Defensa y de funcionarios del Palacio de Gobierno, para promover ascensos que al no haber sido acatados habrían sido la causa de la remoción”.
Castillo ha sido citado a declara ante Fiscalía, precisamente, por el caso de las FF.AA.
El otro indicador el de “limitar las funciones de las fuerzas armadas o policiales a las estrictamente fijadas por la Constitución y garantizar que el uso de la fuerza se realice en estricto cumplimiento de sus protocolos y respetando los derechos humanos de la ciudadanía”. Al respecto, el informe señala la Resolución Suprema del 29 de octubre, donde el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”
Esta disposición no establecía “cómo será la intervención y tampoco específica para qué tipo de delitos en específico serán los reprimidos por las FF.AA. Esta decisión tuvo que haberse discutido en los consejos y sistemas nacionales de seguridad y defensa, así como declarar en estado de emergencia el territorio”, se expresa en el informe.
Alertas graves y moderadas
Adicionalmente, hay alertas graves en los indicadores referidos a la promoción de la carrera magisterial basada en el mérito; el aceleramiento de la reapertura de escuelas; la transparencia y publicidad de procesos de contratación de publicidad estatal; una gestión prudente de las finanzas públicas; mejorar la asignación y ejecución presupuestal para el gasto de programas sociales y de inversión pública; y respetar la propiedad privada y los contratos, y promover políticas que incentiven la inversión privada y la creación de empleo formal, en armonía con el medio ambiente”.
Las alertas moderadas están vinculadas a asegurar la disponibilidad y aplicación universal de vacunas en el menor tiempo posible; el reactivar y fortalecer el primer nivel de atención en salud; el desplegar en los primeros días de gobierno medidas de prevención, educación, monitoreo y tratamiento para la población; todo esto en lo relacionado a la lucha contra la pandemia.
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También hay alerta moderada en el indicador de no retroceder en la legislación y políticas que protegen los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, población afroperuana, personas con discapacidad y comunidad LGBTIQ+, entre otras poblaciones vulnerables; y el respetar el derecho a la crítica de cualquier aspecto de la vida pública.
En los relacionado al respeto al Estado de Derecho, hay alerta moderada en el indicador de que “cualquier modificación de la Constitución, incluidos los cambios en las reglas de reforma constitucionales, deben hacerse siguiendo los mecanismos actualmente previstos en la Constitución”; así como fortalecer la autonomía y capacidad de Sunedu, y promover una educación, currículo y escuelas seguras y libres de todo tipo de violencia y discriminación entre hombres y mujeres, esto en lo relacionado a la Educación.
Adicionalmente, hay alertas moderadas sobre no proponer ni promulgar proyectos de ley lesivos a la libertad de expresión y de prensa; no usar la vía judicial ni el poder político para intimidar u hostigar a periodistas y medios de prensa críticos al gobierno; respetar sin parcialización la autonomía de las organizaciones sindicales de los maestros; y respetar el rol subsidiario del Estado establecido por la Constitución.
Más información
El campo moderado advierte sobre “un riesgo de incumplimiento”, a partir de elementos como un anuncio público de una autoridad gubernamental con capacidad de decisión. El riesgo grave es “un alto riesgo de incumplimiento”, a partir de un comunicado oficial o proyecto normativo que generaría un incumplimiento del compromiso o mediante la suma de alertas moderadas.
Finalmente, el riesgo muy grave implica un “incumplimiento del compromiso” a partir de, por ejemplo, una norma promulgada o la ejecución de una acción que implica incumplir el compromiso, así como la suma de alertas graves. En total, el informe detectó ocho riesgos muy graves relacionados a cuatro de los compromisos.
¿Por qué la Procuraduría denunció a Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación? -LPD
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