Sala valida allanamiento a oficina de COP en Caso Boza

La Sala Penal de Apelaciones declaró fundado en parte la apelación que presentó el fiscal Elmer Chirre para validar el allanamiento, incautación de bienes y documentos a las oficinas del Comité Olímpico Peruano (COP) en San Borja que se realizó en octubre, en el marco de la investigación que se le sigue a Francisco Boza, ex presidente del IPD, por el presunto lavado de activos en el Caso Antalsis. 

En consecuencia, la Sala declaró nula la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien había dejado sin efecto la diligencia de allanamiento de estas oficinas el 21 de octubre pasado, al considerar que esta se realizó luego de que venciera el plazo de investigación preliminar. 

Fuentes de este Diario señalaron que con esta resolución ha quedado validada esta diligencia que se hizo aquella vez en el COP así como los documentos incautados. La fiscalía tiene en su poder las actas del COP. Sin embargo, los dos celulares, un USB y dos chips incautados a Boza fueron devueltos. 

Boza es procesado por la fiscalía al ser considerado como miembros de la cúpula de una organización criminal encabezada por Martín Belaunde Lossio en regiones: Cusco, Madre de Dios, Junín, Cajamarca, entre otras.

Las fuentes indican que con esta resolución también han sido validadas las escuchas telefónicas de Boza y las transcripciones de estas. En una de ellas, según el Ministerio Público, se escucha al medallista olímpico decir que quería variar documentación e incluso que habría tenido intenciones de salir del país. 

Queda pendiente, sin embargo, la segunda apelación que presentó la fiscalía para que se ordene la prisión preventiva de Francisco Boza por 18 meses. Esta se resolvería en los próximos días. Actualmente, el ex presidente del IPD tiene comparescencia restringida y debe cumplir con ciertas reglas de conductas. 

En el 2012, Francisco Boza se desempeñaba como jefe del IPD. En ese entonces, envió un correo a Jorge Bello del Real, hombre de confianza de Martín Belaunde Lossio, para presuntamente pedir que este último utilizara su influencia en la bancada humalista con el fin de modificar la Ley de Presupuesto del 2013 a efectos de usar recursos del 2012.

A raíz de ello, Boza habría pretendido que el IPD tenga los recursos para la ampliación del polideportivo Elías Aguirre, en Chiclayo. En el 2013, la empresa Antalsis S.L. (vinculada a Belaunde Lossio), como parte del Consorcio Chiclayo, ganó la licitación por S/88 millones.

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