La Sala Penal Nacional del Poder Judicial dejó hoy al voto la apelación presentada por la fiscal Marita Barreto contra el mandato de comparecencia restringida dictada a favor de Benedicto Jiménez por la jueza Mercedes Caballero. El coronel PNP en retiro es investigado por integrar la presunta red criminal del prófugo empresario Rodolfo Orellana.
Tras escuchar los argumenos de la representante del Ministerio Público, la sala tiene tres días de plazo para definir si Jiménez continúa la investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en comparecencia, o si se varía por los 18 meses de prisión preventiva que solicita la Fiscalía.
En la audiencia de hoy los argumentos de la apelación fueron expuestos por la fiscal adjunta Liliana Briceño, quien refirió que existen hasta 65 denuncias contra la organización Orellana y que 84 jueces fueron amedrentados cuando intentaban investigarla.
Agregó que Jiménez empleó sus conocimientos en inteligencia policial para realizar reglajes y acciones de persecución contra magistrados a través de la revista Juez Justo.
EN SAN BARTOLO
La abogada defensora de Jiménez, Niquitina Hidalgo, afirmó que no existen argumentos jurídicos para enviar a su patrocinado a la cárcel, pues no ha obstaculizado las investigaciones, y además sufre de dolencias cardiacas que podrían agravarse en el encierro.
También precisó que Jiménez solo fue abogado de Orellana en dos querellas, que nada tienen que ver con actividades de control de tierras o inmuebles. Agregó que no existen pruebas contra su patrocinado.
Cuando la sala le preguntó por el paradero de su patrocinado, respondió que en el balneario de San Bartolo (sur de Lima), según reportó la prensa.